El viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, precisa los números de incremento y sacrificio fiscal con la reforma tributaria que es parte de la Ley de Creación de Oportunidades, presentada en la Asamblea. Explica que se ha tratado de que sea equitativa y progresiva, por lo que considera que sería una locura que una Asamblea considerada progresista no la aceptara.

¿Cuánto espera recaudar el Gobierno en 2022 y 2023?

En términos de números, hay un componente transitorio por el que se recaudarían $ 425 millones por dos años y $ 200 millones más en un año sobre activos en el exterior. En el componente de largo plazo, como ajuste del impuesto a la renta de personas, unos $ 459 millones y eliminación de exenciones y deducciones llegaría a $ 250 millones, es decir, $ 709 millones, pero en el 2023. Lo que se ha tratado es que la parte tributaria de la ley sea muy equilibrada: reducciones de impuestos y por el otro lado estamos apretando un poquito en donde no debería doler mucho, me refiero en cuanto a la sociedad en general.

¿Cuál será el peso del impuesto al patrimonio tanto para empresas como para las 20.000 personas que contribuirían?

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La tarifa para las empresas con patrimonio de más de un millón va del 0,6 % al 0,7 %, pero solo es para las que crecieron en el 2020 y tuvieron más utilidades que en 2019. Sabemos que la economía ha sido complicada para muchas empresas, pero estamos apuntando al 2 % de las empresas a las que les fue muy bien. En cuanto al patrimonio (mayor de $ 500.000 y en sociedad conyugal de un millón) de las personas, va desde el 0,5 % al 1,5 %. La tarifa más alta es para quienes tienen patrimonios de más de $ 1,5 millones. Son muy poquitas las afectadas.

En cuanto al tema de patrimonio, existe el reclamo de que muchas personas pueden tener grandes activos pero estar ilíquidos, ¿han previsto estos casos?

Conozco personalmente a gente que dice esto, que en verdad tienen activos caros, una hacienda pero que no es productiva. Debe haber mucha gente que ponga peros a esto. Sin embargo, hemos conversado con empresarios y otros sectores y hemos pensado que por esta vía se le invierte un poco a la paz del país. Por ejemplo, si se hubiese puesto el IVA, al fin del día hemos visto lo que pasó en Colombia. Lo que hacemos es mover la brújula de cómo hacemos la política tributaria.

¿Cuál es la razón conceptual para la eliminación de las exenciones?

Cuando uno ve el Código Tributario ve exenciones tan específicas que generan unas preferencias direccionadas, que no hacen sentido. Además generan un reto desde el lado del recaudador. Lo que hemos querido hacer es una reforma tributaria más plana y equitativa, sin favorecer a unos u otros sectores en específico.

¿Un ejemplo de ello serían las exenciones para los tenedores de bonos de deuda?

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En cuanto a los inversionistas en bonos, ellos toman el riesgo según su apetito. Este tipo de inversionista es sofisticado, entonces no cabe un beneficio a alguien que sabe cómo manejar su dinero. Son cosas que generan más ruido que otra cosa.

¿Y cuál es el razonamiento en cuanto a la deducción de gastos personales?

Estamos bajando los topes de reducción. Este beneficio era regresivo, pues ayudaba más a las personas de mayores recursos. Por ejemplo, una persona se podía descontar una gran parte del beneficio con el pago del colegio privado de sus hijos. Esto versus a una persona que tiene a su hijo en colegio fiscal.

¿Cómo se garantiza que lo que se recaude por la contribución temporal vaya para el gasto de la pandemia?; sobre todo porque aún hay un mal recuerdo de lo que pasó con los dineros del terremoto…

El costo de la pandemia ya está gastado, ahora mismo estamos pagando la cuenta. Hubo gastos de logística, compra de vacunas, reapertura de escuelas, los nuevos bonos para aplacar el dolor de la gente, contratos para el sector salud. Todo ha costado un poco menos de $ 900 millones. Los gastos de pandemia no están por verse sino que esto ya pasó. Lo tuvimos que absorber en el presupuesto del año. Nosotros nos jugamos el todo por el todo y no se hizo faltar ni un centavo en el tema de la pandemia y la vacunación. Ahora vemos que se está generando una reactivación más acelerada.

¿Pero entonces ese dinero recaudado iría para pagar los atrasos, jubilados, el IESS, para igualarse?

Nosotros hemos sido muy cuidadosos en no fallar con amortizaciones, transferencias a GAD, hemos sido muy prudentes con el financiamiento, que ha sido mayormente con multilaterales. En el mediano plazo va a quedar más claro que el ajuste que estaba previsto con el FMI en el anterior Gobierno, que implicaba una subida del IVA, ahora no lo va a haber. La actual reforma es bastante modesta, son pequeños ajustes. No es una reforma tan ambiciosa como la que se había pensado de subir 3 puntos del IVA. Como esta reforma es modesta, el componente del recorte del gasto es muy importante.

¿Por dónde será el recorte?

Vamos a trabajar en el tema del gasto. Tenemos tres cosas importantes, vamos a mirar la parte de los procesos, aplicar tecnología y el tema del personal. Por ejemplo, vamos a fusionar la CFN con BanEcuador. Con una reforma modesta, la contribución extraordinaria y el gasto nos vamos a poder desapalancar en la deuda del país. La ley no solo busca la parte tributaria, sino que busca equilibrio fiscal, mejora de condiciones laborales y un impulso al crecimiento. El hilo conductor es cómo le reactivamos a la economía. Esperamos hasta el final del periodo de Gobierno estar totalmente equilibrados con respecto al Presupuesto General del Estado. Pero el siguiente año, en cuanto al sector público no financiero (Gobierno central y otros componentes), con estas reformas estaremos casi totalmente equilibrados.

¿Cómo se han pensado las reformas sobre el tema petrolero, minero, que también fueron anunciados por el Gobierno, como parte de la megaley?

El petróleo, minas y construcción de infraestructura pueden atraer mucha inversión. Por ello se crea una Secretaría de Alianzas Público-Privadas. Esta se encarga de hacer una suerte de front office. Es la que habla con los inversionistas, orquesta todo lo que se debe hacer para sacar una monetización. También participa el Ministerio de Finanzas, que está pendiente de los riesgos fiscales, y el de Producción, encargado de trámites y papeleos. La Secretaría, liderada por Roberto Salas, va a encargarse del encadenamiento.

¿Cuál es el plan B si no se llegara a aprobar la reforma?

En política púbica hay una máxima que es ‘Uno espera lo mejor, pero debe prepararse para lo peor’. En un escenario negativo deberíamos tomar otras medidas, posiblemente dolorosas. Es importante señalar que hay ciertos pagos que son fijos (deuda, salarios) que no podemos dejar de pagar. Pero hay otros gastos que podrían ser más flexibles. Deberíamos, además, acelerar los recortes, para ajustar los balances. Sin embargo, de esos esfuerzos no se alcanzarían los objetivos del déficit a los que queremos llegar. Lo que sí le puedo decir es que la ley de Creación de Oportunidades es progresiva. Hemos buscado que la ley sea digerible para la gente, pero también hemos pensado en que los representantes de la ciudadanía que están en la Asamblea son progresistas. Lo que sí nos parecería una locura es que ahora salgan algunos de estos representantes a decir “no les suban los impuestos a los ricos”.

¿El plan C es la consulta popular?

Esto hay que preguntarle a la ministra de Gobierno. (I)