La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), la más grande del país, con 1.500 megavatios (MW) de potencia, será manejada por la empresa estatal Power China que se encargará de la operación y mantenimiento de la planta a cambio de $ 400 millones, que llegarán a Ecuador hasta diciembre de 2026.
Ese fue uno de los acuerdos alcanzados en la visita que hizo el presidente Daniel Noboa al país asiático, informó la canciller Gabriela Sommerfeld, en una entrevista en Teleamazonas, el 8 de julio.
Según Sommerfeld, el acuerdo fue firmado con las ministras de Energía, Inés Manzano, y de Finanzas, Sariha Moya.
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La canciller no brindó más detalles sobre las implicaciones de la negoción, ni si esto implica el fin del arbitraje internacional entre el Estado ecuatoriano y la contratista china Sinohydro.
El Ministerio de Energía y Minas tampoco proporcionó datos más amplios sobre el acuerdo, a pesar las continuas consultas de periodistas.
La compañía Power China, según su página web, es un grupo de construcción integral. Proporciona inversión y financiamiento, diseño de planificación, construcción de ingeniería, fabricación de equipos y gestión de operaciones, etc.
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Tiene negocios en más de 130 países, con una amplia cartera de proyectos de energía solar, viento, hidro, termal, transmisión, almacenamiento, biomasa, hidrógeno y otros.
Posee un conglomerado de 69 empresas miembros, entre las cuales está la compañía Sinohydro, que construyó Coca Codo Sinclair.
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La central hidroeléctrica, ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, inició su construcción en julio de 2010 y tuvo un costo que habría superado los $ 3.000 millones.
Desde su puesta en operación, en el año 2016, ha presentado inconvenientes al detectarse múltiples fisuras en su infraestructura, entre otros problemas.
Debido a las fallas, los gobiernos de turno no han recibido oficialmente la obra, lo cual derivó en disputas legales entre el Estado y Sinohydro.
En mayo de 2021, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) impulsó un proceso de arbitraje en contra de la empresa china ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Santiago de Chile.
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Celec fundamentó su queja en las controversias para dar una solución definitiva ante el problema de al menos 7.000 fisuras en los distribuidores de presión de las turbinas de la central.
Hasta julio de 2022 las fisuras se multiplicaron a un total de 17.499, a pesar de que se habían realizado cinco reparaciones.
En medio del proceso, en marzo de 2023 el Gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso inició un proceso de negociación con Power China.
Se buscaba un acuerdo para que la empresa asiática se encargue de arreglar los daños de la hidroeléctrica y además hallar una solución ante el riesgo de la erosión regresiva del río Coca, que se presentó en febrero de 2020. A cambio, la estatal china tendría la concesión de la hidroeléctrica.
Las autoridades hablaron de encontrar una banca de inversión internacional que acompañe al Gobierno en los diálogos con Power China y llegar a convenios.
En septiembre de 2023, representantes de la estatal china llegaron a Ecuador y dialogaron con las autoridades de turno, incluyendo al ministro de Energía de la época Fernando Santos Alvite, quien en la actualidad considera que los $ 400 millones ofrecidos por Power China es un monto “muy bajo” en comparación con las reparaciones que requiere la central.
Las conversaciones no llegaron a cerrarse. Y en 2024 Sinohydro planteó una contrademanda contra Celec dentro del proceso de arbitraje internacional que emprendió la empresa pública.
La constructora china reclamó compensaciones económicas por supuestos incumplimientos por parte de la Corporación.
En tanto, Celec exigió una millonaria indemnización por $ 580 millones.
‘Basta con que Coca Codo Sinclair esté fuera de operación para que se prendan las alarmas’
Ahora, el acuerdo anunciado por la canciller Gabriela Sommerfeld deja una serie de interrogantes ante la falta de información amplia sobre el proceso.
El exministro Fernando Santos Alvite indicó que en los diálogos de 2023 Power China no planteó un monto específico.
Insistió en que el monto comprometido ahora por la firma china “es demasiado bajo” y debe ser evaluado por un banco internacional, con el fin de revisar cuánto han invertido la contratista china, cuántos son los daños que Ecuador reclama y cuánto ha recibido el beneficio el país durante la operación de la empresa.
“Es demasiado baja (los $ 400 millones). Considero que es inaceptable, es muy poco y debe ser fijada técnicamente por un órgano imparcial”, remarcó.
Explicó que en el transcurso de cualquier arbitraje internacional las partes pueden llegar a un acuerdo amistoso, que era lo que se buscaba años atrás.
“Es conveniente un arreglo con la compañía china, pero es un proceso muy complejo porque hay que valorar cuánto han invertido, hay que valorar los daños, cuánta energía nos han entregado. Hay además una auditoría de Contraloría que dice que no se acepte la planta porque tiene muchos defectos. Así es que para cualquier arreglo con la compañía china, que tiene buena voluntad y en vista del riesgo de desaparecer o de salir de operación, es conveniente para el país”, comentó Santos Alvite.
El exministro señaló que en el transcurso de los años, en un momento incluso se habló de una posible indemnización de $ 1.500 millones por parte de la contratista.
Sugirió, además, que para dar transparencia al actual proceso se cree una comisión con los ministerios de Energía, y de Finanzas, así como con la Procuraduría y la Comisión Nacional Anticorrupción. (I)
