Las Fuerzas Armadas confirmaron que durante la madrugada de este 15 de junio, varios comuneros buscaron ingresar en las instalaciones petroleras de la Estación Limoncocha, en el bloque 15, en Sucumbíos, y que producto de este acto violento al menos diez militares resultaron heridos. En su reporte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que durante la ejecución de operaciones militares de vigilancia, protección y seguridad de las áreas estratégicas del Estado impidieron la toma de estas instalaciones. Explicaron que habitantes de la comunidad, “mediante actos violentos, intentaron tomarse por la fuerza (…) utilizando piedras, lanzas, bombas molotov y armas de fuego (escopetas)“.

Asimismo indicaron que tras el ataque, diez miembros de las Fuerzas Armadas resultaron con graves lesiones y fueron evacuados al Hospital Básico de la Brigada de Selva n.º 19 Napo.

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La acción violenta en el bloque 15 se suma a otras medidas tomadas por comunidades indígenas como parte del paro nacional organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En los primeros días de paralización hubo afectaciones a varios bloques ubicados en Orellana y Sucumbíos. Así en el bloque 16, manejado por Petrolia, en donde se ha obligado a parar la estación de bombeo de Pompeya. PetroOriental, que maneja los bloques 14 y 17, también denunció que sus instalaciones han sido tomadas y se ha obligado a parar las operaciones, generando la caída de producción de al menos 1.400 barriles diarios. En tanto que el bloque 15, que ahora ha sido afectado, le pertenece a Petroecuador.

La empresa estatal no ha dado un reporte de las condiciones de sus instalaciones y se espera un comunicado en las siguientes horas.

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Por su parte, las Fuerzas Armadas advirtieron que estas acciones ilegales que atentan contra la seguridad del Estado y las áreas estratégicas, serán neutralizadas y sus autores puestos a órdenes de la autoridad competente.

El Comando Conjunto recordó a la ciudadanía que de conformidad con el artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con la pena privativa de libertad de uno a tres años a quienes impidan, entorpezcan o paralicen la normal prestación de un servicio público o se resistan violentamente al restablecimiento de este.

Finalmente, las Fuerzas Armadas ratificaron el compromiso de la defensa y soberanía del territorio nacional y apoyo a la seguridad integral, así como el cumplimiento de sus misiones constitucionales de protección a las áreas estratégicas. (I)