Autonomía, asignación de presupuesto acorde con la realidad y cambios en conformación del CES, entre propuestas de universidades para reformar la LOES

Que cada universidad diseñe y dirija los procesos de admisión, de acuerdo con su realidad, y que los centros superiores tengan la potestad de crear nuevas carreras en diferentes modalidades, sin requerir, necesariamente, aprobación de un ente regulador, son dos de las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) planteadas por la Universidad de Guayaquil.

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Su rector, Francisco Morán Peña, fue parte de los 70 rectores universitarios que participaron, el 17 de junio, de un encuentro con el presidente Guillermo Lasso y Alejandro Ribadeneira, principal de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

En la reunión se habló de la reforma a la LOES y el Ejecutivo indicó que hasta mediados de julio recibirá las propuestas de los diferentes centros superiores, luego de eso enviará el proyecto a la Asamblea Nacional.

Conozca el cronograma tentativo del proceso de acceso a la educación superior

“Son 52 artículos que nosotros hemos puesto a consideración para que se puedan reformar”, expresó Morán Peña y detalló que otra propuesta de la Universidad de Guayaquil es que el Consejo de Educación Superior (CES) esté conformado por rectores universitarios, al menos en una tercera parte, cosa que actualmente no se da, sostuvo.

El rector del centro superior porteño mencionó que es importante que se facilite la creación de extensiones universitarias en los cantones que lo requieran sin importar que estas localidades pertenezcan a provincias que ya tienen una sede universitaria.

Citó como ejemplo a Guayas, si bien en Guayaquil está la universidad del mismo nombre, en cantones como Durán, Daule, Pedro Carbo y Bucay requieren ya de una extensión.

Sobre el Test de Competencias y Habilidades Transformar, que reemplaza al Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES), Morán Peña opinó que es un buen inicio, que muestra una apertura de la Senescyt hacia las universidades públicas.

“Esto del examen yo creo que ya evolucionándolo en la nueva ley o en la reforma a la ley debería pasar directamente a las universidades, es decir, que cada universidad regule la admisión y la nivelación internamente. Esto creo que será lo más beneficioso a mediano plazo”, manifestó él.

Gilda Alcívar, rectora de la Universidad Ecotec, centro particular con sede en Samborondón, consideró necesario que la reforma apunte a fortalecer la autonomía eliminando la “hiperregulación” actual del sistema.

Ella mencionó que una serie de normas regulan hoy desde cómo se nombran las carreras hasta el número de estudiantes por paralelo que debe tener cada establecimiento, lo que consideró un exceso de control.

“El segundo pedido va hacia respetar la diferencia y la diversidad de los tipos de universidades, entre públicas, particulares y cofinanciadas. Y que esta formalidad se vea reflejada en la ley separando, pues, capítulos específicos para cada una”, agregó Alcívar.

Comentó que otra reforma pertinente, a su juicio, debe apuntar a eliminar la obligatoriedad de tener un título de Ph. D. para ejercer como rector de un centro superior, puesto que es algo que en la práctica no funciona. Ya que hay casos en los que no necesariamente quienes tienen más experiencia en la academia poseen ese título.

“El Ph. D. puede ser obligación, si usted quiere, dentro de la normativa de la universidad para un vicerrectorado de investigación o para una dirección de investigación, mas no para un rectorado”, expresó la rectora de Ecotec.

Sobre el sistema de ingreso a la universidad pública, Alcívar señaló que si bien el test Transformar arroja un primer diagnóstico que sirve incluso para acceder a las becas que dan las universidades particulares, a través de la Senescyt, es necesario que cada centro superior tenga un proceso de nivelación en las diferentes carreras.

Desde la Universidad Técnica de Manabí (UTM), el rector Vicente Véliz consideró que dentro de la reforma a la LOES debe existir un mecanismo de distribución que cubra las necesidades de cada establecimiento de tercer nivel.

Además, que haya un principio de equidad y justicia, porque en algunos casos en relación con el número de estudiantes con otros establecimientos no existe una asignación de presupuesto acorde con esa demanda.

Dijo que, por ejemplo, la UTM no ha variado mucho en promedio el presupuesto del 2016 (46,3 millones con 14.088 estudiantes), que con los 30.000 estudiantes que hay en el 2021 el presupuesto ahora es de unos 49 millones de dólares.

“El crecimiento nuestro en términos de estudiantes es exponencial, nosotros cada año tenemos más estudiantes, publicamos más, tenemos más carreras, sin embargo, tenemos menos presupuesto. La primera (reforma), que haya equidad, justicia, proporcionalidad en términos de lo que las universidades estamos entregando y haciendo por el país”, señaló Véliz.

El rector de la UTM indicó que esta es una de las universidades que han crecido, pasó de ofrecer 1.500 cupos nuevos a 6.000 de forma anual. Sostuvo que, por ejemplo, reciben 10 millones de dólares menos que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí pese a que ellos cuentan con unos 22.000 estudiantes. Por ello cree que la universidad con sede en Portoviejo necesita algo de incremento en el presupuesto.

Para el rector de la Universidad Católica de Cuenca, Enrique Pozo, los cambios que el Gobierno nacional debe impulsar en la Ley Orgánica de Educación Superior deben enfocarse en tres ejes: fortalecer la autonomía, permitir la libertad de investigación e impulsar la libertad de cátedra.

A su criterio, son las universidades las que “conocen la realidad de su pueblo y plantean soluciones”, por lo que considera poco adecuado que desde el “centralismo” se dispongan procesos administrativos que limitan la creación de mallas curriculares o generar procesos reales de vinculación con la comunidad. Pero también se imponen carreras, que no siempre son pertinentes con las demandas de cada jurisdicción.

Lo mismo ocurre con la investigación, sostuvo y recordó que por una disposición administrativa del Ministerio de Salud Pública (MSP), las universidades están inhabilitadas para realizar investigaciones sobre temas médicos, algo tan importante en la coyuntura actual por la pandemia del COVID-19.

En cuanto al planteamiento de aumentar cupos, Pozo estimó que eso será factible siempre y cuando el gobierno y sus entidades adscritas dejen de pensar en cupos “solo como el espacio físico”, sino también darles esa capacidad propia para tomar decisiones a través de la educación en línea en las modalidades semipresencial, dual, ejecutiva o con módulos extensivos.

A esto vincula el tema del presupuesto que reciben del Estado. Si bien la Universidad Católica de Cuenca es privada, el rector recordó que ellos acogen a cientos de estudiantes becados por el Gobierno, pero que por falta de liquidez no se les cancela a tiempo.

Aplaudió la apertura al diálogo y dijo estar convencido de que las universidades del país son informantes claves sobre la realidad del Ecuador. Refirió que estos encuentros, como el del 17 de junio, deben mantenerse con regularidad, pero sobre todo con decisiones acertadas.

“Desde la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (Asesec) estamos completamente dispuestos a unir esfuerzos para construir ese sueño de un sistema educativo pertinente, inclusivo y de calidad, a través del diálogo y trabajo permanente entre Gobierno y academia, manifestó Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y presidente de dicho gremio.

Él informó que desde la Asesec se han planteado propuestas, entre las cuales se destacan la diversificación de la oferta académica de grado y posgrado; apoyo a la investigación, innovación y vinculación con la sociedad; implementar un sistema de educación nacional integral; construir ecosistemas de emprendimiento; fortalecer los entornos de aprendizaje con infraestructura física, tecnológica, equipamiento de talleres y laboratorios de acuerdo con los requerimientos de la revolución industrial 4.0.

Naranjo habló de la necesidad de desarrollar distintas modalidades de estudio, como educación virtual, híbrida y dual; y, por supuesto, garantizar la sostenibilidad financiera de todas las instituciones del sistema de educación superior ecuatoriano.

“Con esas consideraciones, la academia y el Gobierno nacional podremos construir políticas de Estado que garanticen el bienestar de la educación superior en el Ecuador”, expuso el rector de la UTA.

Para Arturo Rojas, rector de la Universidad Estatal de Bolívar (UEB), es necesario que se mejore la asignación presupuestaria de los centros superiores en función de las realidades de cada institución.

“En la práctica no tenemos los recursos lo que hace que realmente nos volvamos inoperativas, no podamos ser ejecutoras realmente del presupuesto y se produce la subejecución, porque dependemos estrictamente de los desembolsos que hace el Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, una de las reformas a la LOES tendría que ser esa: la inmediata transferencia de los recursos que corresponden para la operatividad de las universidades”, comentó él.

La UEB, señaló, tiene un presupuesto de 16 millones 700 mil dólares, para atender a una población de más de 9.000 estudiantes. Según él, otras instituciones con igual número de estudiantado recibe más valores.

Rojas refirió que también deben implementarse cambios en el sistema de acreditación y evaluación, de tal manera que se establezcan parámetros acordes con la realidad de cada centro.

“Una universidad o una escuela politécnica que tenga mayores recursos lógicamente que va a tener mejor infraestructura, mejores laboratorios, tecnología”, manifestó el rector. (I)