El presupuesto de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para 2026 llama la atención. Considerando que en 2025 empezó el cobro de la tasa minera -por la que se preveía recaudar $ 100 millones este año-, el presupuesto de esta entidad estatal del próximo año mantendrá casi el mismo nivel de ingresos, mientras que sus gastos se reducen.
De acuerdo con la proforma fiscal 2026, aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de noviembre, el Gobierno estima que los ingresos de la Arcom asciendan a $ 14,1 millones, lo que representa un marginal aumento de 1.540 dólares (0,01 %) frente al presupuesto codificado a septiembre de 2025.
Por el lado de los gastos, se proyecta que serán de $ 5,2 millones, esto es un 9,02 % menos que los $ 5,7 millones del codificado de septiembre de 2025.
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En el justificativo de ingresos y gastos de la proforma 2026 no se detallan cómo están compuestos los ingresos y gastos de la Arcom, pero sí se menciona la resolución de la Agencia de enero de 2025 que determina el establecimiento de una “tasa de supervisión y control que deberá ser pagada por los titulares de derechos mineros de manera semestral para minería mediana y grande; y de manera anual para minería pequeña”.
Y se indica que la tasa deberá ser pagada por cada titular minero, con corte hasta el 30 de junio y recaudada hasta el 31 de julio; y con el corte de 31 de diciembre y recaudada hasta el 31 de enero del siguiente año.
“En caso, de existir incumplimiento del pago, el articulo 4 dará paso al inicio de la gestión coactiva de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa aplicable para el efecto”, dice la proforma.
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El objetivo del Gobierno con la tasa minera era recaudar alrededor de $ 220 millones anuales. Para 2025 se estimaba obtener aproximadamente $ 100 millones debido a que el primer cobro de julio era parcial -solo desde junio y no el primer semestre completo-.
Además, las autoridades afirmaron que el dinero recaudado se emplearía para fortalecer las capacidades de control de la Arcom en la lucha contra la minería ilegal, lo que incluye articulación con Policía y Fuerzas Armadas.
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Aquello comprendía adquisición de equipos, como vehículos, drones, entre otros, debido a que la Agencia no disponía de las herramientas ni el personal suficiente, dijo el viceministro de Minas, Xavier Subía, en una entrevista con este Diario, en junio pasado.
En septiembre, Subía afirmó que se habían iniciado procesos de coactiva, como medida de sanción para las empresas que no pagaron la tasa minera en julio.
Con ese contexto, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), dijo que “llama la atención” que cuando fue anunciada la tasa minera, en junio de este año, se indicó que la meta era conseguir $ 220 millones para la repotenciación de la Arcom y que, incluso, en una resolución se detallaban todos los gastos que se harían con ese dinero.
“Habría que preguntarle a la autoridad, porque quizás reestructuraron internamente deberes, obligaciones y presupuestos. Pero tal como vemos el presupuesto del 2026 sí llama la atención el poco presupuesto de Arcom y además la reducción de los gastos”, comentó Silva.
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La vocera de la Cámara confirmó que, de la información que disponen, “no todas las empresas” que debían pagar la tasa en julio lo pudieron hacer.
El gremio demandó la inconstitucionalidad de la tasa minera, al considerarla un impuesto porque no está atada a una contra prestación directa para las empresas mineras, y solicitó a la Corte Constitucional suspender el cobro hasta que exista una resolución final.
La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda, pero no dio paso a las medidas cautelares para frenar el pago de la tasa.
María Eulalia Silva señaló que la tasa “vuelve a la concesión minera ecuatoriana la más cara de mantener en la región”.
“Es una tasa que es un impuesto. Es confiscatoria, es desproporcionada”, reiteró y mencionó que ahuyenta la inversión. Muestra de ello, dijo, una empresa abandonó el país.
Se trata de Ecuasolidus (Aurania Resources), que decidió salir de Ecuador por el alto costo que representaba el pago de la tasa minera.
Silva dijo también que por la situación que se atraviesa “muchas empresas están devolviendo concesiones al Estado”.
Comentó que el cobro de la tasa no tenía como fin único fondear a la Arcom y la lucha contra la minería ilegal, sino que sirva al Gobierno para atender el déficit fiscal.
Expresó que extraoficialmente se conoce que la recaudación había sido baja, alrededor de $ 12 millones.
Por otro lado, recordó que Ley de Transparencia Social establece que el no pago de tasas es una causal para que que se dé por terminada una concesión minera.
En enero de 2026 será el próximo cobro de la tasa y hay dudas de la capacidad económica de las compañías para cumplir con la obligación, sobre todo en los pequeños mineros.
Del monto recolectado por el cobro de la tasa, así como los procesos de coactivas iniciadas no se tiene información oficial.
Este Diario solicitó estos datos a la Agencia, también se pidió aclaración de qué rubros nutrirán los ingresos del presupuesto de 2026 y por qué los gastos se reducirán. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuestas. (I)
