La noche del viernes 31 de octubre, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, que asciende a $ 46.255 millones (que incluyen financiamiento y amortizaciones) y la programación cuatrianual 2026-2030.
Se estiman ingresos por $ 30.121 millones y gastos de $ 35.534 millones. La brecha da como resultado un déficit fiscal de $ 5.414 millones, equivalentes al 3,9 % del producto interno bruto (PIB), que será cubierto mediante operaciones de financiamiento público.
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En comparación con la proforma de 2025, para el año que viene el Gobierno calcula que tendrá un 9,8 % de ingresos y 7,5 % más gastos.
Los recursos del PGE de 2026 contemplan la eliminación del subsidio al diésel, que significaba alrededor de $ 1.300 millones anuales.
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Como supuestos macroeconómicos adicionales para el próximo año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó los siguientes indicadores:
- Producto interno bruto: $ 139.046 millones
- Crecimiento real del PIB: 1,8 %
- Precio promedio estimado de exportación de crudo: $ 53,5 por barril
- Volumen de producción petrolera: 165 millones de barriles
- Inflación anual promedio: 3,2 %
La estimación del precio referencial del crudo es $ 9 menos a lo proyectado en la proforma 2025, lo que refleja la caída de los precios internacional del mercado petrolero a escala mundial debido a una mayor oferta de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El Gobierno preparó el terreno para la presentación de una proforma en la que los ingreso se quedan cortos para cubrir los gastos.
El jueves el presidente suscribió el Decreto Ejecutivo 199, con el cual se permite que el próximo año se puedan utilizar ingresos no permanentes, como deuda, venta de activos y venta de petróleo, para financiar gastos permanentes de los sectores de la salud, educación y justicia.
El decreto modifica temporalmente la regla fiscal que establece cubrir gastos permanentes con ingresos permanentes.
La medida se adoptó debido a la “inflexibilidad del gasto”, con el fin de “reducir la presión existente sobre el presupuesto general del Estado”, señala el decreto presidencial.
Para 2026, el rubro de gastos permanentes se calculó en $ 23.482 millones, de los cuales el Ejecutivo prevé desembolsar casi la mitad ($ 10.079 millones) en gasto de personal.
Respecto de las asignaciones para salud y educación, el Gobierno asegura que se cumple con el incremento constitucional del 0,5 % PIB para los dos sectores.
En el caso del Sistema Nacional de Salud se destinarán $ 5.840 millones y para Educación Inicial, Básica y Bachillerato, $ 5.984 millones.
Una vez que la proforma llegó a la Asamblea Nacional, el Legislativo tiene 30 días para aprobar u observar, en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual.
Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma, establece la Constitución. (I)