El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso a su director provincial de Pichincha que, en el ámbito disciplinario, en 48 horas inicie los sumarios correspondientes en contra de los servidores judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales presentadas por el alcalde Jorge Yunda, las cuales buscaban evitar que se concrete la remoción que días atrás decidieron en su contra.

El 8 de julio pasado, el CJ anunció el inicio de procesos administrativos disciplinarios y dispuso la suspensión provisional sin remuneración por 90 días de los jueces Belén Domínguez y Carlos Soto, así como del ayudante judicial y la secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, en Quitumbe, y de la auxiliar de ventanilla y el secretario de la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, ubicada en el norte de Quito.

La disposición se habría adoptado el domingo 1 de agosto pasado y fue dada a conocer el lunes último por la mañana.

Ciro Guzmán, abogado de Gabriela Beltrán, auxiliar de ventanilla en la Unidad de La Mariscal que asegura que no ingresó la medida cautelar interpuesta por Yunda a las 08:41 del miércoles 7 de julio último y aclara que jamás firmó el documento recibido y emitido en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, ubicada en el Complejo Judicial Norte, afirma no entender la decisión adoptada por el CJ si se encuentra en curso una investigación administrativa para dilucidar lo que realmente ocurrió.

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Ante lo extraño e improcedente en derecho que dice Guzmán es la decisión, el lunes último ingresó esa defensa un escrito pidiendo al pleno del CJ que revoque esa decisión. Aún la institución no le ha respondido oficialmente.

Judicatura conocería de falsificación de firma y uso ilegal de claves ocurridos en sorteo de medida cautelar solicitada por Jorge Yunda

El abogado recuerda que el mismo CJ dispuso una investigación preliminar en aplicación del reglamento de Régimen Disciplinario del CJ y lo dispusieron, aclara, para encontrar elementos que permitan determinar quién o quiénes podrían haber participado en los ilícitos que se analizan.

“Nos resulta absolutamente extraño que cuando se está llevando adelante esa investigación que permitiría establecer presunta participación y responsabilidad en el ámbito administrativo de algunos funcionarios (...), el CJ diga ahora no, no, ahora vamos directo al sumario, la investigación como quien dice no tiene sentido, aquí se queda, se bloquea de facto la investigación y vamos a los sumarios administrativos. Cómo así, no entiendo cuál es el objeto, señaló Guzmán.

En el comunicado público en el que dio a conocer esta decisión, el pleno del CJ reiteró a los jueces la necesidad de la aplicación irrestricta de la Constitución y de los principios de la administración de justicia: imparcialidad, idoneidad, probidad, entre otros, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional a fin de que sus decisiones no generen preocupación en la ciudadanía.

El comunicado fue emitido dos días después de que un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en apelación confirmó la sentencia de primera instancia sobre que se acepta parcialmente la acción de protección presentada por Yunda y reformó en relación con las medidas de reparación, dejando sin efecto el proceso de remoción del cargo de alcalde de Quito de Jorge Yunda

Según Guzmán, de acuerdo con su reglamento, la investigación de tipo disciplinario dura 30 días término, es decir, explicó, si la investigación se inició el 8 de julio los 30 días término fenecerían el 23 de agosto. En esa fecha la autoridad que está llevando adelante la investigación tiene que presentar un informe motivado en el que determine si proceden o no los sumarios administrativos y contra quiénes o procede el archivo de esa investigación.

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Consejo de la Judicatura suspende e investiga a los dos jueces que conocieron acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda

Al momento, la funcionaria de Régimen Disciplinario del Consejo de la Judicatura a nivel provincial de Pichincha que lleva el caso ha pedido informes a la defensa de Beltrán, los cuales ya habrían sido entregados, habría pedido también información a otras unidades del CJ, a los otros investigados, al área de tecnologías del CJ, porque, dice Guzmán, no se debe olvidar que el fraude se produjo en el área informática.

“Lo raro de todo esto, lo extraño es que el CJ bloquee la investigación y disponga los sumarios, en lugar de colaborar con la investigación. Las autoridades máximas del CJ lo que deben hacer es disponer que se entregue toda la información que está solicitando (...). Se está violentando el debido proceso que está perfectamente establecido en el reglamento del propio CJ, se pretende suspender la investigación y pasar de facto a los sumarios administrativos. Esto no tiene explicación, no tiene ni sustento jurídico ni constitucional”, apuntó Guzmán.

En la parte judicial del caso, dentro de la investigación previa por el delito de asociación ilícita en el que se analizan supuestas irregularidades en el proceso de sorteo de las dos acciones constitucionales presentadas por Yunda, a las 10:30 de este miércoles Gabriela Beltrán rendirá versión en la Fiscalía de Pichincha, ubicada en la avenida Patria y Juan León Mera.

El 17 de junio pasado la Fiscalía realizó un acto urgente que incluyó allanamientos en las dependencias del Consejo de la Judicatura en Guayaquil ante la existencia de posibles irregularidades en el sorteo de causas. Foto: Cortesía

Allí, dijo Guzmán, su defendida dará detalles de la falsificación de firma y el uso ilegal de claves, usuario y contraseñas institucionales de las cuales fue víctima por una red organizada que cometía ilegalidades dentro de la Función Judicial.

En un comunicado público, el CJ solicitó a la Corte Constitucional que atienda de manera preferente las peticiones de las declaratorias previas de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, que sean requeridas por los usuarios que han interpuesto acciones extraordinarias de protección y la correspondiente denuncia; a fin de que el CJ pueda ejercer su potestad disciplinaria y no queden en la impunidad presuntas infracciones gravísimas cometidas por los operadores de justicia, que podrían constituir inobservancia a los principios del derecho y a la seguridad jurídica del Estado.

También anunció que priorizará y ejercerá de manera inmediata la evaluación de desempeño y productividad de los jueces de las Cortes Provinciales y Tribunales Contenciosos del país que debe ser realizada cada tres años de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente pidió al Gobierno nacional la asignación de recursos económicos necesarios para financiar procesos de evaluación, así como para continuar con la implementación del expediente judicial electrónico a nivel nacional. (I)