Menos de 24 horas después de que el presidente Guillermo Lasso anunciara el proyecto económico urgente de la Ley Creando Oportunidades, que incluye nuevas medidas económicas, lo presentó en la Asamblea Nacional y desde varios sectores ya hacen sus primeros comentarios.

Un nuevo marco normativo moderno y zonas francas están entre las iniciativas que se incluirán en esta ley que busca crear trabajo y atraer inversiones.

Para Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, aún hay que revisar con más detalle el proyecto, pero que la propuesta de zonas francas “es un gran elemento de desarrollo de sectores y de generación de exportación y empleo”.

“De esta forma, se busca incluir a sectores de la economía que se encontraban excluidos de la obtención de estos beneficios que buscan generar empleo y el desarrollo económico y productivo del país. Bajo este mismo fin se implementarán las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL), cuyo propósito es crear un corredor logístico de paso de mercancía que generará empleo y fomentará el desarrollo económico de las zonas donde se encuentran los diferentes puertos y aeropuertos, considerando que la ubicación estratégica de nuestros puertos puede ser atractiva para la gestión logística de carga de países vecinos”, dice en la propuesta de ley.

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“El proyecto de ley está proponiendo cambios positivos en temas laborales, tributarios y de inversiones. Y justamente el país necesita cambios urgentes. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) vamos a apoyar todo aquello que sea beneficioso para generar inversión y crecimiento económico, dice Miguel Ángel González, presidente de la CCG.

Leonardo Otatti, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), dice que en el poco tiempo que se ha tenido para revisarla le parece que en términos generales se ve un impulso muy grande hacia el emprendimiento y todos los temas digitales al tener una eliminación del ICE en el área de las telecomunicaciones.

De acuerdo con el proyecto, las reformas al sector de las telecomunicaciones tienen el objetivo de “impulsar las inversiones y empleos que promuevan la conectividad”, ya que el país aún está por detrás de sus vecinos y otros mercados similares. Por ello, el proyecto “ataca este problema incluyendo mecanismos que fomenten la inversión en conectividad en las áreas rurales, especialmente mediante la regulación del mecanismo de devengamiento de contribuciones mediante inversiones”.

“Entendamos que para el mundo digital las telecomunicaciones son las autopistas, la estructura vial del mundo físico. Es una extraordinaria noticia, entendiendo que se mejorarán los precios y/o mejoran las condiciones y calidad y podrá llegar esto a más gente... La otra parte que vemos bien es que hay mucho impulso a emprender, a hacer empresa, facilitar la entrada de nuevas alternativas al mercado y a la economía, y, por otro lado, el tema de las zonas francas se vuelve un tema que podría ser muy interesante e importante para gente que hace comercio exterior y que trae mercadería”, dice Otatti, quien añade que hay cosas que se deben analizar un poco más, pero desde la industria se ve con interés y mientras más pronto salga la ley, el mercado va a aprovechar estas condiciones y habrá beneficios en oferta y demanda.

En tanto, Daniel Elmir, vocero de Constructores Positivos, opina que “el proyecto como está puede ser un primer paso para la inversión, pero hacen falta condiciones de seguridad jurídica a largo plazo si queremos realmente ser atractivos para inversionistas no solo nacionales, sino internacionales”.

Agrega que en cierta medida la eliminación del régimen microempresas va a darles algo de oxígeno a los pequeños empresarios locales, porque ese impuesto no tenía una razón lógica e iba en contra del emprendimiento al tratar únicamente el tema impositivo mirando las ventas. Aunque plantea que falta atender a su industria: “Al sector de la construcción no se le ha dado una ayuda real con este proyecto, si bien el nuevo sistema de contratación será bueno para nosotros, no es suficiente”.

“En cuanto a las contribuciones especiales y temporales, vamos analizar en detalle lo propuesto en el proyecto de ley, para dimensionar el impacto, entender las razones y poder definir si es correcto o no. En ese sentido, en el sector empresarial hay sentimientos encontrados. Por un lado, nadie quiere más impuestos, y más bien la economía necesita menos impuestos. Además que actualmente se está todavía pagando la contribución especial impuesta por el Gobierno anterior, y ahora a varios les tocaría pagar nuevamente otra contribución. Por otro lado, hay confianza en que el Gobierno quiere hacer bien las cosas. Este es un gobierno que ha estado en contra de los impuestos. Así que hay que entender bien por qué lo están proponiendo. Lo que el sector empresarial sí quiere ver es que el sacrificio sea hecho también en el sector público, reduciendo gastos improductivos, burocracia y luchando contra la corrupción, para así disminuir déficit y no tener que aumentar impuestos”, agrega González. (I)