La Cámara de Agricultura de la Primera Zona pidió al Gobierno excluir a las tierras rurales de los cálculos para gravar el impuesto al patrimonio que se establece en la Ley de Creación de Oportunidades presentada ante la Asamblea con carácter de económico urgente. En un comunicado público se indicó que el sector agropecuario “manifiesta una profunda preocupación (...) debido a la afectación que se ocasionaría a personas naturales y sociedades en general, pero sobre todo a productores agropecuarios”.

El impuesto al patrimonio se cobrará por dos años con base en una tabla que va de 0,5 % a 1,5 % dependiendo del monto del patrimonio. Esta contribución la harán personas naturales con patrimonios mayores a $ 500.000 y empresas que tienen desde $ 1 millón de patrimonio, pero que han tenido ganancias en 2020 y utilidades mayores que en 2019.

De acuerdo con el comunicado, para el sector agrícola el principal medio de producción es la tierra, y esa tierra es el patrimonio universal del agricultor. Anotan además que en la gran mayoría de los casos está a nombre personal de los propietarios y no de sociedades.

Otra de las razonas por las cuales se les debería excluir, dice el comunicado, es que la actividad agroproductiva en Ecuador es la que sostiene la seguridad alimentaria y principal generación de divisas.