Cientos de personas se movilizaron la mañana del miércoles 4 de febrero en Portovelo para expresar su preocupación y rechazo ante la resolución que ordenó suspender las actividades de las plantas de beneficio -que procesan oro- ubicadas en la provincia de El Oro.
La marcha fue promovida por la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio de Fundición y Refinación de Sustancias Minerales de El Oro (Aproplasmin). Y contó con el respaldo de autoridades locales de cantones de la zona alta de la provincia como Portovelo y Zaruma.
El gremio sostiene que el cierre de las industrias perjudica de manera directa a 10.000 familias y hasta unas 80.000 de forma indirecta.
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La situación causa incertidumbre y preocupación porque el sustento diario de muchas familias de la provincia depende de la actividad minera por décadas, expresaron representantes de los gobiernos locales.
Las plantas procesadoras están paralizadas desde el 2 de febrero tras la emisión de la resolución 0005 del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), suscrita por la ministra del ramo, Inés Manzano. La reanudación de las operaciones es incierto.
La medida se justifica por la contaminación detectada en los ríos Calera y Amarillo, cuyas aguas reciben altas concentraciones de cianuro, arsénico, cadmio, cobre y plomo, que superan los límites permisibles.
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En la resolución se indica que se realizaron estudios técnicos y se comprobó que la contaminación de los ríos “se incrementa de manera crítica y significativa en el tramo donde se concentra la operación de las plantas de beneficio”.
Los protagonistas de la movilización aseguran que no se oponen a las acciones para remediar daños ambientales ni el combate a la minería ilegal, aspectos que -dicen- han respaldado también con iniciativas.
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Pero exigen la reapertura inmediata de las plantas porque complica la cadena de la industria minera -que incluye exportaciones- y supone complicaciones para pagar sueldos a fin de mes, así como a proveedores y obligaciones con la Seguridad Social y otras entidades.
Además reiteraron que sus operaciones son formales, por lo que pagan impuestos, tasas y regalías al Estado, y que no tienen relación con la minería ilegal.
Una hora después que se inició la masiva movilización en Portovelo este miércoles, representantes de la Aproplasmin, algunos alcaldes de la provincia, concejales y mineros mantuvieron una reunión virtual con funcionarios del Gobierno. El diálogo fue transmitido por medios de comunicación locales.
Ahí se confirmó que la tarde de este miércoles la ministra Inés Manzano y su equipo conversarían en Quito con alcaldes de El Oro sobre la situación.
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En la sesión, Danilo Castillo, presidente de Aproplasmin, dijo que prácticamente se está dejando sin empleo a 10.000 familias de manera directa y 80.000 indirectas. Instó a los delegados del Gobierno a instalar mesas de diálogo en la provincia para hallar soluciones y solicitó que en esos espacios participen no solo autoridades, sino también los trabajadores de la industria.
“No se nos puede cerrar las plantas, en términos generales, y catalogarnos de ilegales, cuando el mismo Estado nos ha otorgado las autorizaciones de funcionamiento y que también tenemos las licencias vigentes”, expresó, pero además reclamó que muchos mineros no han podido obtener las licencias y permisos correspondientes por demoras que llevan años en las entidades estatales.
Castillo señaló que se comprende que se deben tomar medidas ante la contaminación. Sin embargo, dijo que “es desproporcionada la decisión de la ministra” Inés Manzano.
La alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar, manifestó que se respetan las funciones y decisiones ministeriales, pero pidió que se revise la medida adoptada.
“No estamos hablando de 80 dueños de plantas de beneficio, estamos hablando de los miles de familias de Portovelo y los cantones de lo alto de El Oro que se quedan sin sustento”, expresó.
Teresa Feijóo, alcaldesa de Piñas, también participó del encuentro de manera virtual, ya que se trasladó a Quito para la reunión con la ministra de Ambiente y Energía.
Dijo que “hay una preocupación constante en todos los cantones” y aseguró que “el 99 %” de la población “vive” de la actividad minera.
“La gran mayoría de las familias de Piñas forman parte del trabajo y mano de obra de las plantas de beneficio”, afirmó, al tiempo de puntualizar que es necesaria la remediación ambiental. Y reiteró el llamado al diálogo para trabajar en el tema ambiental, pero no perjudicar el trabajo de las plantas.
El alcalde de Zaruma, Carlos Aguilar, se unió a los pedidos y comentarios del resto de autoridades locales.
“Estamos en una preocupación sumamente grande. Se está mirando a 80 plantas, pero hay muchas personas, mineros artesanales, que sacan su material legalmente y tienen que llevarlo a las plantas. En este momento está todo paralizado. No estamos en contra del tema ambiental. Es una conmoción social fuerte”, agregó.
Desde el Gobierno, el viceministro de Gobernabilidad, Cristian Mora, dijo que las puertas del diálogo están abiertas para establecer acuerdos y que se entiende que la resolución ha generado expectativas y dudas.
Enfatizó que la medida también es parte de las acciones para combatir a la minería ilegal.
“Nuestro objetivo primordial como Gobierno es combatir la minería ilegal. Obviamente, tenemos que tomar decisiones fuertes frente a este contexto y lo que no queremos es afectar a los trabajadores que están haciendo las cosas de manera correcta, como se debe. Por eso se están abriendo los espacios de diálogo para que directamente, con los involucrados, tomar las acciones y medidas que correspondan”, mencionó.
Mora señaló que el encuentro programado para la tarde con la ministra es muestra de la apertura de Carondelet con los sectores que se sienten afectados.
En la reunión se acordó desarrollar una mesa de diálogo más amplia, con delegados y técnicos de varios ministerios y entidades estatales. La cita se planificó para el próximo martes 10 de febrero, en Portovelo. (I)
