Foro de Abogados pide a la CC que verifique si entidades del Estado han cumplido sus obligaciones con el Sistema de Rehabilitación Social

Integrantes del Foro de Abogados Penalistas Litigantes presentaron en la Corte Constitucional (CC), la mañana de este jueves, un escrito solicitando al órgano la verificación de los dictámenes de constitucionalidad expedidos para dar paso a los estados de excepción y sus respectivas renovaciones en el Sistema de Rehabilitación Social.

Según el documento presentado, el foro solicita a la CC que active el proceso de verificación de los dictámenes de constitucionalidad expedidos con ocasión de analizar los dos estados de excepción en el Sistema de Rehabilitación Social y sus correspondientes renovaciones, y que previamente a resolver su incumplimiento disponga varias medidas.

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Entre ellas, solicitar a la Defensoría del Pueblo un informe sobre el seguimiento de la implementación de las medidas dispuestas en los dictámenes de constitucionalidad de los estados de excepción; solicitar al presidente Lenín Moreno “un informe sobre las acciones concretas específicas realizadas por él para implementar las soluciones estructurales a la situación carcelaria del país”, un informe detallado sobre el estado de ejecución del plan de acción presentado a la CC, entre otras solicitudes de información.

Stalin Raza, integrante del Foro de Abogados, explicó que la CC ha emitido cuatro pronunciamientos sobre el tema del sistema carcelario y ello ha establecido obligaciones específicas para el presidente de la República, Lenín Moreno, para el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para el Ministerio de Gobierno y para el defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

“Nadie de ellos ha cumplido con esas obligaciones y por eso es que se produjo la crisis que ocurrió el 23 de febrero último. Obligaciones como realizar políticas de carácter estructural, lo dice así la CC, políticas de largo plazo y de carácter estructural para lidiar con los problemas que genera la crisis, que son la falta de infraestructura, la corrupción dentro de los centros penitenciarios, los problemas de hacinamiento y la falta de servicios básicos. Estas políticas debieron haberse cumplido”, explicó Raza.

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Lo que pretende el Foro es que la CC ejerza su competencia de verificación y exija que se demuestre cuáles fueron las obligaciones que se debieron haber cumplido y no se han cumplido. Para los abogados que presentan el pedido, si la Corte determina el incumplimiento de las obligaciones eso significaría que el Estado en su conjunto es responsable por las muertes que han ocurrido y por las malas condiciones que en este momento se encuentran los privados de la libertad.

“Es el Estado el que deberá responder a los privados de la libertad y a sus familias por las reparaciones que haya lugar”, señaló Raza.

Paúl Ocaña, otro de los integrantes del Foro, refirió que una vez se haga la verificación en la CC y esté sentada su respuesta se analizarán cuáles son las acciones pertinentes que se realizarán desde los abogados. De no existir una respuesta a esta solicitud, dijo Ocaña, se abriría la puerta para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser escuchados.

“Nosotros conocemos que los dictámenes no han sido cumplidos por instituciones como el SNAI, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Finanzas. Con esta solicitud que estamos presentando vamos a tener claro quién ha cumplido y quién no ha cumplido, si se ha cumplido a cabalidad o parcialmente. Con ello nosotros analizaremos cuáles son las acciones que deberíamos presentar contra el no cumplimiento de estas decisiones”, manifestó Ocaña.

Por su parte, la CC informó que en sesión ordinaria del 3 de marzo pasado, el pleno de la institución por unanimidad emitió un auto en el que dio inicio a la fase de seguimiento al cumplimiento de los Dictámenes 4-20-EE/20 y 6-20-EE/20, referentes a la declaratoria y renovación del “estado de excepción por conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin exclusión alguna en razón a su tipología, en atención a las circunstancias de violencia social que se han producido al interior de los centros”.

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En relación con los hechos de violencia ocurridos a partir del 23 de febrero del año en curso y que son de conocimiento público, la Corte señaló que “podían haber sido evitados, pues son el producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que han sido identificadas desde el primer estado de excepción n.º 1-19-EE/19 de 30 de mayo de 2019”.

Por esta razón, “condenó enfáticamente que las medidas extraordinarias adoptadas en el marco del estado de excepción para controlar y prevenir la violencia generada en los Centros de Privación de Libertad (CPL) del país no hayan mostrado resultados tangibles y recalcó la posición especial de garante que tiene el Estado frente a los derechos de las personas privadas de libertad, quienes se encuentran bajo su custodia y responsabilidad, y el deber de responder por las acciones u omisiones que vulneran derechos”.

En relación con la orden dirigida al presidente de la República de remitir un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario, la CC habría constatado que el plan remitido por el SNAI devela que “las instituciones responsables no cuentan con las condiciones mínimas para realizar una gestión organizada, eficiente y sostenible que brinde soluciones estructurales”. (I)