Parte policial de los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2019 en el interior de la Contraloría General del Estado (CGE), pericias con información digital y secuencia fotográfica en la que se observa la toma del edificio por parte de varias personas, entre las que se encontrarían los ahora procesados, versiones de agentes de Policía que narran los hechos registrados en las inmediaciones de CGE, entre otros, son los principales elementos de convicción que presentó la Fiscalía para pedir que se llame a juicio a 27 personas detenidas en octubre del 2019.

Durante tres días, en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal general subrogante Wilson Toainga dio a conocer a la jueza penal de Pichincha, Ana Cristina Guerrón, los elementos que tenía y que usará contra todos los procesados para acusarlos de paralización de servicio público, destrucción de registros y sabotaje, delitos tipificados en los artículos 346, 347 y 345 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Pese al auto de llamamiento a juicio de todos los investigados emitido la noche del miércoles último, Ernesto Pazmiño, abogado de Lenín Y., Segundo P. y Danny F., insiste en que no hay en la instrucción fiscal evidencia de que se cometió el delito de destrucción de archivos y no hay certeza de ninguna participación delictiva de los acusados, sin embargo, dice, “la jueza torciendo la evidencia llama a juicio a 25 jóvenes indígenas”. Los otros dos procesados llamados a juicio serían mestizos.

“Con ello también se criminaliza la protesta y se contradice al Estado Plurinacional e intercultural que establece el artículo 1 de la Constitución. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) debe pronunciarse rechazando esta decisión ilegal y racista. Por las muertes de octubre no existe ningún proceso avanzado, pero a los indígenas, que fueron las víctimas, se les criminaliza”, sostiene Pazmiño.

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En el caso habría versiones de policías que darían cuenta del ingreso de manifestantes al edificio de la CGE portando piedras, palos, botellas y gasolina. Según la Fiscalía, entre las personas que fueron identificadas y detenidas más tarde se encuentran los ahora procesados. También contaría con un informe técnico pericial de audio y video, con el que se extrae la información para el análisis de relación telefónica, desde los teléfonos que fueron encontrados en poder de los hoy procesados.

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Además, señaló el fiscal del caso, existiría un parte policial que hace relación al análisis telefónico donde se habrían logrado materializar algunas conversaciones de WhatsApp, la creación de varios grupos, entre ellos con el nombre “Reivindicando la juventud Levantamiento Indígena rumbo a Quito”, entre los mensajes de fecha 12 de octubre de 2019, donde se evidenciaría la coordinación y organización de los hechos.

Fernanda Narváez y Mariana Yumbay, abogadas de otros procesados en esta causa, discrepan con la decisión adoptada por la jueza Guerrón y aclaran que la Fiscalía no tenía los elementos suficientes para acusar. Yumbay sostiene que no se ha demostrado que los 27 “compañeros” hayan destruido la Contraloría.

Ambas adelantaron que pelearán hasta el último la inocencia de quienes injustamente están siendo culpados.

Informe referente a la prueba de identificación preliminar homologada, realizada al material inflamable encontrado en poder de los procesados, tanto en la terraza de la Contraloría como en los pisos de acceso; versiones de varios guardias de seguridad de la Contraloría General que dan cuenta de la situación que se vivió el día de los hechos; informe pericial de Informática Forense que analizó las grabaciones a las cámaras de seguridad de los circuitos cerrados de televisión instalados en los bloques de la CGE, son también parte de los elementos anunciados por Fiscalía en esta causa.

QUITO. En el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito, el dirigente indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, muestra a los policías retenidos porque decidieron radicalizar el paro.

El dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, en su cuenta personal de Twitter criticó el llamado a juicio de la jueza Guerrón, asegurando que el mismo llegó “aunque la Fiscalía de Ecuador no demostró pruebas contundentes que señalen el nexo causal entre los procesados y los hechos en el caso Contraloría”. “La agenda política sobre derechos. No más Criminalizados”, escribió para completar su tuit.

Con el llamado a juicio, el caso pasará a manos de un Tribunal de Juzgamiento que estará integrado por jueces penales de Pichincha que serán escogidos mediante un sorteo. Una vez que esté conformado el Tribunal, este deberá definir una fecha para que se realice la respectiva audiencia de juicio en la que se decidirá si son varios o todos los 27 procesados culpables o inocentes. (I)