En Solanda, al sur de Quito, 43 casas están destruidas y 233 presentan daños; sus propietarios exigen soluciones, pero ni la empresa que construye el Metro ni la Alcaldía responden

Parece como si un terremoto hubiera sacudido todo. La sensación de peligro es permanente. Las cintas amarillas con la palabra “peligro” apenas advierten los graves daños de la vivienda que ha pertenecido a Fernando Proaño por 22 años.

El inmueble de dos pisos es uno de los más afectados en el sector de Solanda, al sur de Quito, desde que iniciaron las obras relacionadas con la estación Solanda y una salida de emergencia del Metro de Quito en 2017.

“Vamos a entrar. Pero si ustedes, señores periodistas, no han hecho un testamento, no es culpa... cualquier rato nos puede caer algo”, previene el propietario sobre el riesgo de ingresar.

La casa lleva tres años deshabitada. Las tres hijas de Proaño vivían ahí, pero hace tres años se vieron obligadas a abandonar su hogar por miedo a que ocurra una desgracia. Ahora pagan arriendo en una casa ajena.

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Desde el estrecho pasaje donde está ubicada la vivienda se nota fácilmente que la construcción está inclinada. La fachada está partida, como lo está el interior de la casa. Las paredes están cuarteadas, algunas tienen grietas profundas. En el piso de las habitaciones hay trozos desprendidos del techo.

“Mi casa era bellísima... ahora no vale ni el 1 %”, lamenta Proaño. Su propiedad fue calificada por el Municipio con alto riesgo de vulnerabilidad no mitigable (no vivible). Para indemnizarlo, en un proceso de expropiación, el Cabildo le ofreció pagarle $ 11.000 por el terreno, como si no tuviera una construcción encima. Él se negó rotundamente, lo considera una burla, porque el avalúo con la casa incluida, dice Proaño, asciende a $ 73.000.

Ahora espera a que se termine la pugna legal y política entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas, y se defina quién se queda con la alcaldía, para presentar una acción de protección en contra del Municipio y de la empresa contratista Acciona. Proaño planteará el recurso legal porque considera que se ha vulnerado su derecho a tener un hábitat seguro, debido a las obras del Metro de Quito.

El artículo 30 de la Constitución estipula que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.

A una cuadra y media, en otro angosto pasaje de Solanda, está la vivienda que Guillermo Arce adquirió hace 35 años. También está inclinada. Es otro de los 400 predios afectados en los sectores 1 y 4 de Solanda, según un estudio de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

Arce ha perdido la cuenta de las veces que ha hablado de su situación con técnicos municipales y concejales de las administraciones del exalcalde Mauricio Rodas y de Jorge Yunda. Pese a ello, como si fuera la primera vez, su voz tiembla a ratos y sus ojos no dejan de llorar por la frustración cuando ingresa a la vacía habitación donde cabe una cama de dos plazas, un closet y un mueble pequeño. Era el dormitorio que compartía con su esposa.

Camina a la que fue la sala. Arce levanta la mano derecha, señala al techo y apunta al lugar donde se rompió una parte de la losa. Cuando llueve, el agua se filtra al interior. “Y sin embargo, los ingenieros del Municipio que revisaron y vieron esto me decían que yo podía vivir así, que no había ningún problema...”, recuerda.

Las cuarteaduras empezaron a aparecer a finales de 2017, al igual que pasó con las viviendas de otros vecinos. Entonces las fisuras no le causaban tanta preocupación porque no eran grandes ni hondas.

Sin embargo, para el año siguiente los daños avanzaron rápidamente, se profundizaron, aumentaron. Las grietas que antes eran pequeñas se hicieron grandes. Arce no tuvo más opción que dejar su vivienda. Era diciembre de 2018.

A partir de entonces “vive por turnos” en las casas de sus dos hijos mayores: un mes se queda con Óscar, otro mes Andrés.

Víctor Hugo Pusdá es otro afectado por las obras relacionadas con el Metro de Quito. Su propiedad está en el segundo piso de una casa rentera. Algunas ventanas lucen dobladas, a punto de romperse por la deformación de la infraestructura.

Él y su familia también se vieron forzados a mudarse a otro lugar en 2018, escapando del riesgo de habitar en un inmueble cuyos muros se destruyen cada vez más. En mayo de 2021, inesperadamente una buena parte del techo de su habitación se vino abajo. Había sucedido por la madrugada. La casa ya estaba desocupada.

Pusdá hace una pausa en la conversación cuando entra al dormitorio. Suspira. Mira los escombros a su alrededor. Frunce los labios, como queriendo contener las lágrimas. “Si nos quedábamos, todo lo que se cayó del techo nos mataba a mi a mi esposa”, expresa con angustia, porque en ese lugar anteriormente estaba su cama.

A los moradores de Solanda que atraviesan por las mismas circunstancias, unos con más gravedad que otros, les causa escalofríos cada vez que escuchan a las autoridades municipales anunciar fechas del inicio de operación del Metro. Están convencidos de que con la vibración provocada por los vagones terminará por derribar casas.

43 casas presentan pérdidas totales

Los afectados están cansados de recibir promesas que no se concretan, mientras sus viviendas se agravan. Reclaman soluciones.

En septiembre del 2020, el alcalde Jorge Yunda visitó el barrio, se reunió con algunos vecinos y ofreció ejecutar acciones inmediatas en 30 viviendas de alto riesgo y en aquellas que ya no tienen arreglo. Pero nada de eso se ha cumplido, reprochan los moradores.

Así mismo, el 29 junio de 2021, la empresa pública metropolitana Metro de Quito (Epmmq) anunció la conformación de un comité interinstitucional para atender a las viviendas afectadas de Solanda. También se informó de la instalación de tres mesas de trabajo: jurídica, seguridad y soluciones habitacionales.

La entidad sostiene que, según estudios y análisis, los daños y hundimientos se deben principalmente al tipo de suelo y los acuíferos en el subsuelo (acumulaciones de agua subterráneas), así como el estado del sistema de alcantarillado y el nivel de informalidad con el que se edificaron las viviendas en Solanda.

En el reporte quincenal que la empresa difundió al Concejo Metropolitano, con fecha 6 de agosto de 2021 y que es el último que ha sido público, se indica que desde el 1 de octubre de 2020 se lleva adelante el proceso de reclamación de seguros ante la compañía Seguros Generali, aseguradora del Consorcio Línea 1 Metro de Quito.

Para el trámite, la aseguradora solicitó como requisitos el nexo causal de los asentamientos y daños en las viviendas, y la valoración de las pérdidas de cada reclamante.

En ese sentido, la empresa Metro de Quito contrató a la empresa de siniestros Inspeseg para valorar los daños en 276 casas afectadas. La consultoría determinó que 43 casas presentan pérdida total con una cuantía de daños mayor al 70 % del avalúo catastral, y 233 viviendas con cuantía de daños menor al 70 %.

Por otro lado, el informe señala que hasta finales de agosto del 2021 la Secretaría de Seguridad del Municipio, en coordinación con la Epmmq, emita un informe analizando el nivel de riesgo y vulnerabilidad con base en las 276 viviendas afectadas en Solanda. Este informe tiene el objetivo de determinar el estado actual de las viviendas y proponer medidas iniciales emergentes a través de las entidades del Cabildo.

EL UNIVERSO solicitó a la empresa Metro de Quito información sobre el estado de las gestiones con la aseguradora Generali, los resultados de las mesas de trabajo, así como los avances de los compromisos expuestos en el reporte quincenal. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no ha habido una respuesta.

Promesas que se acumulan

Fernando Chamba, presidente del Comité Ejecutivo de Solanda, recuerda que en octubre del 2018 se entregaron dos estudios de diagnóstico preliminar: uno de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y otro de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), que fueron ejecutados en convenio con el Municipio.

El dirigente barrial aseguró que en los resultados se destaca que los problemas de hundimiento y destrucción de las casas están relacionados con los vehículos pesados usados por la empresa contratista, por el nivel freático del suelo, por las viviendas con varios pisos, inconvenientes con el sistema de alcantarillado y agua potable, y por la extracción de agua para la construcción del Metro.

Los especialistas de la PUCE recomendaron la realización de un estudio complementario que determine el grado de afectación por cada uno de los factores mencionados, pero hasta el momento no se ha cumplido, sostiene el dirigente barrial.

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Chamba cuenta que en julio del 2020 los vecinos lograron reunirse por primera vez con Jorge Yunda en la Secretaría de Ambiente del Municipio. En la cita el alcalde se comprometió a presentar un nuevo estudio definitivo con soluciones; no obstante, tampoco se concretó.

En agosto de ese año se les informó que había recursos para remediar las 30 casas más graves. Luego, en septiembre Yunda apareció en el barrio e hizo la promesa que hasta la actualidad está pendiente.

La vibración del suelo

Iván Avendaño, presidente del sector 1 de Solanda, señala que, además de la reparación de las casas e indemnización a los propietarios, se espera la realización de un estudio de vibración que dé cuenta de las consecuencias que tendrá el funcionamiento del Metro en el barrio.

El grupo de moradores del sector 1 solicitó una reunión con el gerente del Metro, Allan Peñafiel. La cita está prevista para el 15 de octubre. Quieren conocer si, por fin, hay medidas concretas de solución a los problemas.

Avendaño y Chamba aseguran que, pese a sus reclamos insistentes, desde que se informó sobre la conformación del comité interinstitucional y las mesas de trabajo, no han sido convocados por las autoridades para participar en ninguna reunión.

Por los posibles efectos de la vibración, desde el Concejo Metropolitano se gestiona un acuerdo con la Universidad Central del Ecuador (UCE) para que realice el estudio de vibración. La concejala Paulina Izurieta señala que con la investigación se busca tener claridad sobre el impacto del Metro y establecer acciones de reacción frente a situaciones de emergencia.

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A criterio de Izurieta la obra del Metro se convirtió en un problema político que empezó en la administración del exalcalde Mauricio Rodas y se prolongó hasta la actualidad. Además, sostiene que la aseguradora debe responsabilizarse.

En la misma línea, el concejal Fernando Morales reconoce que las viviendas se están hundiendo de manera permanente y el Municipio no termina de dar una respuesta efectiva, pese a las múltiples ofertas. (I)