Portoviejo

La detención momentánea de dos exfuncionarios de la Gobernación de Manabí, quienes presuntamente habrían comercializado medicamentos para tratamiento contra el COVID-19 a través de redes sociales, activó las alarmas en las autoridades de esta provincia.

Semanas atrás, dirigentes y población en general afectada por parientes enfermos del virus reclamaban al Gobierno por medicinas que para este tratamiento se requerían, pero que no había en los hospitales de la red pública.

El pasado martes, tras una investigación, agentes policiales detuvieron a Édgar X. C. G. y Génesis M. Ch. en un allanamiento a sus viviendas, pues se tenían sospechas de que comercializaban de forma ilegal medicinas destinadas para el tratamiento contra el COVID-19.

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Luego, un juez resolvió darles medidas cautelares mientras se indaga su supuesta participación sobre la denuncia en su contra.

Tito Nilton Mendoza, gobernador de Manabí, indicó que por denuncias realizadas por funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) se conoció que existía en la provincia la comercialización sin autorización de medicamentos con sobreprecios y que se sospecha que habría relación entre quienes comercializan con funcionarios de entidades públicas.

“Recordemos que cada fármaco viene con un lote y este lote, según lo que pueda comunicar el Arcsa, está destinado a diferentes instituciones de salud, lo raro es que este mismo lote, esta medicina con este lote, esté siendo comercializado por personas particulares… (es decir) hay personas dentro de las instituciones que están entregando, vendiendo clandestinamente a particulares que no tienen acreditación para hacerlo… es medicina que debería ser entregada a través de instituciones hospitalarias”, declaró Mendoza.

Al momento se han realizado unas diez denuncias sobre la venta de medicamentos como Midazolam, que se requiere para la intubación de pacientes con COVID-19 en unidades de cuidados intensivos, y se mantiene una investigación que evidencia la operación que ejecutan personas de otras provincias comercializando el producto con precios elevados.

Mendoza incluso señaló que lo existente en Manabí son mafias dedicadas a comercializar producto que estaría destinado a entidades hospitalarias, por ello solicita a las autoridades judiciales investigar las quejas y a la ciudadanía seguir denunciando este tipo de hechos.

“Aquí estamos hablando de mafias, de bandas organizadas de comercialización, donde no solamente tienen que ver personas particulares, hoy pueden ser los dos ciudadanos, entiendo que son más, pero todo esto debe ser investigado en los centros hospitalarios en donde se determina mediante lote la medicina a dónde fue entregada”, declaró Mendoza, quien no descarta que en estos hechos podría estar vinculado personal que forma parte de hospitales estatales y del Seguro Social en la provincia. (I)