Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los detenidos, entre la madrugada y mañana del jueves último, como parte de una investigación que se desprende de la información ubicada en un teléfono celular de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el juez con competencia en delitos flagrantes de Pichincha Miguel Narváez ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva.

La decisión la tomó Narváez la mañana de este viernes, luego de casi siete horas de audiencia de formulación de cargos por el delito de asociación ilícita contra las seis personas detenidas. Otras dos personas que tendrían también parte en el delito que se investiga aún son buscadas por las autoridades.

Asociación ilícita será el delito por el que serán investigados los seis detenidos por información encontrada en el celular de Sebastián Yunda

En lugar de la prisión preventiva el juez Narváez dispuso que los procesados Christian H., sobrino y exasesor de Jorge Yunda; Cinthya P., exjefa de despacho del alcalde Yunda; Adrián N., gerente de la empresa pública metropolitana EMSeguridad; Pamela N., Nancy G. y el ciudadano chino Wang Y. cumplan las medidas de presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico.

Solo Cinthya P., Pamela N. y Nancy G. no deberán usar el dispositivo electrónico de seguridad (grillete electrónico). También se ordenó para todos a los que se les formularon cargos la inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar bienes.

Un juez de Pichincha, el miércoles último, dio paso a los pedidos para 19 allanamientos y detención de ocho personas que solicitó la Fiscalía como parte de un acto urgente de lo que era a ese momento una investigación previa por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado.

Cerca de las 04:00 de este viernes arrancó la audiencia de formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en la Unidad de Flagrancia, ubicada en el norte de Quito, contra los seis detenidos en los allanamientos realizados en Quito y Guayaquil.

La diligencia se inició luego de que Nancy G. y su esposo, Wang Y., llegaron desde Guayaquil, ciudad en la que fueron detenidos en el edificio Bellini. La audiencia fue solicitada por la fiscal de Pichincha, Mónica del Carmen Tirado.

Los allanamientos simultáneos arrancaron poco después de las 05:00 del jueves último y alcanzaron a oficinas de entidades municipales como las empresas públicas de Agua Potable (Epmaps) y de Seguridad y Convivencia (EMSeguridad). También a oficinas de la empresa Geinco y a varios domicilios relacionados con los sospechosos. Existía una orden judicial para detener a ocho personas, pero solo fueron ubicadas seis.

Los chats que habrían sido periciados y que pertenecerían, según las autoridades, al teléfono de Sebastián Yunda hablarían de posibles actos de corrupción dentro del Municipio de Quito, por ejemplo, para la adquisición de cámaras de seguridad, para la entrega de contratos de obras públicas, para la construcción de obras, para colocar y sacar personal de entidades municipales e incluso sobre la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19.

Desde el 1 de abril pasado, sobre Sebastián Yunda pesa una investigación previa por el delito de delincuencia organizada. Mediante allanamientos e incautaciones, dentro de la investigación por peculado por la adquisición de pruebas PCR en la que es procesado su padre, el alcalde Yunda, la Fiscalía descubrió información en un celular de Yunda hijo y en el que existían conversaciones por mensaje de Whatsapp que revelarían el cometimiento de actos de corrupción al interior del Municipio de Quito.

A finales de marzo pasado, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, quien está a cargo del caso por peculado en el que ha sido llamado a juicio Jorge Yunda y trece personas más, remitió tres informes periciales a la fiscal general Diana Salazar para que determine el inicio de las investigaciones correspondientes.

Santillán afirmaba que de la revisión de un informe pericial se desprenden conversaciones por texto (chats) que contienen hechos que ameritan ser investigados, pues, explicó, los mismos conllevarían conductas penalmente relevantes que pondrían en riesgo o lesionarían bienes jurídicos protegidos. El celular periciado pertenecía a Sebastián Yunda.

Fiscalía detiene a seis personas en allanamientos en Quito y Guayaquil realizados a base de información encontrada en celular de Sebastián Yunda

La Fiscalía habría encontrado en el celular de Sebastián Yunda conversaciones entre este y Christian H., exasesor de Jorge Yunda y sobrino de este; Cinthya P., exjefa de despacho del alcalde Yunda; y el chino Wang Y., quien supuestamente aparecería en las conversaciones como Dalong.

Reacciones de los abogados de los procesados

Una vez terminada la audiencia de formulación de cargos, el reparo principal que expresaron los abogados de los ahora procesados es que si la causa inició en los chats de Sebastián Yunda, la pregunta que cae por su propio pesa es por qué a él no se le ha formulado cargos por estas supuestas irregularidades vinculadas al manejo de contratos en el cabildo quiteño,

La Fiscalía no ha informado sobre las dos personas que mantienen una orden de detención por estar vinculadas a este caso de asociación ilícita. Pese a ello se conoce extraoficialmente que la policía tiene orden para localizar y detener a Sebastián Yunda y a otro de sus parientes.

José García, abogado del ciudadano chino, dijo que le llama mucho la atención que el investigado principal en este caso, Sebastián Yunda, no haya sido llamado a la audiencia de formulación de cargos. Respecto a su cliente y los elementos que supuestamente mantendría la Fiscalía en su contra adelantó que primero se deberá determinar si los chats de Sebastián Yunda se los hace con el número de teléfono de su defendido.

Francisco Rosero, abogado de otro de los procesados, se suma a las críticas que se hacen debido a la no detención y peor vinculación del hijo del alcalde de Quito de parte de la Fiscalía. Afirma que esta investigación inició en contra de Sebastián Yunda, pero no por asociación ilícita, sino por delincuencia organizada, y aún así a él no lo trajeron a la audiencia, ni tampoco, sostiene, hasta ahora se le habría tomado una versión.

Entre los abogados defensores se indicaba que debería preguntársele a la Fiscalía por qué no se convocó a los abogados de Sebastián Yunda, ni a él para incluirlo en la instrucción que se abrió.

La mañana de ayer, al ser consultado el alcalde Jorge Yunda por la prensa sobre si le pedirá a su hijo que se entregue a la justicia dentro de este proceso, él señaló que la justicia tiene que hacer su papel y en ese sentido que cada quien se defienda. “Yo defenderé por mis actos, yo defenderé por mis propias actuaciones ante el pueblo de Quito”, apuntó .

Desde la alcaldía capitalina se informó que en relación a procesos que llevan adelante las entidades de control se proporcionará a las autoridades competentes toda la documentación e información que requieran y de igual forma se otorgarán de manera irrestricta todas las facilidades necesarias.

El delito de asociación ilícita, definido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla una pena de tres a cinco años. (I)