Con una movilización que recorrió varias calles del centro-norte de Quito, decenas de personas protestaron en contra de la tasa de supervisión y control minero impuesta por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que empezó a cobrarse en julio.
En la marcha participaron trabajadores, empresarios y miembros de la academia, provenientes de varias ciudades, quienes se dirigieron a la Corte Constitucional (CC) y entregaron un amicus curiae y una acción de inconstitucionalidad a la tasa minera.
De esta manera, ya suman seis demandas de inconstitucionalidad que hasta el momento se han presentado en el organismo. Los recursos legales buscan dejar sin efecto esta tasa, pues se alega que tiene el carácter de impuesto y, por lo tanto, debería pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, entre otros argumentos.
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En las acciones se solicita a la CC medidas cautelares para suspender el cobro de la tasa hasta que exista una resolución final.
Los manifestantes reclamaron que la medida representa un grave perjuicio para el desarrollo de la industria, particularmente cuando los proyectos se encuentran en la fase de exploración, porque los valores que se deben pagar al Estado en algunos casos superan los presupuestos de las empresas.
Los efectos negativos de la tasa ya se sienten, dijo Guillermo Godoy, presidente de la Cámara de Pequeña Minería, quien explicó que en la fase de exploración se realizan inversiones a riesgo.
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Trabajadores han sido despedidos y algunas inversiones están detenidas a la espera del pronunciamiento de la CC o que el Gobierno revea su decisión y convoque a mesas de diálogo para llegar a acuerdos.
“Hay empresas que no pueden pagar y se están viendo con la penosa decisión de comenzar a reducir personal. Lo que estamos reclamando es justo, no nos estamos yendo en contra del Gobierno, lo hemos apoyado al presidente Daniel Noboa. Le pedimos que nos escuche, que nos reciba y que se revea, que nos sentemos, los mineros, los actores y lleguemos a un punto de equilibrio. La inversión extranjera ya no está viniendo al país, dicen que hasta que no se solucione esto no invierten un dólar en Ecuador”, expresó Godoy.
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De acuerdo con la resolución de la Arcom, a la pequeña minería le corresponde pagar la tasa una vez al año en diciembre.
Godoy señaló que los pequeños mineros dedican entre tres y cuatro años para exploración, pero con las condiciones actuales los recursos para invertir se quedan insuficientes frente al monto que deben pagar a la Arcom.
“Si el pequeño minero va a invertir tres, cuatro años en exploración, al monto que nos están cobrando, cuando encontremos algo de material no vamos a poder tener para hacer la explotación del mineral. La Agencia de Regulación nos va a exigir los pagos y no vamos a tener. Tenemos que dejar las áreas donde hemos invertido tanto dinero para que vengan los mineros ilegales, que son los que están calladitos, porque a ellos es a quienes más les conviene. Porque nosotros dejamos las áreas y ellos entran a destrozar el ecosistema”, reclamó.
La tasa minera está en vigencia desde junio. Las empresas de mediana minería, gran minería y las licencias de comercialización harán dos pagos al año de forma semestral; y la pequeña minería, un pago anual, según la resolución de la Arcom.
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El valor a pagar será según un porcentaje establecido respecto del salario básico unificado por cada hectárea minera.
En ese sentido, los porcentajes para el cálculo de la tasa van del 3 % al 100 % del salario básico, en función del tipo de régimen minero (pequeña, mediana, gran escala, régimen general y no metálicos), así como de la fase en la que se encuentra el proyecto (evaluación económica, exploración inicial, exploración avanzada y explotación).
Joshua Montes, abogado de la Cámara de Comercio del cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, señaló que “la tasa es un impuesto camuflado” y afecta la equidad tributaria, lo que provoca penalizaciones a empresas y paraliza inversiones.
Indicó que se han realizado estudios sobre el impacto económico de la tasa minera que han revelado que las compañías mineras tendrán que pagar entre el 1,5 % y el 30 % equivalente a su valor capital. “Por consiguiente, es una tasa que se convierte en confiscatoria”, manifestó Montes.
El abogado, que también está relacionado con la industria minera, apuntó que algunas empresas han recibido notificaciones erradas por parte de la Arcom para el pago de la tasa, porque la agencia las ha señalado con concesiones en etapa de exploración avanzada, cuando en realidad están en exploración inicial.
Ese cambio de la Arcom implica que las compañías deberían cancelar más de lo que les correspondería, aseguró el jurista.
El Colegio de Ingenieros Geólogos, Mineros y Petroleros de Pichincha prepara otra acción de inconstitucionalidad, anunció Daniel Philco, integrante de la organización, quien comentó que el esquema de la tasa es antitécnico y sugirió que la medida, si se mantiene, se aplique a los proyectos que están en explotación, porque ya comercializan minerales.
Explicó que el perjuicio en la etapa de exploración es mayor porque las inversiones son a riesgo y no todos los proyectos llegan a convertirse en mina. “De cada 100 proyectos, tan solo uno llega a ser mina”, puntualizó.
La expectativa del Gobierno es recaudar $ 220 millones anuales con la tasa. Para este año se esperan alrededor de $ 110 millones.
Este Diario ha solicitado información a la Arcom y al Ministerio de Energía y Minas sobre cuánto dinero se ha recaudado hasta el momento y cuántas empresas han pagado; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuestas. (I)
