La reforma que permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), las universidades y escuelas politécnicas, así como a las empresas públicas quedarse con los recursos por concepto del IVA y no devolver al Gobierno central ya se encuentra en vigencia.

El pasado 2 de julio se publicó en el Registro Oficial la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, luego de que la Corte Constitucional dejó insubsistente el veto total que hizo el expresidente Lenín Moreno a la norma.

La ley dispone que cuando el IVA sea recaudado por compra e importación de bienes y servicios por parte de las entidades y organismos del sector público del Gobierno central y descentralizado, empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas, los valores retenidos permanecerán en sus cuentas y no se depositarán en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Otro aspecto que se incorpora trata sobre la asignación presupuestaria para que el Estado cubra la deuda por devolución del IVA con las entidades mencionadas en la norma.

En ese sentido, se dispone un plazo de 30 días para que el SRI compense las obligaciones tributarias pendientes de pago y notifique al Ministerio de Finanzas para la correspondiente asignación.

Por su parte, el Ministerio deberá realizar las transferencias dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la publicación de la ley en el Registro Oficial.

Se calcula que con las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno el Gobierno central dejará de recibir alrededor de $ 360 millones.

Luis Mario Barsallo, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), en una entrevista en la radio de la Asamblea Nacional el pasado 2 de julio, indicó que ley va a generar ingresos que ayudarán a dinamizar la economía de los GAD. Según Barsallo, la deuda estatal por devolución del IVA asciende a $ 85 millones.

A propósito del tema, el Partido Social Cristiano (PSC) señaló, mediante un comunicado, que la reforma vigente representa una “derrota del centralismo”, lo cual implica más recursos para obras y servicios de las ciudades. (I)