La Presidencia de la República, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura tienen pendiente nominar a sus delegados para integrar una comisión interinstitucional que planifique políticas públicas para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado, en una medida dispuesta por la Corte Constitucional (CC). Por ahora hay siete nombres enviados al seno del organismo, en delegación de la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo.