Elevar a Ley el actual sistema de indexación del precio de la leche, vigente desde hace nueve años en base al Acuerdo Ministerial 394-2013, que indexa el precio de sustentación a 52,4 % del precio de venta al público del litro de leche UHT en funda, lo que resulta en un precio mínimo de $ 0,42 por litro, es materia de discusión de analistas económicos y representantes del sector lechero nacional.

Esto después que el informe para segundo debate del “Proyecto de Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados” fue aprobado el 6 de abril pasado por la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero del Legislativo.

Asamblea Nacional cierra primer debate de un proyecto de ley que fija en $ 0,42 el litro de leche en finca

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, recordó que en el actual sistema de indexación se agregan adicionales por contenido de grasa, proteína, calidad higiénica, y calidad sanitaria de los animales que pueden alcanzar un total de 11,4 centavos.

Sin embargo, señaló que la cadena ganadera tiene graves problemas, muchos de ellos asociados justamente a este esquema de indexación de precios. Uno de estos radica en la baja competitividad, pues Ecuador es uno de los países más costosos de la región e incluso a nivel mundial.

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La producción por animal es de apenas 6,78 litros por día. El costo de la leche cruda es elevado, incluso bajo estándares internacionales. En Ecuador, la industria formal paga $ 0,42 al productor, mientras que en Nueva Zelanda son $ 0,39, Brasil $ 0,38, al igual que en EE. UU. y la Unión Europea, en Uruguay se paga $ 0,34, Argentina $ 0,32 y en México y Colombia $ 0,31.

“Es común pensar que los precios son valores arbitrarios. Creer que, si los productores ‘fijan’ precios, entonces el Gobierno también lo puede hacer. Sin embargo, este razonamiento es errado. Los productores no ‘fijan’ precios, sino que los descubren en el mercado”, analizó Acosta, quien explicó que en un mercado libre no puede existir exceso de producción ni escasez.

Indicó que si la producción sube más rápido que la demanda, el precio caerá hasta igualar la oferta con la demanda. Pero la situación es distinta cuando el Gobierno interviene en la fijación de un precio arbitrario. Entonces, desaparece ese equilibrio entre oferta y demanda y se produce una cadena de costosos desequilibrios, agregó el analista.

Por su parte, Rodrigo Gallegos, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea (CIL), aseguró que la fijación de precios no puede hacerse a través de una ley, además de que el Art. 147 de la Constitución establece que el diseño y la implementación de las políticas públicas es competencia del ejecutivo, no de la Asamblea Nacional; de manera que a esta última no le corresponde establecer la política de precios.

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Sostuvo que si de todas maneras se fija en una ley el precio del litro de leche en finca a $ 0,42 se generará una falsa expectativa de un pago elevado lo que acarreará consecuencias complejas para el sector.

“Esto se dará por un corto periodo de tiempo puesto que se incrementará la producción de leche, que no podrá ser absorbida por la industria y engrosará el fenómeno de la informalidad como única válvula de evacuación de la producción incremental”, analizó Gallegos, quien explicó que las fluctuaciones de la demanda (positivas o negativas acorde a los ciclos de consumo), deberían tener como efecto natural el que el mercado se ajuste a la nueva estructura de consumo, pero al no tener un sistema flexible, basado en el control de precios, lo que sucederá es un incremento en el exceso de la oferta, cuya única válvula de escape será la informalidad.

Informalidad que ya es mayoritaria en el sector. Según el Director Ejecutivo del CIL, actualmente la leche procesada reportada por la industria formal representa el 40 % del total de leche producida, mientras que el 60 % corresponde a la leche procesada y comercializada de manera informal.

Cifras del sector revelan que en cuanto a la cantidad de procesadores existen 1.163 empresas registradas en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), es decir, que cuentan con registro sanitario; sin embargo, más de 4.000 procesadores no poseen este requisito.

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La falta de tecnificación y asociatividad también jugaría en contra de la mayoría del sector que agrupa a 299.000 productores de leche, con diversos grados de tamaño y tecnificación, en el que solo el 4 % (11.960 ganaderos) tienen más de 100 hectáreas y están altamente tecnificados, con inversión muy significativa en genética, salud animal y calidad de la producción.

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El 26 % (77.740) son medianos, con propiedades entre las 21 a 100 hectáreas y tienen inversiones importantes en una producción semi-tecnificada. Mientras, que el 70 % de los ganaderos (209.300) se dedican a la producción a pequeña escala, con muy poca técnica y con productividades muy bajas.

“Al ser, en su gran mayoría, explotaciones ganaderas de baja tecnificación, sin asociatividad y sin generar economías de escala ni control de calidad, lo más probable es que el precio fijado no cubra los costos de producción, no se optimicen los márgenes de rentabilidad y tampoco accedan a mecanismos formales de comercialización de leche”, sostuvo el dirigente, quien lamentó que paradójicamente, los más pequeños serán los más afectados en caso de que esta ley se apruebe.

En tanto, Emilio Mendoza, productor de leche de Chone, provincia de Manabí, aseguró que el costo promedio de producción del litro de leche es de $ 0,33, por tanto, en teoría sí se cubrirían los gastos.

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No obstante, aseguró que esa no es la realidad para la mayoría de productores que se sitúan muy por encima de este valor.

“En mi opinión, como productor, es que tendrá un impacto negativo, la realidad es que la mayoría de las ganaderías somos ineficientes con costos de producción por encima de $ 0,33 y establecer un precio mínimo no hará más que enquistar el problema”, indicó Mendoza, quien aseguró que en Ecuador la ganadería es demasiado dependiente de insumos externos que impactan negativamente en los costos de producción.

Por otro lado, señaló que es necesario incrementar el consumo de leche que ronda los 99 litros por persona al año. Uno de los aspectos que explica este bajo consumo es el precio, según Mendoza, y dijo que mientras que en los países desarrollados una persona destina el 0,07 % de su renta para adquirir un litro de leche, en Ecuador debe destinar un 0,17 %.

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Gallegos cree que iniciativas como la expuesta por Mendoza son válidas en la medida que se pueda contar con producción flexible y generada efectivamente a partir de la demanda real de los productos lácteos.

Mientras, para Acosta, una alternativa es un sistema de precios referenciales recopilados en una bolsa de productos en donde queden registradas todas las transacciones. “Usando esa información, los productores pueden acceder a acuerdos voluntarios con la industria láctea para suscribir condiciones de volumen, plazo, calidad y precio en la venta de la leche”, explicó.

¿Importación de lácteos y cárnicos?

A la situación del precio de la leche, esta semana se sumó el anuncio del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre que se analiza importar productos lácteos y cárnicos desde Uruguay, que no fue bien recibido en el sector productor.

Francesco Tabacchi, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, aseguró que no existe ninguna necesidad de importar productos lácteos y cárnicos, ya que el Ecuador es completamente autosuficiente.

“Más bien deberíamos buscar exportar nuestra producción para que ingresen divisas en lugar de salir”, sostuvo el dirigente, quien reveló que Ecuador tiene una sobreproducción de casi 300.000 litros diarios; y se producen 200.000 toneladas métricas de carne al año, lo que cubre perfectamente la demanda nacional.

Tabacchi informó que este jueves 21 de abril recibió la llamada del ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, quien le indicó que en caso de darse un tratado con Uruguay se respetarían los cupos de importación de estos productos cárnicos y lácteos que se encuentran vigentes en la actualidad.

“El Gobierno debe escuchar las necesidades del sector; en vez de importar carne o lácteos se debe de importar tecnología y genética”, sugirió. (I)