Con las nuevas medidas, que el Gobierno decidió implementar al bajar el precio de las gasolinas extra y eco país en 10 centavos que pasa de $ 2,55 a $ 2,45 y una cantidad igual en el diésel, que baja de $ 1,90 a $ 1,80, el subsidio para cada uno de esos combustibles, a su vez se incrementa, como es lógico, en 10 centavos. Así, haciendo un cálculo rápido, y de acuerdo con las cifras que se manejaban, el subsidio de diésel Premium subiría de $ 2,10 a $ 2,20 por galón; el de gasolina extra pasaría de $ 0,85 actual a $ 0,95, mientras que el subsidio de la eco país pasa de $ 1,24 a $ 1,34.

El incremento de los precios internacionales y una rebaja del precio hacen que este subsidio que regirá a partir de este 28 de junio sea el más alto de la historia del país, opina Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Cammdepe). De acuerdo con el Gobierno, esta ampliación del subsidio llegará a costar entre $ 226 millones y $ 250 millones adicionales a los aproximadamente $ 3.000 millones que cuestan actualmente los subsidios de combustibles.

La evolución de los precios de los combustibles y de sus subsidios ha sido ascendente desde octubre del 2021, cuando el gobierno de Guillermo Lasso, frente a pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió congelar el precio, pero haciendo un último incremento en esa fecha. La gasolina extra se encontraba en $ 2,39 en octubre del 2021 y subió a $ 2,55, registrando un incremento de 6,69 %. Con la baja, el precio se reduce en 3,92 %.

Con el congelamiento también vino la eliminación del sistema de fijación de bandas que regía desde junio del 2020 y que permitía el incremento mensual de 5 % en galón de gasolina y también de diésel, pero que luego fue reformado para que el diésel solo subiera 3 % cada mes. Si hubiese seguido en vigencia el sistema de bandas que permitía un incremento de hasta 5 % cada mes en este combustible, la gasolina ya hubiese llegado a $ 3,54. Es decir el congelamiento sí contuvo la escalada de precios.

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Con respecto al diésel, en octubre estaba en $ 1,65 y subió a $ 1,90. En este tiempo significó un incremento de 15,54 %; pero ahora se baja un 5,26 %. Para junio este combustible bajo el sistema de bandas hubiese estado en $ 2,09.

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Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), la baja del precio de combustibles, que es una concesión por la movilización de la Conaie, trae consecuencias perversas . En el plano fiscal, significa menos ingresos al presupuesto y por tanto mayor déficit. No solo serían los $ 250 millones que han dicho las autoridades, sino que además, otras medidas compensatorias que tienen que ver con el subsidio a la úrea, condonación de deudas de BanEcuador, el mayor gasto sería de unos $ 700 millones más y si el déficit estaba en $ 2.500 millones ahora será superior a $ 30.00 millones.

El mayor problema de este tipo de medidas es que Ecuador no termina de cerrar la brecha del déficit y ahora debe conseguir más dinero para financiarla. Sin posibilidad de ir a mercados ni de incrementar tributos, lo que sucederá es que aumentará los atrasos. Esto se convierte en un círculo vicioso, pues en pocos meses habrá protestas por los atrasos.

Adicionalmente, el mercado lee esta situación e interpreta la violenta movilización como una señal de ingobernabilidad; esto se traduce en el alto riesgo país y desincentivo a que lleguen capitales extranjeros e inversión. Esto, al final puede hasta generar un peligro para la dolarización.

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Entre tanto, en cuanto al consumo, la medida no causará, dice Oswaldo Erazo, un cambio en el comportamiento de consumo de las gasolinas regulares (extra y eco) o del diésel. El mercado seguirá creciendo pues aún no se llega a los niveles de 2019. Sin embargo, sí piensa que la medida amplía la brecha entre los precios de la gasolina súper frente a la extra y eco, por lo que el consumo por la súper seguirá bajando. Ya empezó a bajar considerando que la súper está en precios internacionales, y ya existía una gran brecha con el precio congelado, y ahora se amplía con el precio reducido.

Para Erazo no es correcto que el Gobierno continúe manteniendo un subsidio generalizado para los usuarios del sector automotriz, pues ya está más que comprobado que los subsidios no cumplen con el objetivo de redistribuir la riqueza, sino que se destinan en mayor cantidad a los que sí tienen recursos.

Lo ideal sería ir a una focalización, que se haga un análisis más técnico por producto y segmento de consumo. Lamentablemente se quedaron en al cálculo político, dice.

Entre tanto, de acuerdo con Henry Llanes, experto petrolero, los precios de los combustibles deben definirse en función de los costos de producción, pago de impuestos y de un margen de ganancia razonable. En este sentido, Llanes coincide en que se debería focalizar el subsidio del precio de comercialización del diésel y de las gasolinas (extra y eco país) para el transporte de pasajeros, de carga y del equipo agrícola a nivel nacional. Esta medida permitiría controlar el contrabando, centralizando la información de la venta de estos productos en todas las estaciones de servicio del país a través de la instalación de un servidor centralizado, el cual debe estar localizado en la Agencia de Regulación y Control de la Energía (ARC). El déficit de la producción nacional de combustibles y la importación de estos de productos a precio internacional es otro problema que afecta gravemente a la economía nacional, porque la descapitaliza anualmente en enormes cantidades de dinero, comenta. (I)