Transacciones sin el debido respaldo, contratos con fechas que no calzan o sin la obligatoria autorización, operaciones de custodia en el exterior para las que no estaba facultado. Estas son algunas de las razones por las que la Superintendencia de Compañías intervino al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) desde el año pasado, control que ahora se tradujo en una denuncia penal con media docena de personas privadas de su libertad.