Ayer, la Asamblea Nacional recibió de la Corte Constitucional la notificación de su sentencia por la cual se deja insubsistente el veto que hiciera el gobierno de Lenín Moreno al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno que trata sobre la devolución del IVA tanto para Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de las universidades.

En los próximos días, la Asamblea enviará el texto para que sea publicado en el Registro Oficial. El cuerpo normativo entrará en vigencia para que en adelante las entidades mencionadas ya no deban entregar el IVA de sus compras, sino que solamente lo retengan y lo manejen en sus cuentas.

Se calcula que esta ley representará que al menos unos $ 360 millones ya no le lleguen al fisco, sino que queden retenidos tanto por GAD como por universidades, comentó Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Si bien para García se trata de una medida que apoya la liquidez de las entidades beneficiarias, dice que debe haber importantes controles a fin de que en las compras realizadas no se den abusos.

Napoleón Santamaría, abogado tributario, explicó que antes de la expedición de esta ley, tanto los GAD como universidades hacían sus compras de bienes y servicios a diversos proveedores y pagaban con IVA, pero este pago les generaba un crédito tributario o una cuenta por cobrar, que más tarde lo reclamaban al fisco. Sin embargo, el fisco demoraba esa devolución. Ahora, con la ley jurídicamente pagan el IVA, pero los dineros se quedan en sus propias cuentas.

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Para Santamaría, la sentencia de la Corte no toma en cuenta varios puntos técnicos importantes, y hace un análisis muy sencillo y pobre de la problemática. No hay un criterio sobre un vacío que se genera en el control previo. Es que antes el SRI podía rechazar ciertas devoluciones si consideraba que no eran compras realmente pertinentes para un GAD. Pone como ejemplo “las botellas de whisky para la fiesta del alcalde”. Ahora ese control previo ya no existirá. Si en un control posterior se detecta que ha habido retención indebida de los impuestos, podrían ser sancionados. Adicionalmente se afecta al principio tributario “pague, luego reclame”, que no se está respetando.

La Corte había considerado que no existía inconstitucionalidad ya que no se trataba de cambios en el IVA que tuvieran que ser impulsados desde la Función Ejecutiva. En voto salvado, varios jueces (Karla Andrade Quevedo, Daniela Salazar Marín y Alí Lozada Prado) consideraron, en cambio, que los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno realizan cambios en los elementos esenciales del IVA, lo cual sí requería iniciativa del Ejecutivo.

Ente tanto, el Gobierno debe unos $ 148,4 millones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (provinciales, municipales y parroquiales) por concepto de devoluciones del IVA. Sin embargo, es de esperar que sobre este monto lleguen a acuerdos de pago, pues la ley no es retroactiva.

Ayer la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, explicó que en el caso de su ciudad, el Gobierno adeuda unos $ 32 millones por IVA. Aclaró que estos dineros no son adicionales sino parte de las propias rentas. Recordó que los alcaldes de Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule comparecieron ante la Corte como terceros interesados sobre el veto que impuso el expresidente Moreno.

Mesa técnica AME y Gobierno elaboran agenda

Entre tanto, para la tarde de ayer estaba previsto que se reunieran las autoridades de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y los ministerios de Economía y Gobierno, para preparar las agendas a desarrollar en las mesas técnicas. Se iban a reunir en el despacho del Viceministerio de Gobierno.

Esta cita forma parte de los acuerdos alcanzados en la reunión de la semana pasada entre los alcaldes y alcaldesas y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier.

Luis Mario Barsallo, director ejecutivo de la AME, informó que las reuniones entre los equipos técnicos de AME, Finanzas y Gobierno permitirán generar el cruce de información con el propósito de diseñar un plan de pago de la deuda que mantiene el Estado con los municipios de Ecuador.

El gremio municipalista busca revisar también el Acuerdo Ministerial 041, a través del cual dijeron que se realiza un nuevo recorte en los presupuestos de los municipios del país.

Se tratarán temas con el BDE para que se entreguen los recursos por concepto de los Fondos FINGAD I, II y III, la deuda por concepto de la Ley Amazónica y sobre la bolsa de proyectos de inversión que existe con financiamiento de la CAF. A esto se suma el impulso a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). De ella nacerá la nueva fórmula del Modelo de Equidad Territorial (MET). (I)