La comisión creada por la Defensoría del Pueblo para investigar las protestas de octubre del 2019 concluyó que el Estado, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual y la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.
La llamada Comisión Especial para la Verdad y Justicia indicó que durante los días del paro nacional presuntamente se cometieron violaciones de derechos humanos, principalmente por integrantes de la Policía, contra la población.
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La comisión hizo varias recomendaciones, entre ellas que el Estado deba remover obstáculos para judicializar las violaciones de los derechos humanos como la privación ilegal de la libertad, garantizar el derecho a la protesta, restituir a las víctimas en sus derechos o compensando por los perjuicios sufridos, y ofrecer disculpas públicas. (I)