Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), dictó sentencia condenatoria de tres años en contra del exjuez de Garantías Penitenciarias Banny Molina, al encontrarlo culpable de prevaricato.

La decisión fue tomada en la reinstalación de la audiencia de juicio realizada este 18 de octubre de 2023, en la que se escuchó la resolución oral de los magistrados.

En esta causa, Fiscalía detalla que investigó al exjuez por un hecho ocurrido en diciembre de 2018, cuando habría ordenado que una persona, luego de ser declarada culpable por un delito de peculado y sentenciada a dos años de prisión, cumpla la totalidad de su pena privativa de libertad bajo arresto domiciliario.

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Molina ordenó la medida sin que existan las condiciones necesarias para otorgar ese beneficio, ya que la pena aún no se encontraba ejecutoriada, además de que estaban pendientes recursos de ampliación y aclaración por parte de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En la audiencia de juicio, la fiscal provincial presentó cuatro pruebas testimoniales, periciales, además de la prueba documental, que determinaron la materialidad de la infracción y la responsabilidad del hoy sentenciado en el delito imputado, al haber transgredido el artículo 230, inciso 2, del Código Orgánico de la Función Judicial (actuando sin competencia) y el artículo 667, inciso final, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El hoy sentenciado fue llamado a juicio el 5 de agosto de 2022, después de revocarse un auto de sobreseimiento a su favor, por lo que Fiscalía interpuso un recurso de apelación que fue aceptado por un tribunal.

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Además, el 22 de diciembre de 2022, el Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a Banny Molina, quien era juez de Garantías Penitenciarias en Portoviejo, por sus acciones jurisdiccionales, las que fueron calificadas como “gravísimas”.

Esta es la segunda sentencia en contra del exjuez, quien además el 5 de mayo de 2023 fue declarado culpable del delito de usurpación y simulación de funciones públicas, al conceder la libertad de tres personas privadas de libertad (PPL), entre estos el exvicepresidente Jorge Glas, favoreciéndoles con una acción de habeas corpus.

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Fiscalía indica que precisamente esa infracción la cometió cuando su jurisdicción estaba suspendida al haber sido llamado a juicio en esta causa. (I)