La gerente del Banco Central, Verónica Artola, mostró la problemática que se vive alrededor de la Reserva Internacional (RI) que no tiene los suficientes activos líquidos para responder por los depósitos que custodia. Sostuvo que solo el encaje depositado por bancos, cooperativas y mutualistas en la entidad bajo su dirección, asciende a $ 5.186 millones, y los activos líquidos para respaldar todas las obligaciones son de apenas $ 5.500 millones. Pero además explicó que de esa cantidad de encaje, solo $ 1.800 millones equivalen al porcentaje obligatorio que debe mantener el sistema financiero. Por lo que, si quisiera el sistema financiero podría sacar mañana mismo $ 3.600 millones, sin ningún impedimento legal.

La explicación la dio esta mañana, ante la Comisión de Régimen Económico, durante la sesión realizada a fin de socializar el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización que se discute en ese ente legislativo con carácter de económico urgente.

Artola recordó, de otro lado, que en marzo del 2020, habían apenas $ 1.800 millones en la reserva y la demanda de liquidez en ese momento era de $ 1.500 millones por lo que hubo que acceder a créditos de liquidez inmediatos. Insistió en que esos escenarios de deben volverse a repetir, pues considera que si la falta de reservas es suficientemente fuerte, la dolarización podría caer.

Explicó que desde el 2008 hasta el 2016 se hicieron una serie de reformas que fueron vulnerando o debitando las reservas. En 2008 y 2009 se le permitió al BCE que con la Reserva Internacional (RI) pueda dar más crédito a la banca pública para dar crédito productivo. Para Artola, esa medida fue interesante en ese momento, sin embargo a junio del 2017 se logró comprobar que el 65% del monto, fue a parar a gasto público pues de destinó a comprar papeles del Ministerio de Economía y Finanzas. Recordó que en 2014 se eliminaron los cuatro sistemas del balance. También refirió que actualmente existe un desalce o hueco de activos líquidos de $ 7.000 millones.

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Todo ello lo dijo para ratificar la necesidad de un Banco Central independiente, que no tenga una política monetaria, que es de mediano y largo plazo, atada a las necesidades de las cuentas fiscales de corto plazo.

En este sentido pidió a los asambleístas “que escuchen la demanda de 9 de cada 10 ecuatorianos que quieren mantener la dolarización”. Explicó que en una economía dolarizada el papel del BCE se convierte en el custodio de la dolarización y garantizar que existan las reservas suficientes para satisfacer la demanda de activos líquidos. Si no existieran estas reservas habría una grave crisis económica, de incalculables consecuencias sociales.

Sostuvo que los cambios que se hicieron en el Gobierno anterior dieron como consecuencia el deterioro de la cobertura de las obligaciones del BCE. En 2007 antes de las reformas legales que hizo el Gobierno anterior, las Reservas (que son los activos líquidos) cubrían el 89% de sus obligaciones, pero para 2017 solo se cubría el 28%. Actualmente se ha logrado recuperar hasta un 46%. De acuerdo con Artola, lo que el Gobierno gastó en tres años, al país le tocará recuperar en 10 o 12 años. Reiteró que, de acuerdo con la propuesta de ley el primer sistema que contiene el respaldo de monedas acuñadas, el encaje bancario, de cooperativas, de mutualistas y dineros que tiene la banca pública así como Títulos del Banco Central (TBC) debe estar cubierto hasta el 100% hasta el 2026. Los otros tres sistemas, lo podrán estar hasta el 2035.

Dijo que la reforma busca que se establezca que el BCE podrá instrumentar la política monetaria, cumplir el rol del tercero confiable, que pueda gestionar el sistema central de pagos y recuperar la fuerza para poder generar análisis macroeconómicos.

También aclaró que en la ley no se habla de la liberalización de tasas, sino que habrán niveles de tasas que serán definidos por el Banco.

Tras la comparecencia de Artola, estuvieron también la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui y la de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Ellas explicaron los cambios normativos que trae consigo el proyecto de ley.

Arregui explicó que en la ley se busca avanzar en el cumplimiento de mejores prácticas internacionales, relacionados con las normas de Basilea. Se ha pedido que en caso de tener que aplicar sanciones a las entidades controladas, esta facultad sancionadora esté absolutamente identificada en la ley.  Otro punto importante de la ley es que se podrá pedir a las entidades bancarias un incremento de capital de entre 0,5% y 2,5% de manera general, y de 1%  a 3,5% si se encontrara algún riesgo sistémico. Todo con el fin de respaldar los ahorros del público.

Por su parte, Margarita Hernández explicó que con los cambios en la ley se busca igualar las facultades de ambas superintendencias y descartó que se quisiera debilitar al sector.