Dos altos funcionarios del Gobierno anterior señalan inconsistencias en el discurso del gobierno de Guillermo Lasso, sobre todo en el tema económico y petrolero. A propósito de que se ha cumplido un año de gestión, el presidente Lasso y sus funcionarios han establecido algunas ideas clave que son rebatidas por los exfuncionarios.

Por ejemplo, el exministro de Economía y Finanzas Mauricio Pozo, quien fue el último ministro del gobierno de Lenín Moreno, se mostró en desacuerdo con el discurso del Gobierno sobre que han estado poniendo la casa en orden, durante el primer año de gestión.

“A qué le llaman orden y a qué le llaman desorden”, se preguntó.

Asegura que en año 2020, año de pandemia, el gobierno de Moreno firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $ 6.500 millones, que incluyeron los $ 4.000 millones entregados a finales del 2020 y le dejaban al nuevo $ 1.500 millones para 2021 y $ 1.000 millones más para 2022. Explicó que los $ 4.000 millones se desembolsaron porque el Gobierno había cumplido metas cualitativas y cuantitativas. Entre ellas, la baja del déficit fiscal y aprobación de la Ley Anticorrupción y la Ley de la Dolarización. Además, aseguró que en 2020 se defendió el esquema de bandas de los combustibles, lo cual apoyaba el compromiso de ir disminuyendo los subsidios a los combustibles y expuso que había un compromiso de no incrementar el salario básico para no afectar la competitividad. También recordó que el Gobierno dejó firmado un convenio con la DFC (Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE. UU.), que no ha continuado.

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En cuanto a temas fiscales, aseguró que se trabajó fuerte en la baja del déficit, que debido a la pandemia se calculó que podría llegar al 11 %, pero en realidad cerró en 7 %. Además dijo que la estimación de ese momento fue que el 2021 llegaría a un déficit de 4 %. Es decir, metas que el nuevo Gobierno las mantuvo.

Señaló que si la casa hubiese estado en desorden, entonces no se hubiese firmado el acuerdo con el FMI. Y comentó que los últimos tres años del gobierno de Moreno se trazó una nueva ruta que ha sido seguida por Lasso, aunque con ciertas inconsistencias como la eliminación del sistema de bandas y congelamiento de ciertos combustibles (gasolinas y diésel), así también el aumento de salario que se dio más como un tema político antes que técnico. “En resumen, no pueden por ningún lado decir que recién ahorita está poniendo la casa en orden, cuando siguen el mismo programa económico. Si hubiese estado mal, debieron cambiarlo y no lo ha hecho”, aseguró.

En todo caso, dijo que seguramente tendrán que seguir consolidando y ordenando o puliendo cifras, lo que es normal debido a la dinámica de una economía cambiante.

Entre tanto, Fernando Santos, exasesor del ministro de Energía René Ortiz, en el gobierno de Lenín Moreno, consideró que en este año aún no se ve concretada la promesa de incremento de la producción petrolera. Explicó que al 23 de mayo de 2021 estaba en 498.000 barriles, mientras que al 23 de mayo de 2022 se ha colocado en 491.000 barriles. Tampoco se han concretado proyectos que tienen que ver con la inversión extranjera como la concesión de la Refinería de Esmeraldas, ni ha habido avances en las rondas petroleras. Sobre el tema de las ventas spot que sí las está cumpliendo Petroecuador, indicó que este tipo de contratos se reestableció en el tiempo del ministro Carlos Pérez García. Añadió que en el gobierno de Rafael Correa no existía esa transparencia y por ello resultaban adjudicadas empresas chinas y tailandesas. En el gobierno de Moreno se retomaron las ventas spot y ahora “este Gobierno ha continuado con esta nueva práctica, pero no la ha inventado”, dijo. En todo caso, Santos hizo votos para que la producción petrolera repunte este año, llevando adelante la ejecución del Ishpingo y la reactivación de pozos cerrados.

Otro tema que el Gobierno ha promocionado ha sido que “el festín de los intermediarios” ha terminado. Sin bien en algunas operaciones comerciales ya han empezado a participar empresas refinadoras, aún hay empresas intermediarias, que continúan participando y ganando concursos. En este tema, Santos sostuvo que los intermediarios no son malos por sí mismos, sino que se deben realizar concursos transparentes, para que la mejor oferta gane. Ojalá se pueda elevar a ley que todas las operaciones comerciales se puedan hacer vía licitación, opina. (I)