Una de las reformas que analiza la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional es incluir un texto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sancione a las personas que pertenecen a organizaciones criminales, basados en la categorización realizada por el Estado a los grupos terroristas.
La mesa de Justicia entró a definir los textos de las reformas al COIP, tras la unificación de 42 proyectos de ley sobre materia penal, y la idea es que en la última semana del mes de febrero el pleno de la Asamblea Nacional conozca, debata y apruebe las reformas que plantea un incremento de penas en conductas penales como el sicariato, extorsión, delincuencia organizada y la vacuna extorsiva. En ese grupo de reformas se pretende establecer un delito penal que sancione a quienes pertenecen a los grupos terroristas.
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Según el legislador del Partido Social Cristiano y miembro de la mesa de Justicia, Vicente Taiano, se espera incluir un texto en el que se determine que solo el hecho de pertenencia a una organización criminal sea considerado una amenaza a la seguridad del Estado y pueda sancionarse, porque desde las organizaciones se planifican actos en contra de la vida y los bienes.
Al momento, el propio Estado a través del Decreto Ejecutivo 111, delimitó cuáles son los grupos considerados como terroristas, y a partir de ello se tienen que establecer los textos para poder sancionar a quienes pertenecen a esas organizaciones.
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Esta medida pretende dotar de herramientas, desde la legislación, a las actividades de inteligencia y desactivar a las bandas delincuenciales, porque hoy solo se actúa ante los delitos consumados.
Taiano indicó que busca ampliar la norma y otorgar la capacidad de sancionar a quienes siendo parte de una organización criminal son responsables de determinados actos que atentan a la seguridad del Estado.
También se revisará el artículo relacionado con la prisión preventiva, y darle fuerza a los partes policiales que hoy en día no constituyen una prueba ni un elemento contundente. Por ello, se revisará el alcance de la prisión preventiva, donde esa excepcionalidad no pueda abarcar a los delitos de sicariato, delincuencia organizada, vacunas, secuestro extorsivo y narcotráfico.
Uno de los temas álgidos que se debate en el interior de la comisión es la responsabilidad de los adolescentes infractores entre los 16 y 18 años de edad, para ello, los legisladores esperan encontrar una salida para establecer sanciones a quienes participen en delitos graves como sicariato, delincuencia organizada, extorsión.
Igualmente, se revisa la legislación sobre los penitenciarios, porque una cosa son los derechos que tiene una persona privada de libertad y otra cosa son los beneficios penitenciarios, puntualizó el legislador Taiano, quien explicó que los derechos no se pueden restringir. En cuanto a los beneficios penitenciarios, se discute un texto en el que se señale que para acceder a esos beneficios los requisitos sean más exigentes y con ello se evitará que se haga uso indiscriminado por parte de quienes hayan cometido delitos graves.
La propuesta está dada en que nadie pueda acogerse de ningún beneficio penitenciario en razón de que haya cometido delitos como extorsión vía vacunas, crimen organizado, narcotráfico y delitos execrables.
La mesa de Justicia también analiza reformas para dar garantías al trabajo de la fuerza pública y para ello aspira a reformar el artículo de la legítima defensa. Se eliminaría el primer numeral del artículo 33 del COIP, donde se habla de que “existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Agresión actual e ilegítima.
En cuanto a tiempos, la Asamblea Nacional tendrá la reforma aprobada antes de la consulta popular planteada por el Ejecutivo, afirmó el asambleísta Taiano, y con ello se ganaría tiempo respecto a ajustar el COIP para endurecer las penas para los delitos que cometan los grupos criminales. (I)