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Exgerente de Petroamazonas contó al ministro de Energía cómo verbalmente dispuso que ‘boten’ documentos de la petrolera

El ministro René Ortiz refiere en oficio que destrucción de registros es sancionada con prisión de siete a diez años

QUITO (06-04-2021).- Fachada del edificio de la ex Petroamazonas, ubicado en la Avenida República y Teresa de Cepeda, en el norte de Quito. El rótulo que constaba en este edificio ha sido retirado. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

Con una orden verbal y sin mayores investigaciones, el exgerente de Petroamazonas Franklin Paredes Galeas ordenó a su asistente que “bote” los documentos que estaban archivados en el quinto piso del edificio Covidal, de Petroamazonas (ahora absorbida por Petroecuador).

Este Diario publicó el lunes la denuncia que se había interpuesto ante la Fiscalía del Estado por parte de Petroecuador, luego de conocerse que se habían eliminado a través de trituradoras de papel unas 163 carpetas con documentación de todas las sesiones del Directorio de Petroamazonas, que incluían documentos reservados y confidenciales. El hecho está siendo investigado por un supuesto delito de “destrucción de registros”.

Cuando este Diario contactó al exgerente Franklin Israel Paredes Galeas para consultarle por qué había dado la orden de destruir los documentos, el exfuncionario se limitó a decir que no podía responder. Pero ahora se conoce, a través de un informe al que este Diario tuvo acceso, que fue justamente él quien lo ordenó y que su disposición fue acatada por su asistente.

Así, el 26 de enero pasado, Paredes -quien para ese entonces ya había salido de la gerencia- le responde al ministro René Ortiz, por medio de una carta, sobre las razones por las cuales había eliminado los documentos.

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El funcionario, que estuvo menos de dos meses en el cargo (8 de noviembre al 31 de diciembre), asegura que cuando asumió recibió el Despacho de la Gerencia General de la empresa “sin el acta de entrega de recepción de la documentación que forma parte del Despacho”. También dice que observó la distribución de las oficinas del quinto piso y vio que había inseguridad. Por ello se propuso hacer adecuaciones.

Pero antes de realizar las adecuaciones, “observé que existían carpetas, en un anaquel cerrado, por lo que inquirí a Karen Rivera, asistente del Despacho, en qué consistía la información (que) estaba en esas carpetas”. Además indica: “Karen me dio a conocer verbalmente que se trataba de documentos de respaldo, firmados por anteriores gerentes de PAM, y ellos tenían sus USB de respaldo”. Asegura también que “con esa información le pidió que botara dichos documentos”.

Cuenta que fue el jueves 10 de diciembre el día en que procedió a retirar el mobiliario para que el 11 y 12 de diciembre de 2020 “se realicen las adecuaciones para utilizar un solo acceso general al piso y colocar piso flotante”. Asevera que su asistente al ver la carga documental, solicitó a Servicios Generales brindar soporte con personal y se trituraron los documentos.

El exgerente recomienda “que para subsanar este lamentable suceso”, se realicen las acciones correspondientes a fin de identificar la información “que aparentemente reposaba en los archivadores del piso 5 y restituirlos en un plazo de 30 días”. También asegura que la información de la empresa pública se encuentra respaldada en el archivo digital de la ex-Petroamazonas EP.

Por otro lado, de siete a diez años podrían recibir quienes fueren hallados como autores de la destrucción de 163 carpetas de documentos sensibles (entre confidenciales y reservados) de las sesiones de Directorio de Petroamazonas, eliminados a través de trituradoras de papel. Es que el delito tipificado en el artículo 347 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que se denomina “Destrucción de registros” indica que “la persona que destruya de cualquier modo, registros auténticos o instrumentos originales de autoridad pública o procesos judiciales, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”.

Así lo refirió el ministro de Energía, René Ortiz, en el Oficio MERNNR-MERNNR-2021-0329-OF dirigido al gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, este 5 de abril. El oficio enviado por Ortiz le requiere al gerente informes sobre las acciones tomadas frente a la destrucción de papeles.

En la comunicación del ministro también se relata que el tema se conoció en diciembre del 2020, por lo que se solicitó a la Coordinación General Jurídica del Ministerio que converse con el procurador jurídico de la EP Petroecuador, a fin de que la misma realice las acciones necesarias. Por su parte, Petroecuador ha informado que tras conocerse el problema puso en conocimiento del Directorio, de la Contraloría y de la Fiscalía. (I)

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