La posibilidad de que Ecuador cambie de Constitución en los próximos dos años, reemplazando el texto de Montecristi, es vista por el sector minero como una oportunidad para adecuar un marco normativo que propicie el desarrollo de la industria.
Los derechos de la naturaleza, la consulta previa, el combate a la minería ilegal son parte de los temas de debate para el sector.
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Los ecuatorianos decidirán el 16 de noviembre si aceptan o no la propuesta del presidente Daniel Noboa de instalar una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva Constitución, que entrará en vigencia solo si es aprobada en referéndum.
En ese marco, y aunque falta casi un mes para el inicio de la campaña electoral de la consulta popular, la Cámara de Minería del Ecuador (CME) organizó un foro que analizó los retos y oportunidades del panorama regulatorio, lo que podría modificarse o incorporarse en una nueva Carta Magna.
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María Amparo Albán, abogada y consultora de proyectos mineros, quien además es miembro del directorio de SolGold, considera que “Ecuador está en un momento político de una absoluta efervescencia, distinta a la de 2007″, porque el contexto actual está marcado por “la amenaza de la gobernanza criminal” que cada día gana más terreno.
En materia de recursos naturales, dijo, en la actualidad en el mundo se plantean soluciones basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente los minerales críticos, que contribuirán a generar tecnología que ayude a descarbonizar globalmente la economía.
Enfatizó que el sector minero “tiene una propuesta de desarrollo sostenible”.
En ese sentido, Albán dijo ser partidaria de que en la nueva Constitución no desaparezcan los derechos de la naturaleza. Pero cree que deben reformarse, particularmente los artículos 71 y 72, “porque generan confusión”.
En su criterio, ese articulado “ha dado pie, a la luz de otros artículos, a que ciertos magistrados de la Corte (Constitucional) utilicen las figuras garantistas de materia ambiental para constituir frenos al progreso en el país”.
Sugirió que los derechos de la naturaleza en la Constitución deben adecuarse al marco internacional, tomando como referencia sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Constitución de 2008 convirtió a Ecuador en el primer país en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza.
Es así que el artículo 71 establece por primera vez que la naturaleza o Pacha Mama tiene derechos propios, que se respeten su existencia y el mantenimiento y regeneración por parte de las personas.
El artículo 72 habla del derecho a la restauración que tiene la naturaleza. Y dispone que en casos de impacto ambiental, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado debe establecer mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Albán también es partidaria de mantener la consulta previa, libre e informada, pero también tiene que ser adecuada.
“Tener consulta previa y derechos de naturaleza no se opone a la minería responsable. El tema es cómo se los regula y cómo se los usa para obtener y generar la gobernanza ambiental. Pero lamentablemente, la interpretación de estas disposiciones de la Constitución, en los fallos de la Corte, han generado ese antagonismo que no debería existir. Esa es la oportunidad”, dijo.
Otro tema que debe pulirse en la nueva Constitución es el manejo de los sectores estratégicos y balancear las reglas de juego para los sectores público y privado.
“La primera oportunidad que se tiene es, precisamente, equilibrar entre lo público y lo privado. Creo que sería un tema interesante, que permitiría que las cosas funcionen de otra manera”, planteó Andrés Icaza, abogado y vicepresidente de la Cámara de Minería, sobre la desventaja de los inversionistas privados frente a la Empresa Nacional de Minera (Enami).
Además, sugirió que la minería ilegal debe tener otro tratamiento, más rígido, considerando los problemas de crimen organizado y delitos conexos que afectan al país.
Desde Perú, Diego Macera, director del Banco Central de Reserva y consejero del Consejo Fiscal, compartió las experiencias de ese país en materia legal, que han permitido a la industria minera expandirse y convertirse en un fuerte músculo económico, a pesar de la inestabilidad política.
Macera señaló que la solidez que ha conseguido la industria, dando espacio a que fluya la inversión privada, “no se construyó de la noche a la mañana”.
Mencionó que Perú atravesó por un proceso constitucional en 1993. Y en la actualidad cuenta con un marco tributario “razonable”.
“Una de las características que tiene ese marco tributario es que se adapta a los ciclos mineros en función de la utilidad operativa. Tiene un carácter progresivo. Las regalías se adaptan en función de la utilidad operativa”, describió.
La campaña electoral por la consulta popular arranca el próximo 1 de noviembre.
El abogado Sergio Núñez recordó que, si gana el sí, la asamblea constituyente no será de plenos poderes. (I)