Los representantes de la Función Ejecutiva serán los primeros convocados para explicar mañana ante la Asamblea Nacional el proyecto de carácter urgente de la Ley Reformatoria al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.

La Comisión de Régimen Económico y Tributario del Parlamento avocó conocimiento, este 3 de abril, de la propuesta reformatoria remitida por el presidente de la República, Lenín Moreno, y que fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el pasado 29 de marzo.

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La mesa no aprobó el cronograma de trabajo por una confusión respecto a desde cuándo corren los plazos de diez días para empezar su tratamiento, es decir, si desde que el CAL les notificó con el documento o desde que avoca conocimiento.

No obstante, debido a la urgencia por ahondar en su debate, los asambleístas coincidieron en que se harán las gestiones para que desde este domingo (4 de marzo) acuda el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, para que sustente la aprobación de esta norma para la “defensa de la dolarización” en Ecuador.

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El cuerpo legal fue enviado con el carácter de urgente y debe ser aprobado en un plazo de 30 días. De lo contrario, podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley.

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Contiene alrededor de 104 artículos, ocho disposiciones reformatorias, seis disposiciones transitorias y, según el régimen, su objetivo es dar autonomía en el manejo de la política monetaria y “custodiar, sin presiones, los dineros de la Reserva Internacional (RI)”.

Fue calificada por el CAL en el tercer intento, pues en dos momentos anteriores fue rechazada por incumplir cuestiones de forma y constitucionales.

En un cronograma borrador que presentó el equipo asesor en la sesión virtual a la comisión legislativa, se detalló que el 31 de marzo el CAL les notificó con el texto legal, por lo que las comparecencias, tanto de los proponentes (el Ejecutivo) como de la sociedad civil, debían realizarse en los siguientes cinco días, desde el 5 de abril. Para el 10 de abril, como plazo “fatal”, tener listo el informe para primer debate.

Luego, se debía tratar en el pleno de la Asamblea. Corrían otros cuatro días para devolverlo a la Comisión para que recoja las sugerencias de los asambleístas y que elaboren el informe de segundo debate.

El 22 de abril se planificó como fecha “tope” para tener listo el informe del segundo debate; y, finalmente, se preveía su aprobación el 24 de abril en el pleno de la Legislatura.

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Pero estos plazos no convencieron a los miembros de la mesa, por una duda: si los diez días para escuchar las comparecencias y elaborar el informe para primer debate corrían desde que el CAL les notificó con la normativa o desde que avocaron conocimiento.

El presidente de la Comisión, Franco Romero (independiente), consideró que los plazos señalados estaban “bien”, pero escuchó las preocupaciones de sus colegas.

El asambleísta Patricio Donoso (CREO), por ejemplo, señaló que existe el precedente jurídico de que los plazos corren desde que se avoca conocimiento; con él coincidió la legisladora Ana Belén Marín (AP).

Lira Villalba (RC) mantuvo la postura de que mientras escuchan las comparecencias en la mañana, en la tarde pueden continuar con la elaboración del informe para agilizar la elaboración del texto.

El legislador César Solórzano consideró que los plazos van desde que se notifica a la Comisión.

Finalmente, Romero dijo que convocará para este domingo en horas de la tarde a los representantes de la Función Ejecutiva, para que comparezcan ante la Comisión, y que hará una consulta al departamento jurídico de la Asamblea para que se aclare la vigencia de los plazos y de esa forma ajustar los plazos. Según esto, la Comisión no aprobó el cronograma. (I)