Transacciones sin el debido respaldo, contratos con fechas que no calzan o sin la obligatoria autorización, operaciones de custodia en el exterior para las que no estaba facultado. Estas son algunas de las razones por las que la Superintendencia de Compañías intervino al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) desde el año pasado, control que ahora se tradujo en una denuncia penal con media docena de personas privadas de su libertad.

El martes pasado, la Fiscalía allanó las oficinas de Decevale S.A. y de la Casa de Valores Citadel, así como otros lugares en Daule y Samborondón dentro de las indagaciones por una supuesta “falsedad de información”. Este delito es sancionado con pena de prisión de tres a cinco años. El superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia Places, consta como denunciante de la investigación en el portal de la Fiscalía.

La intervención de la Superintendencia se dio en septiembre del 2020 y dos meses después se emitió un informe que examina principalmente las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía, Isspol, que ascenderían a por lo menos $ 700 millones. El documento, de 90 páginas, incluye estados de cuenta del portafolio de Decevale con ICS Institutional Custody Services (ICS), donde consta que no solo el Isspol realizó operaciones con bonos de deuda externa, sino también otras instituciones. También se insertaron tres cuadros con el estado de deudas de Ecuagran y Delcorp, que no han cambiado pues ambas empresas están en liquidación por orden de la autoridad de control.

Hasta la actualidad Decevale sigue intervenida y hay algunas comunicaciones donde la Superintendencia pide el respaldo de varias operaciones. A inicios de este año cambió de ejecutivos. Roberto González Müller reemplazó a Rodolfo Kronfle Akel, como presidente del directorio, y Lourdes Baquerizo Blum a Carlos Carbo Cox, como gerente general.

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El Depósito, con sede en el puerto principal, funciona como una entidad de compensación entre quienes venden y compran en las bolsas de valores de Quito y de Guayaquil. De ahí que las operaciones y movimientos en cuentas bancarias o envíos de giros al exterior que realiza deben ser pedidos por una casa de valores o por un cliente, como era el caso del Isspol, y sustentado en las operaciones bursátiles. Por estar sometido a la Ley de Mercado de Valores, el Decevale no puede compensar transacciones que no estén contempladas en la ley, peor las hechas en el exterior pues tampoco tiene una cuenta en alguna de las instituciones que sirven de depósito de compensación en el extranjero.

El Decevale no habría cumplido con estas reglas, consideró la Superintendencia. Y en el caso del Isspol, la situación se agravó porque quienes negociaron con el Instituto decenas de operaciones con bonos fueron la empresa IBCorp Investments and Business Group (IBCorp) y Ecuador High Yield Bond Fund (Ehybf); mientras que el custodio de Decevale en el exterior era ICS Institutional Custody Services. Las tres de propiedad de Jorge Chérrez Miño, es decir que estaba con un pie en cada punta de las operaciones. El estructurador financiero Chérrez se encuentra en México y es investigado por las autoridades ecuatorianas y estadounidenses. Estas últimas lo señalan por supuesto soborno y lavado de dinero relacionados con las inversiones del Isspol.

El Isspol realizó tres tipos de negocios con las empresas de Chérrez. En 2016 compró bonos de deuda interna por $ 327 millones y se los entregó a Ehybf con la promesa de recibir unas Notas Globales de Depósito y cobrar intereses sobre ese dinero. En esta operación participó Citadel. Posteriormente compró bonos de deuda externa a través de IBCorp y también recibía bonos de IBCorp como garantía por préstamos en operaciones llamadas Reporto Privado de Valores. El problema del Isspol es que no posee ninguna garantía sobre estas inversiones: nunca recibió las Notas y tampoco sabe dónde están los bonos.

En el informe consta un cuadro de negociaciones del Isspol compensadas por el Decevale por un monto total de $ 511,7 millones. De esas operaciones, en casi $ 173 millones no hay constancia de instrucciones de alguna autoridad del Instituto o no se identifican las firmas, aseguró la Superintendencia.

El martes 22 de junio, la policía realizó un allanamiento en la compañía Decevale dentro de la investigación por manejo irregular de fondos del Isspol. API

El organismo de control cuestionó la participación de Decevale en los Reportos Privados de Valores, realizados entre 2014 y 2020, pues no están contemplados en la normativa del mercado de valores ecuatoriano. En algunas de estas operaciones intervinieron Casa de Valores del Pacífico (Valpacífico) S.A. y Stratega Casa de Valores S.A. La interventora, Silvia Solano, indicó que en algunos soportes analizados no coinciden las fechas ni los vencimientos y que no constan las firmas.

Por estas operaciones, el Decevale realizó transferencias bancarias, incluso al exterior, por lo que la Superintendencia no acepta los argumentos de que el único que conocía de estas negociaciones era el entonces gerente de Operaciones, Luis Álvarez Villamar. “Se aprecian transferencias al exterior firmadas por el Ab. Rodolfo Kronfle Akel, presidente del Directorio del Decevale; Oriana Rumbea, gerente Administrativa y Financiera; Alexandra Martínez, jefe Administrativa (Apoderada); y Minnie Dougherty, funcionaria del área de compensación”, señaló el informe. Álvarez Villamar también tiene una investigación abierta en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.

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En el documento de la Superintendencia consta el Cuadro N°2 con 51 operaciones de Reporto Privado por un total de $ 263,5 millones. El siguiente Cuadro son las transferencias enviadas al exterior, son once operaciones por $ 132,2 millones girados a una cuenta de IBCorp en el TD Bank (cuya matriz está en Nueva Jersey). En otro Cuadro constan los comprobantes de retención del impuesto a la salida de divisas (ISD) sobre el valor de $ 132 millones, que ascienden a $ 6,6 millones. La interventora detalló dos operaciones de Reporto en las que se constata que no todo el dinero salió hacia el exterior.

La interventora consideró en su informe que el Decevale suscribió contratos, emitió certificados y reportes de portafolio “y demás actos que habrían dado la aparente imagen de que lo que se estaba realizando gozaba de carácter legal”.

Bajo el amparo del contrato que había firmado con ICS e IBCorp, el Decevale debía tener cuentas en el exterior y poder acceder a estas. Por ello la interventora pidió los respaldos de los estados bancarios. Para septiembre del 2020, la única cuenta vigente era en el Pershing Bank de Nueva York, sin embargo, Decevale no la controla. Su titular era Lafise Securities. Por otro lado, Decevale mantenía en su contabilidad, hasta el año pasado, una cuenta a nombre de IBCorp/Investment por $ 4,6 millones, según el informe.

Operaciones bajo custodia de ICS

Mensualmente, ICS enviaba a Decevale un estado de cuenta con el portafolio que tenía bajo su custodia y que está relacionado con algunas instituciones ecuatorianas. Son tres tipos de operaciones y, por su monto, la mayoría están relacionadas con el Isspol.

En la copia del estado de cuenta, a corte septiembre del 2020, que se incluye en el informe consta la operación de canje o swap de bonos de deuda interna a cambio de Notas Globales de Depósito, que negoció el Isspol con Ehybf por $ 327,3 millones y los llamados Reportos Privados, que las autoridades consideran por fuera de la ley, por un valor total de $ 207,8 millones.

En el estado de cuenta constan también las operaciones de custodia de bonos de deuda externa del Gobierno del Ecuador y se las desglosa por la fecha de vencimiento de los bonos, según el cliente y el monto. Según el informe, además del Isspol, otras instituciones realizaron estas transacciones, como Seguros Sucre S.A., Aseguradora del Sur C.A. y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, pero con valores mucho menores.

Deudas de Ecuagran y Delcorp

En el informe de la Superintendencia de Compañías sobre el Decevale también se incluye el estado de deudas de las empresas Ecuatoriana de Granos Ecuagran y Delcorp por operaciones realizadas a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Ambas, relacionadas y cuyo principal accionista es Gad Goldstein, realizaron emisiones de obligaciones en 2019 por $ 15 millones cada una. Sin embargo, comenzaron a atrasarse en sus pagos y las autoridades han descubierto algunas irregularidades, por lo que fueron puestas en liquidación por la Superintendencia. (I)