El abogado y exprocurador de Petroecuador, Romel Rosales, se refiere al cambio normativo que ocurrió en septiembre del 2023 en la estatal petrolera y que ahora permite que las empresas mencionadas en casos de corrupción puedan seguir participando como clientes o proveedoras de Petroecuador mientras no tengan una sentencia en su contra. Para el jurista, con varios años de experiencia en el tema petrolero, Petroecuador sí podía tener su propia ley anticorrupción caracterizada por la cero tolerancia a la corrupción. Considera que el cambio que se ha dado durante la administración de Reinaldo Armijos pone en riesgo a la empresa estatal de que empresas con potencial vicio de corrupción sigan participando y ganen concursos. El tema se ha vuelto relevante en estos días porque empresas como Gunvor, Vitol y Trafigura han sido señaladas en las Cortes de Estados Unidos como empresas que pagaron sobornos a Nilsen Arias y otros funcionarios para obtener contratos. Trafigura sigue siendo proveedora, tras el cambio de la normativa.

¿Cuál es su criterio sobre reforma al reglamento de Petroecuador que limita la desvinculación a empresas señaladas por corrupción, solo a aquellas que tienen sentencia ejecutoriada? ¿Qué es lo correcto jurídicamente y qué es lo más sano para el país?

Escuché y leí las declaraciones del exgerente Armijos y creo podría haber cierta razón por su parte respecto a que si no existe un proceso formal de parte de un ente gubernamental, que determine delitos, Petroecuador no podría eliminarlos de los registros. Sin embargo, este no es el espíritu de la norma que estaba vigente hasta septiembre del 2023.

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¿Cuál era el espíritu?

El espíritu de la norma anterior era abstenerse de contratar con empresas que tengan un mínimo de práctica de corrupción. Bajo ese escenario con políticas antisobornos la empresa vela por los intereses del Estado y se reserva el derecho a que participe una empresa con potencial riesgo. Pero ahora esto ha cambiado.

¿Qué opina del criterio de que con la norma anterior que era más rigurosa contra las empresas señaladas de corrupción se estaría vulnerado el derecho de empresas si se las retira del registro sin sentencia ejecutoriada?

Petroecuador goza de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Esto lo dice el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 315 por el que se creó Petroecuador. Esta autonomía le faculta a crear ciertas normas y condiciones para sus procesos de contratación. Un caso similar fue el de Petroamazonas, ahora fusionada con Petroecuador, que creaba su normativa para contratos de exploración y explotación con base a la disposición derogatoria novena del sistema de la Contratación Pública que excluía de los procesos de esta empresa al sistema de contratación pública. El directorio se reunía, aprobaba la normativa y, bajo esta, contrataba. Algo similar ocurre con la cadena de Comercio Internacional que tiene una normativa propia y específica para sus contratos. Se aparta de la compra normal. Estas normas son las que marcan las reglas de juego relacionadas con estándares anticorrupción.

¿Pero entonces Petroecuador con la normativa anterior sí cumplía con los derechos y con los parámetros anticorrupción?

La norma vigente hasta septiembre del 2023 decía en el artículo 38 que debían ser retiradas o no podrían ser parte del registro las empresas, matrices, y demás sin limitación, que se encuentren inmersas en etapas de investigación abiertas en cualquier jurisdicción. Podría ser en el país o en el extranjero, por aplicación de políticas anticorrupción. Pero recuerde que esto no se lo había inventado Petroecuador, sino que maneja políticas anticorrupción en normas que no toleran en lo mínimo las corruptelas, y prácticas de corrupción. Petroecuador tiene una suerte de normativa paralela que le permite resguardar los intereses empresariales en virtud de las políticas anticorrupción. Incluso hay dentro de la empresa una política antisobornos que tiene como objetivo mantener principios básicos de ética, responsabilidad social, transparencia que es algo que se apega a este caso.

¿Cabe entonces que se diga que las empresas podrían haber denunciado al Estado por esta normativa y que por eso se la cambió?

No cabía en el anterior escenario una reclamación por vulneración de derecho alguno de las empresas. Simplemente las participantes se debían apegar a la normativa de Petroecuador y sus procedimientos de contratación y lo que podría ocurrir si es que alguna empresa se cree perjudicada o que se le está dando un trato discriminatorio sería que vaya a tribunales y que le obligue a Petroecuador a inscribirle en el registro de proveedores. Modificar la norma signficó poner en riesgo a Petroecuador de que una empresa que tenga vicio de práctica de corrupción pueda participar en los procesos y lo más grave que pueda ganar.

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¿Qué consecuencias podría tener la empresa?

Puede pasar que tengamos empresas que se encuentren siendo investigadas en sedes o países extranjeros por prácticas de corrupción y que puedan seguirse beneficiando de contratos. Pero de declarase culpables, habría problemas de tener que regresar a fojas cero en la programación por problemas de suspensión de contratos. La planificación empresarial se ve afectada. Yo me pregunto qué pasa con los contratos adjudicados con empresas ya declaradas corruptas si Contraloría o Procuraduría los declaran nulos.

¿Qué tan posible es que una empresa pueda ser juzgada y que le llegue una sentencia condenatoria, o esto es muy poco probable?

Si es posible que una empresa tenga una sentencia condenatoria, pero el tiempo a esperar a que esto ocurra sería largo y conllevaría los riesgos que hemos comentado antes para el Estado. Si esta empresa era culpable y se le adjudicó varios contratos el Estado debe entrar en un proceso de terminación de contratos, abrir nuevos contratos para suplir los que se caen.

¿Cuál es la práctica habitual de las empresas petroleras a nivel mundial en este tema de contrataciones y las empresas corruptas?

Lo ideal es abstenerse, la política cero tolerancia a la corrupción no solo se aplica en el país. Es una política mundial. Exponer al país a un potencial riesgo de adjudicar un contrato es algo no deseado. Petroecuador lo manejaba así hasta septiembre del 2023.

¿Sería conveniente que las actuales autoridades de Petroecuador pudieran retornar a una norma más radical como la que había antes?

Yo considero que sí, esta norma escala a nivel empresarial. En derecho público se puede deshacer como se hizo. Y si existe la voluntad y el análisis de las autoridades de la empresa en aras de ser más rigurosos y aplicar normas cero tolerantes a la corrupción, sería beneficioso para el país. (I)