Esta tarde se cerró el primer debate sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización, en el pleno de la Asamblea Nacional. La jornada se caracterizó por la exposición de varias observaciones de algunos asambleístas con el objetivo de mejorar el texto normativo y la posición de la bancada de Revolución Ciudadana (RC) de archivar la ley, por ser supuestamente inconstitucional y porque afectaría a la dolarización, en vez de defenderla.

La asambleísta Vilma Andrade, de la Bancada de Integración Nacional (BIN), dijo que el proyecto de ley le generaba ciertas dudas que pedía se tomen en cuenta para el segundo debate. Para Andrade, la eliminación del artículo 15 del Código Monetario y Financiero retiraría la capacidad del Estado de regular las divisas que pueden tener en el exterior las entidades financieras. También dijo que con la eliminación del artículo 142 se retira la capacidad del Estado de establecer ingresos de divisas no petroleras para las empresas exportadoras. Pidió que se establezcan más bien incentivos para que las empresas reinviertan esos dineros en el país.

Hacia el final de la tercera jornada de debate, el asambleísta Ramón Terán, del PSC, hizo varias observaciones, aunque dijo compartir la posición de su coideario Henry Kronfle en el sentido de que la ley es necesaria. Entre otras cosas, pidió revisar la constitucionalidad de la ley, especialmente sobre qué organismo debe nombrar a los miembros de las juntas Monetaria y Financiera. Su propuesta es que sea el Ejecutivo el que la nombre y el ente nominador sea el que establezca las causas de remoción del cargo.

Dijo que el artículo 12 de la propuesta da paso a que no ingresen al país las divisas provenientes de las operaciones de las entidades financieras en el exterior, facilitando así las operaciones off shore y en paraísos fiscales, y además, que las operaciones de crédito que las instituciones financieras contraten en el exterior no tengan límite.

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Sobre el artículo 16 del proyecto, consideró que convierte en una figura decorativa al presidente de la Junta Financiera, pues se derivan las responsabilidades a la Secretaría Técnica. Además expresó dudas sobre el artículo 39 de la normativa propuesta, que define a la Junta de Política y Regulación Monetaria como máximo órgano de gobierno del Banco Central del Ecuador, lo que, dijo, entraría en contradicción con lo que establece el artículo 22 del mismo proyecto, que caracteriza al Banco Central como un ente autónomo y responsable según lo dispuesto en este Código y la Constitución de la República.

Dijo estar preocupado por el artículo 47, que prohíbe al Banco Central comprar valores emitidos por el Estado o por cualquier otra entidad pública. Indicó que esta prohibición elimina la posibilidad de que los GAD puedan redescontar en el Banco Central los papeles fiduciarios del Gobierno que les entreguen por devolución del IVA y otras obligaciones pendientes

Sostuvo que le preocupa que el Banco Central salga del control de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría General del Estado. Para Terán, el Central queda impedido de intervenir en el funcionamiento de los instrumentos que permitan a los sectores no financieros acceder a mecanismos de liquidez inmediata.

También pidió revisar el artículo 80, que elimina la atribución de regular las tasas máximas de interés y sus valores por segmentos, con lo que se pueden unificar todas las tasas de interés en perjuicio de los sectores productivos.

Tanto Andrade como Terán se mostraron preocupados por las nuevas normas que se pretenderían aplicar al sector de la economía popular y solidaria.

Con el cierre del primer debate también se desestimó el pedido de archivo que hiciera la asambleísta Lira Villalba (RC) durante la segunda jornada de debate. El presidente de la Asamblea, César Litardo, no se pronunció sobre el tema.

Mañana por la tarde se llevaría a cabo una sesión de la Comisión de Régimen Económico, presidida por Franco Romero, para elaborar el informe de segundo debate que deberá ser conocido por el pleno, la próxima semana. La Comisión tiene cuatro días para hacerlo. Hasta el 25 de abril, en cambio, tiene plazo la Asamblea para aprobar o negar el proyecto.