En medio de los diálogos por los precios de los combustibles que lleva adelante el Gobierno con los transportistas, varios expertos ven en la continuación del sistema de bandas, así como en la focalización de compensaciones para ciertos sectores, la vía de solución. El congelamiento de precios, planteado por ciertos sectores, dejaría sin financiamiento las ayudas sociales previstas para los sectores más vulnerables.

Para el exministro de Finanzas Jorge Gallardo los subsidios a los combustibles benefician desproporcionadamente a los que más tienen, y congelar los precios de los combustibles dejaría sin financiamiento los proyectos de ayuda a personas más vulnerables. Gallardo, quien también es miembro de la Fundación Ecuador Libre, asegura que el subsidio a los combustibles es distorsivo y regresivo, es decir, beneficia más a los sectores ubicados en los deciles más altos, en detrimento de los que más necesitan.

Explicó que, por ejemplo, en 2020 el subsidio al diésel benefició al 46,1% de la población ubicada por ingresos en los tres deciles más altos; en cambio, la población ubicada en los tres deciles más bajos se benefició tan solo con el 17,8% del mismo.

En las gasolinas sucede algo similar, dice Gallardo. La población ubicada en los tres deciles más altos se benefició con el 54,3% de los subsidios en comparación con el 12% recibido por la población más pobre.

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Para Gallardo, la eliminación gradual del subsidio general a los combustibles genera recursos para financiar los programas sociales dirigidos hacia las familias más pobres.

Gallardo recordó que en el programa suscrito con el FMI se contempla que la cobertura de la asistencia social por parte del Estado se incrementará del 37% al 80% de las familias ubicadas en los tres deciles más bajos. Esto representa $ 592 millones para financiar el programa de transferencias de dinero que se harán principalmente a través del BDH. Adicionalmente se estableció una asignación compensatoria de $ 90 millones que se debe pagar en forma bimensual a partir del 15 de diciembre pasado hasta octubre del 2021, lo que requiere $ 126 millones. “Eliminando el subsidio esos recursos irán a los sectores más vulnerables”, dice Gallardo, pero si se congelaran los precios se dejarían sin financiamiento los programas sociales.

Ayer, el precio del crudo se mantenía al alza. El WTI, que es el marcador para Ecuador, se ubicó en $ 71,7. Los precios altos del crudo incrementan los subsidios y elevan también los precios al consumidor, que de momento se manejan con base en la banda que permite el incremento mensual: del 5% en gasolinas y 3% en diésel.

En este sentido, Oswaldo Erazo, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), considera que la banda de precios debe continuar, y asegura que si el congelamiento se diera esto significaría que el subsidio le costaría al fisco unos $ 1.000 millones en el año. Para Erazo, si se continúa con el sistema de bandas, al ritmo actual faltarían unos cinco meses para eliminar el subsidio a la gasolina y entre doce y catorce meses para que ocurra lo mismo con el diésel.

Acerca del diálogo entre transportistas y Gobierno, saluda la iniciativa. Reconoce que es un tema tabú en el país. Sin embargo, hace algunas observaciones a la iniciativa. Dice no entender por qué en esta mesa de diálogo no está el ministro de Economía, Simón Cueva. Además explica que no se ha llamado al sector de distribuidores de combustibles, pero considera que su sector es importante, sobre todo en el momento de discutir los mecanismos de compensación.

Sobre el precio del crudo, Miguel Robalino, abogado petrolero, explicó que la tendencia es al alza por una serie de factores geopolíticos: recuperación de la economía, falta de producción de esquistos y los problemas con Irán. Considera que los precios del Brent podrían superar los $ 80. Coincidió en que los estudios revelan que, en lo que tiene que ver con el parque automotor, la clase media se beneficia del subsidio en un 22% y la clase alta en un 58%, mientras que los más vulnerables en apenas 20%. Para Robalino, las bandas deben seguir avanzando hasta llegar a precios internacionales, considerando que los de nuestros países vecinos son más altos y esto se convierte en un incentivo para el contrabando.

Para Robalino, la ruta debe ser: reducción progresiva de los subsidios, compensación a los más desfavorecidos y prevención del contrabando. (I)