Por pérdidas económicas ocasionadas al Estado por acciones cometidas en la empresa eléctrica regional Centro Sur C. A., la Contraloría confirmó responsabilidades civiles por $ 15,4 millones a exfuncionarios que trabajaron en la institución entre los años 2014 y 2019.

La Contraloría realizó un examen especial a la empresa eléctrica y entidades relacionadas, en el cual se analizó la implementación y uso de un sistema para el sector eléctrico del país; además, se auditó la contratación de alquiler de vehículos.

El organismo de control concluyó que hubo falencias y retrasos injustificados en la implementación de sistemas informáticos de administración de clientes y planificación de recursos para empresas estatales de distribución eléctrica.

Las glosas se desprenden de resoluciones confirmatorias, señala la auditoría. La más costosa, valorada en $ 10,9 millones, tiene que ver con la suscripción de una adenda que alteró las condiciones del contrato y provocó que los sistemas no se hayan integrado a siete empresas eléctricas y diez unidades de negocio de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

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Los exfuncionarios sobre los que recayeron las responsabilidades civiles fueron el expresidente de Centro Sur, el exgerente del Proyecto de Mejoramiento de la Distribución, del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; el excoordinador general del Proyecto del Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica (Sigde) y el administrador del contrato.

Según la Contraloría, estas personas “no verificaron que el proceso se ejecute en los términos ofertados por la contratista”.

Además, el organismo determinó que los productos no contaban con las características definidas en el contrato y tampoco fueron entregados en su totalidad, pese a que se pagó por ellos.

También se fijaron glosas que ascienden a $ 2,4 millones por multas no cobradas por retrasos de hasta 360 días en la provisión de productos. Esto se debe a incumplimiento de plazos en la integración de los sistemas informáticos para la administración de clientes, planificación de recursos, manejo del contenido empresarial y el desarrollo de mejoras informáticas.

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Asimismo, se determinó otra glosa por $ 2 millones por la firma de un contrato complementario para la implantación de un modelo de procesos operativos único en varias áreas de la empresa. Dicho contrato, según la auditoría, se suscribió sin haber contado con sustentos legales y técnicos que lo respaldaran.

La Contraloría explicó que la compañía señalada puede impugnar el examen especial mediante un recurso de revisión que debe ser solicitado por la vía judicial o en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. (I)