A raíz de la intervención militar y policial en el sector de Yutzupino, en Napo, el pasado domingo 13 de febrero, donde se realizaba minería ilegal, afectando al río Jatunyaku, el Gobierno resolvió suspender temporalmente toda actividad minera en la provincia, inclusive aquella realizada por personas naturales y empresas que cuentan con licencias y concesiones autorizadas.

Así lo anunció Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, durante una rueda de prensa ofrecida la tarde de este martes 15 de febrero, en el Palacio de Carondelet, junto con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el comandante de la Policía, Carlos Cabrera.

Operativo con 1.600 uniformados se desarrolló en Yutzupino, Napo, contra la minería ilegal

Bermeo aclaró que la medida será temporal, mientras se subsanen los problemas ambientales generados por la explotación ilegal, y se concretará hasta el viernes de esta semana, una vez que se obtenga el informe de la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC) que sustentará la resolución que adopte el ministerio.

“Esto se trata de la suspensión de las actividades mineras. De ninguna manera, por un concepto básico de seguridad jurídica, se trata de una suspensión de derechos mineros o concesiones”, enfatizó el ministro.

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Como resultado del operativo del fin de semana, en el que participaron 1.600 policías y militares, la ministra Vela detalló que se retuvieron 48 máquinas retroexcavadoras, de las cuales 27 han sido trasladadas al centro de acopio de la autoridad judicial y cuyas placas están siendo verificadas en los registros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También se decomisaron 10 bombas de agua y 7 motores.

La ministra dijo que el propósito no es atacar a los mineros ancestrales y artesanales, sino recuperar el río, la vegetación de la zona y atender la salud de los habitantes.

El objetivo del Gobierno sí es eliminar la actividad de las empresas que están presentes en la explotación ilegal que se ha hecho en el río Jatunyaku. Esta actividad requiere muchísimo dinero y eso solamente lo podemos ver con un simple ejemplo: cada máquina de las que hemos incautado tiene un costo de entre 180.000 y 250.000 dólares. Ningún minero de carácter artesanal, nadie que batea el oro en las piscinas que abren y dejan las retroexcavadoras que trabajaban en el lecho del río, ninguno de ellos tiene 180.000 dólares, mucho menos 250.000 dólares. Aquí hay una actividad empresarial equivalente al narcotráfico”, describió Vela, al tiempo de insistir en que el Gobierno “no permitirá” el desarrollo de actividades ilícitas.

En ese sentido, las investigaciones abarcan delitos conexos y apuntan a toda la cadena involucrada en la minería ilegal, para detectar a los propietarios de las máquinas, a las personas o empresas que proveen combustible y demás materiales, a los compradores y vendedores del oro sustraído.

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La ministra de Gobierno señaló que la explotación ilegal en el sector empezó desde los primeros días de noviembre del año pasado. Dijo que desde entonces las autoridades iniciaron los procesos legales para llegar con el operativo, pero en el trayecto hubo demoras porque no se contó con el respaldo del Consejo de la Judicatura de la provincia.

Señaló que continúan las siguientes fases de la intervención, aunque no quiso ahondar en detalles. (I)