El mismo sindicato de Petroecuador que ha hecho público su apoyo a la concesión del campo Sacha (bloque 60) a un consorcio extranjero, y que el 25 de febrero de 2025 inició conversaciones con el Gobierno para renegociar su contrato colectivo, en diciembre de 2024 interpuso un pedido de medidas cautelares para proteger los derechos de los trabajadores del campo petrolero y que se suspenda la declaración de excepcionalidad para la delegación del bloque.
En la solicitud de diciembre se expuso un criterio distinto al que ahora manifiesta el sindicato respecto de la concesión, ya que se argumentó que los trabajadores de la organización pudieron “constatar” que la delegación del bloque a empresas internacionales “supondría una grave afectación de más de $ 1.000 millones”.
Publicidad
El pedido de medidas cautelares fue negado a inicios de febrero. Sin embargo, el sindicato apeló, por lo que el proceso escaló y está en manos de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
El caso se inició el 31 de diciembre cuando Jorge Cevallos, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep), presentó la solicitud de medidas cautelares contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano; el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, quien además preside el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH); y la entonces gerenta general subrogante de Petroecuador, Leydi Jiménez.
Publicidad
El proceso recayó en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre, en Quito.
Cevallos, en la petición, hizo referencia al Acuerdo Ministerial 040, firmado el 26 de noviembre de 2024 por la ministra Manzano, en el cual se declaró la delegación extraordinaria del campo Sacha a empresas públicas internacionales o sus subsidiarias, y en el que además se ordenó que Petroecuador devuelva el bloque 60 al Ministerio de Energía. El acuerdo fue publicado en el Registro Oficial el 23 de diciembre.
El dirigente justificó que la solicitud de medidas cautelares tiene como único propósito que se “evite o cese la amenaza o violación de los derechos constitucionales y los determinados en los instrumentos internacionales de derechos humanos” del Comité de Empresa frente a los actos que ordena el Acuerdo Ministerial 040.
Indicó que se sentían “amenazados” sus derechos como trabajadores y servidores públicos que laboran en Sacha. Que el proceso de delegación del bloque “nunca fue socializado con los trabajadores ni servidores públicos”.
Por ello, los trabajadores consideran que “los actos y omisiones” que se deriven de la concesión los “deje en una grave, total, inminente y de difícil reparación por la indefensión e incertidumbre” sobre sus derechos, especialmente, al trabajo y estabilidad laboral, seguridad jurídica, principio de igualdad y no discriminación y al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa.
Asimismo, se alegó que los actos y omisión de las autoridades ponen en “riesgo de manera grave, inminente e irreparable los derechos” de los empleados. Que en el acuerdo ministerial no se consideró la situación laboral de los trabajadores y servidores públicos del campo.
La pretensión puntual con el recurso legal interpuesto fue que se disponga a las autoridades el “cese inmediato de las amenazas a los derechos constitucionales”, mediante la suspensión de la declaratoria de excepcionalidad para la delegación del bloque 60, así como también de la gestión contractual por parte del COLH y la orden a Petroecuador de devolver Sacha al Ministerio de Energía.
Petrolia se pronuncia sobre la concesión del campo Sacha: ‘Se propuso de forma transparente’
El 5 de febrero, tras conocer y analizar los argumentos de las partes involucradas, el juez Franklin Altamirano resolvió negar las medidas cautelares solicitadas por Jorge Cevallos en calidad de secretario general de la Cetrapep, “por cuanto no se ha probado vulneración o amenaza de vulneración de derechos constitucionales”.
El juzgador determinó que “no existen amenazas” de modo inminente y grave que violen o que hayan violado derechos constitucionales.
Cinco días después del fallo judicial, el 10 de febrero el estudio jurídico que patrocinó a Cevallos presentó el recurso de apelación. Para el 26 de febrero el proceso fue enviado a la Corte Provincial de Pichincha, según consta en el portal de consulta de procesos de la Función Judicial.
Mientras, la delegación del campo Sacha aún no se oficializa, aunque el Gobierno ya tomó una decisión sobre la adjudicación directa. El consorcio que busca operar el bloque 60 está integrado por las empresas Petrolia Ecuador y Amodaimi Oil Company S. L., subsidiarias de la canadiense New Stratus Energy y de la petrolera estatal china Sinopec, en su orden.
El Comité de Empresa dice no oponerse a la inversión privada y pide sueldos con escala internacional
El 18 de febrero, trece días después de que el juez de la Unidad Judicial rechazó las medidas cautelares, el Cetrapep difundió un comunicado relacionado con la concesión del campo Sacha.
El sindicato afirmó que no se opone a la inversión privada en el sector petrolero e hizo un llamado a las autoridades para que se vigile que el operador privado que se designe garantice iguales o mejores condiciones laborales a las que actualmente ofrece Petroecuador y que con los recursos que ingresen al Estado se pague y se ponga al día con la deuda laboral y social que existe con los trabajadores petroleros.
Además, el sindicato anunció que emprendería acciones legales contra organizaciones a las que acusa de tomarse el nombre de los trabajadores de Petroecuador para manifestarse en contra de la concesión de Sacha.
El día que la Cetrapep se sentó en el Ministerio del Trabajo con autoridades para revisar las condiciones del contrato colectivo, Jorge Cevallos ratificó el apoyo del Comité a la concesión de Sacha, alegando que la inversión privada es necesaria para fortalecer el empleo en el país. Y “más aún cuando sabemos que Petroecuador no tiene los recursos y no tiene un rumbo operativo”, dijo.
Señaló que en el campo laboran alrededor de 600 trabajadores. Y que si se concesiona Sacha, las remuneraciones del personal “tendrían que ser (iguales) a los sueldos a nivel internacional, como gana un petrolero”, y se les garanticen su salud y estabilidad laboral.
Cevallos contó a la prensa que una semana antes se habían reunido con el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, quien les explicó detalles de la concesión. Hubo temas interesantes y dudas que iban a analizar sobre la estabilidad de los trabajadores, mencionó.
Este Diario intentó comunicarse con Jorge Cevallos para hablar sobre la solicitud de medidas cautelares; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no respondió a los mensajes de texto y llamada a su teléfono celular. (I)