Los decretos leyes que ha enviado el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional no han tenido la respuesta que esperaba el Gobierno: solo dos aprobados, tres rechazados y dos que esperan dictamen. Pero la ciudadanía, empresarios, actores políticos y gremiales sí han dado repuestas para dar sus aportes con sus posturas a favor y en contra presentadas en casi 80 amicus curiae sobre esos decretos leyes, lo que demuestra que hay interés de los sectores involucrados, según analistas.
Según los registros de la Corte Constitucional, suman al menos 76 amicus curiae presentados por las diferentes organizaciones por los siete proyectos enviados por Lasso luego de que en mayo pasado aplicara la muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional.
Dos de los decretos que más tuvieron posturas desde la sociedad civil son los que han sido aprobados: el de Fortalecimiento de la Economía Familiar, que contempló una reforma tributaria y que fue el primero en ser enviado tras la muerte cruzada y en tener aval de la Corte Constitucional; para esa ley hubo 24 amicus curiae. Mientras que por el de Creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas PET no Retornables se presentaron 15 de estos escritos; este decreto ley obtuvo dictamen favorable este 19 de septiembre.
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El decreto sobre zonas francas también tuvo un amplio interés: 16 personas o grupos plantearon sus argumentos a favor y en contra ante la Corte. Esta propuesta no pasó el control constitucional. Tampoco la de Reestructuración Empresarial (13 amicus) ni la de Apoyo Financiero a favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas (1).
Falta que la Corte resuelva por proyectos más recientes enviados por el Ejecutivo: para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, que de momento cuenta con 6 amicus curiae, y el de Gestión de Riesgos y Desastres, que tiene uno.
Las diferentes posturas expresadas por las organizaciones a los decretos enviados por el Ejecutivo demuestran “evidentemente” que hay interés de los sectores en participar, de acuerdo con el analista económico Segundo Camino Mogro.
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Indica que el ente constitucional requiere la ayuda de la ciudadanía, que en principio va a comentar aquellos decretos que realmente crean ellos que les “pueden ayudar de una forma significativa o empeorar su situación de una manera significativa”.
Bajo ese argumento, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó un amicus curiae en contra del decreto ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, pues considera que no es de urgencia económica y que “en ese proyecto se plantea que se desconozca el pago de intereses por la deuda histórica a la seguridad social, que sobrepasa los $ 3.500 millones, en el tema del pago del 40 % de pago de las pensiones jubilares que por ley le corresponde dar al Gobierno nacional”, señaló el vicepresidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), Eduardo Ortega, que es parte del FUT.
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Además, dice que se plantea la disminución del porcentaje para educación y salud. Cree que se “pretende dejar desprotegidos a quienes se encuentran con enfermedades catastróficas, ya que no tendrían la cobertura del 100 %, sino solamente entre un 23 %”.
Camino Mogro indica que este decreto ley “deja mucho que desear, en el sentido de que se comienza o se prevé disminuir la cantidad de recursos públicos que se les puede asignar a la salud y educación; incluso se habla del no pago de algunos temas de la seguridad social. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso.
La Corte Constitucional da paso a los decretos leyes que cumplan el carácter de urgente en materia económica.
El analista indica que la CC tuvo razón al rechazar el Decreto Ley para la Atracción, Fomento de la Inversión para el Desarrollo Productivo, porque no era una ley que atañe al corto plazo, puesto que atraer la inversión extranjera toma muchísimo tiempo y en la coyuntura actual se debe considerar que es un periodo de elecciones.
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También menciona el de Reestructuración Empresarial, porque decretos de este tipo tampoco se ejecutan en el corto plazo. “No quiere decir que porque hoy aprobamos una ley de reestructuración de las empresas en dos meses vamos a solucionar el problema de empresas que están altamente endeudadas y que no están generando el empleo y la dinámica empresarial respectiva”.
Para él, este tipo de leyes debería tratarlas la nueva Asamblea Nacional en función de lo que quiera el nuevo presidente de la República del Ecuador.
Sin embargo, indica que la CC sí debería “tomar muy en consideración el decreto ley respecto a fenómenos naturales, debido a todo este problema que se va a ocasionar y que ya se está ocasionando por el tema del fenómeno de El Niño”. (I)
