Contratistas del IESS: Si no hay la anuencia de la entidad no pueden amarrar un proceso

Contratista del Estado desde hace tres décadas, Javier, un proveedor serrano de 57 años, asegura que conoce todas las formas de manipular un proceso de compras públicas, incluyendo los sobornos. “Me han dicho directamente: ‘Nosotros le podemos ayudar, pero necesitamos tanto’. Yo no hago eso, mi buen nombre me ha costado treinta años tener. Es un legado de mi abuelo, de mis padres”, afirma este pequeño empresario que lleva las estadísticas de los procesos de compras en los que ha participado, en los que ha ganado y en los que ha perdido, incluso, por qué ha ganado o por qué ha perdido.

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“Yo soy una de las personas que más reclamos he hecho, algunas veces han cambiado la ley por los reclamos que hemos hecho”, cuenta Javier a este Diario cuando se le llamó para consultarle sobre los nueve contratos que ha recibido del IESS, de los hospitales y de la matriz, por casi $ 200.000 en los dos últimos años. “Nosotros, ¿cómo ganamos algunos procesos?, porque presentamos reclamos ante la entidad”, indica el proveedor, quien ha conseguido contratos en las modalidades de subasta inversa electrónica y en catálogo electrónico.

En la subasta, el proceso reúne a los oferentes que pujan hacia el menor precio bajo ciertas condiciones establecidas por las entidades contratantes, mientras que en el catálogo electrónico la participación la define el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que acredita a los proveedores, fija los precios de los productos, los califica según el cumplimiento de normas y, finalmente, publica en su portal para la contratación directa de las dependencias del Estado.

En la subasta, la participación y decisión de las entidades pueden ser revisadas por el usuario de manera accesible y transparente en el portal web del Sercop, mientras que en el catálogo electrónico solo los proveedores pueden ver los resultados de la puja o el número de oferentes, pues esta información no la proporciona el Sercop en su sitio institucional.

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Llevo desde 2008 en esto, desde antes de que se llamara Sercop. Es fácil darse cuenta cuando un proceso está amarrado: mandan presupuestos muy inflados y requerimientos muy básicos. La idea es sacar al mayor número de participantes, dejar unos pocos, uno o dos, conversan, bajan 1 % o 2 % y así ganan. La manipulación viene de parte de los funcionarios de las entidades, si no hay la anuencia de la entidad no pueden amarrar un proceso, porque ellos permiten que pase uno o dos y con ellos arreglan. Cuando los procesos no son manipulados entran seis, ocho participantes y se bajan lo que tienen que bajarse, es fácil darse cuenta

Contratista del IESS

Este contratista comenta haber estudiado el Manual de buenas prácticas en la contratación pública para el desarrollo del Ecuador. Se trata de un documento elaborado por la Superintendencia de Poder de Control del Mercado en 2015, en cuyo capítulo 2 se detallan 38 mecanismos de corrupción en las compras públicas. Esta Superintendencia revisó al menos cuatro mil procesos de contratación en 2014 y determinó que “hay al menos 100 prácticas, entre ilegales o legales, pero sí poco o nada éticas”, para conseguir un contrato de manera irregular en las instituciones del Estado.

Entre ellas constan, por ejemplo, establecer plazos cortos para cumplir los requisitos mientras ilegalmente se le pasa la información al oferente que se quiere favorecer; fijar un puntaje bajo al oferente que proponga el menor precio, modificar los requisitos pocos días antes de los plazos previstos con el propósito de direccionar el contrato, ponerse de acuerdo entre proveedores para bajar el precio hasta un mínimo, crear empresas manejadas por testaferros y que solo se utilizan para disimular una competencia o puja, responder tardíamente a los reclamos de otros participantes y acelerar la adjudicación del contrato, etc.

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“La otra forma de manipulación es de los fabricantes, en los procesos les piden certificados de los fabricantes, hay unos que son honestos y les dan, pero hay otros que trabajan con ciertas personas, no sabría decirle si les dan un porcentaje del contrato, no lo sé, pero lo que hacen es darle un precio muy diferenciado del resto de oferentes. Por ejemplo, algo que a mí me venden en $ 200 al otro le venden en $ 180″, explicó un contratista guayaquileño, quien además agregó: “También hay marcas que no tienen representación en el país, sino que tienen distribuidor, es peor todavía, porque los distribuidores, yo he llegado a saber, cobran por dar los certificados a una o dos personas, entonces con el presupuesto inflado solo entran los dos o tres que tienen el certificado del distribuidor y se lleva lo máximo posible del Estado. Nosotros hemos establecido bastantes formas de manipulación en los procesos y hemos denunciado al Sercop, pero no nos hacen caso”.

Otro proveedor consultado cuestionó el procedimiento de catálogo electrónico, pues dijo que “en lugar de ser un ahorro para el Estado es un desfalco, porque cuando usted va a una subasta el fabricante le da un precio, usted ve si hay margen de ganancia y oferta el costo mínimo. Al final están ofreciendo el costo más bajo posible y se beneficia el Estado, pero en el catálogo el fabricante me da en $ 100, yo vendo en $ 110, pero el Sercop pone como precio $ 180. Ahí viene la orden del fabricante, que nos dice que nadie se baje de ese precio, porque si se baja le castigamos y no le vendemos más, pero el fabricante sí le autoriza a un solo proveedor a bajar su precio y ofertar a $ 179,99, entonces todo va asignado para ese oferente”, relató el contratista.

Cuando el Sercop les informa a los proveedores sobre los resultados de la compra por catálogo, dice el contratista, se puede ver que solo uno ofreció $ 179,99. “El que está perdiendo aquí es el Estado, gana el que se bajó un centavito, pero no porque yo no pueda darle a un precio más bajo sino porque el fabricante está coaccionando para que no lo haga”. (I)