El Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y la Casa de Valores Citadel, ambos ubicados en el centro de Guayaquil, fueron allanados este martes como parte de un operativo para desarticular una presunta estructura delincuencial dedicada al delito de falsedad de información en el sistema del mercado de valores.

Estos allanamientos, también realizados en oficinas de Daule y Samborondón desde la madrugada del martes, surgen de las investigaciones por el manejo irregular de dineros del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Según las investigaciones, esta estructura habría eludido la forma correcta de la aplicación de la Ley del Mercado de Valores para realizar negociaciones con títulos no inscritos en el catastro público y préstamos a empresas a través del Decevale. Así también contratos sin sustento con empresas domiciliadas en Panamá y Estados Unidos, “sirviéndose de los recursos patrimoniales del inversionista institucionales”, como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional (Isspol), Fondo de Cesantía del Magisterio, Seguros Sucre, Latina de Seguros y otras entidades que han confiado en el mercado de valores y en Decevale.

El Isspol, una chequera abierta que hoy no puede recuperar sus inversiones

Según el parte policial, estos fondos eran enviados hacia cuentas en el extranjero a favor de entidades de las que no es posible determinar su idoneidad o el actuar de las negociaciones, “poniendo en serio riesgo el sistema del mercado de valores del Ecuador”.

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En el escrito mencionan a la empresa Decevale como la entidad principal que registró y suscribió contratos, que hizo presuntas aperturas de cuentas en custodios extranjeros, emisión de certificaciones, de reportes de composición de portafolio y otros actos.

En esta compañía, los mayores accionistas son las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito, y se trata de una institución clave para el mercado de valores al encargarse de liquidar, compensar y custodiar las operaciones que se realizan en las bolsas del país.

En este operativo hubo siete detenidos y once inmuebles allanados.

El Tcnl. Juan Pablo Luna, subjefe de la Policía Judicial de la Zona 8, aseguró que se incautaron computadoras, celulares y documentación.

Los detenidos son Rodolfo K., quien fue presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Decevale hasta octubre de 2020; Carlos C., exgerente general del Decevale hasta enero de 2021; Oriana R., exgerenta de la Bolsa de Valores de Guayaquil y también fue gerente administrativa del Decevale; Minnie D., antes funcionaria del área de Compensación del Decevale; Sonia B., excontadora del Decevale; Maryuri Z., exjefe nacional de custodia y ejercicio de derecho del Decevale, y Xavier N., gerente de la Casa de Valores Citadel.

En la tarde se conoció que el expresidente de la Bolsa de Valores estaba en una clínica de la ciudad.

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El empresario Jorge Chérrez y dos exdirectores del Isspol serán vinculados al proceso penal por un peculado ocurrido en inversiones

Las autoridades continúan investigando una trama de inversiones irregulares del Isspol, que ascienden a unos $ 838 millones, de acuerdo con cálculos que el general Juan Carlos Rueda, exdirector del Instituto, realizó hace varios meses.

Según la Fiscalía, aún no hay una hora exacta para que se realice la audiencia de formulación de cargos.

El pasado lunes 21, el coronel Renato González, actual director general del Isspol, fue llamado a rendir versión en dos investigaciones, en una de ellas contra Decevale.

“Fui convocado como director general del Isspol para el día de ayer rendir versión a las 09:00 en una de las investigaciones que avanza en contra de Decevale y a las 11:00 también rendí versión en relación a Citadel. En dichas investigaciones lo que hice fue presentar el rol de víctima que ha sido parte del Isspol por montos aproximados de $ 700 millones de esta figura de custodio que desempeñaba Decevale (...), entendería que esas versiones debieron haber servido de sustento para que la Fiscalía continuando con sus investigaciones hayan decidido realizar los operativos de la madrugada”, indicó a este Diario.

Para González, los operativos eran previsibles e incluso consideró que demoraron mucho. “El tema Isspol debe ser considerado como la punta del iceberg para transparentar el mercado de valores. Hoy recién se ve una especie de pánico en el mercado de valores por los nombres y los niveles de los detenidos. Y esto ya se veía venir”, apuntó.

Uno de los detenidos está relacionado con otro caso en investigación

Carlos C., uno de los detenidos durante la operación policial dada la madrugada de este martes, es parte de la lista de seis personas a las que la Fiscalía busca vincular a la instrucción fiscal por el delito de peculado que se habría dado en operaciones de inversión irregulares con fondos del Isspol.

Dos audiencias se han convocado en Quito para concretar la vinculación de Carbo C., relacionado con una empresa inversora; de los exdirectores de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, respectivamente; del empresario Jorge Chérrez Miño; y los altos directivos de empresas inversoras Luis Domínguez Viteri y Luis Álvarez Villamar.

Estados Unidos busca al empresario Jorge Chérrez por ser parte de una trama de corrupción relacionada con el caso Isspol

Al momento el caso se encuentra en manos de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, pues el 9 de junio pasado, la diligencia de vinculación no pudo instalarse debido a un recurso de hecho planteado por uno de los investigados. Para evitar que se reclame alguna nulidad en las siguientes etapas, la jueza de Pichincha, Yadira Proaño, decidió remitir el expediente a la Corte Provincial para que resuelva sobre el recurso interpuesto.

Las seis personas a las que se busca vincular se sumarán a la instrucción fiscal que se abrió el 24 de febrero pasado contra los exdirectores del Issfa generales (sp) Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, y los exdirectores de Inversiones y Jurídico del Isspol Alfredo Valverde y Santiago Duarte, respectivamente.

Luzuriaga y el empresario Jorge Chérrez son acusados en Estados Unidos por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, parte también de una trama de corrupción ocurrida en la seguridad social policial. (I)