La Unión Nacional de Educadores (UNE) alerta de que el Gobierno prepara despidos de aproximadamente 5.000 trabajadores públicos bajo la figura de supresión de puestos.

A través de un comunicado emitido este jueves, 24 de julio, el gremio indicó que el Decreto Ejecutivo 57, en el cual se emitió el reglamento a la Ley de Integridad Pública, “representa un nuevo atentado” en contra de la estabilidad laboral.

“Denunciamos que el régimen tiene lista una nómina de aproximadamente cinco mil trabajadores públicos que incluso antes de las evaluaciones anunciadas por el Ministerio del Trabajo serán despidos (suprimidos)”, indicó la UNE.

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En tres puntos, la organización expresó sus observaciones al reglamento de la Ley de Integridad Pública, que fue emitido por el presidente Daniel Noboa el 22 de julio.

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De acuerdo con la UNE, el reglamento reforma el artículo 160 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), el cual regula la notificación de cesación de funciones y el pago de indemnizaciones. “Las nuevas disposiciones implican graves retrocesos en derechos laborales adquiridos”, señaló.

El gremio indicó que la supresión de puestos se da sin sustento técnico, por lo que ahora se “permite la desvinculación de servidores públicos mediante la supresión de puestos sin necesidad de contar con una Planificación de Talento Humano (PTH) que justifique o estructure técnicamente estas decisiones. Esta medida abre la puerta a despidos arbitrarios, improvisados y sin justificación real”.

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Agregó que se legaliza el despido sin pago inmediato de indemnizaciones, incluso permitiendo el pago posterior a través de bonos del Estado, precarizando aún más las condiciones de los trabajadores públicos.

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En ese contexto, la UNE señaló que les preocupa que el personal que se va “despedir” podrían ser conserjes, personal administrativo del sistema educativo, funcionarios de DECE y UDAI, bibliotecarios y secretarias, cuyas funciones son indispensables para el sector educativo.

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Como segundo punto señaló que el “reglamento no es técnico: es político y maquiavélico”; y cuestionan las reformas que se refieren al nombramiento provisional, contrato ocasional y supresión de puestos.

Indicó lo que señala la disposición general novena: “Los trabajadores y servidores de los sectores que tengan un régimen legal propio para evaluación, ingreso, ascenso, remuneraciones, entre otros, continuarán aplicando sus propias regulaciones, sin que les sean aplicables las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público previstas en la Ley Orgánica de Integridad Pública y este Reglamento”.

Para la UNE, el tema radica en que el nombramiento provisional y contrato ocasional son figuras creadas en la Losep.

Asimismo, criticaron la disposición transitoria séptima. Según el gremio, con “esta disposición se abre el camino para la cesación de sus funciones de los servidores públicos con nombramientos provisionales y de contrato ocasional sin otra condición que la disposición de la autoridad nominadora disponga”, y se reafirma en varios artículos del reglamento el 18 (literal c), el 105 y la eliminación de varias disposiciones transitorias de la Losep que generaban estabilidad.

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Finalmente, expresó la decisión de evaluarse de manera técnica y que se dejen de lado los criterios subjetivos. “Expresamos nuestra decisión a evaluarnos de manera técnica que deje de lado criterios subjetivos que buscan politizar el servicio público y no mejorar su calidad y calidez, que garantice estabilidad laboral y la capacitación”.

La UNE indicó que en las próximas horas junto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y diferentes organizaciones de servidores públicos presentarán las acciones por desarrollar. (I)