La investigación previa por el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, conocido como caso Caja Chica, es la segunda indagación que la Fiscalía inicia en los últimos nueve meses en contra del excandidato presidencial y exsecretario del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz.
Fue el propio expresidente Rafael Correa quien dio a conocer la mañana de este miércoles, 28 de enero, la notificación que hizo el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, a los investigados en lo que la Fiscalía ha bautizado como caso Caja Chica. En esta causa se estaría investigando de forma previa el ingreso en efectivo de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la RC en 2023.
En la lista aparecen Arauz; la excandidata presidencial en las elecciones anticipadas de 2023, Luisa González; los exministros de Economía y Finanzas del correísmo Patricio Rivera y Fausto Herrera; la abogada del caso Sobornos 2012-2016, Bibian Hernández; el actual asambleísta por Pichincha de la RC y exgerente de la aerolínea estatal TAME Patricio Chávez; Suad Manssur, superintendenta de Compañías entre 2011 y 2018; y el líder del correísmo, el expresidente Rafael Correa.
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Andrés Arauz en su cuenta personal de la red social X se solidarizó con sus “compañeros allanados: Luisa, Suad y Patricio” y con el resto de investigados y sus familias. Aclaró que al no residir en el país, no tiene domicilio y no sufrió allanamiento alguno.
“Rechazo completamente esta denuncia. No tiene ningún sentido. Es -como es obvio- persecución política. Desde hace varias semanas, pero específicamente en Davos, a Noboa se le fue la lengua y dijo que nos perseguiría a la RC por el “financiamiento de Maduro” a campañas ecuatorianas. Esto confirma que es un caso motivado políticamente y desde el Poder Ejecutivo, lo cual es, sobra decirlo, ilegal y violatorio de varias convenciones americanas y universales”, refirió Arauz.
El caso Caja Chica: investigación por lavado de activos
El 15 de marzo de 2025 se abrió la instrucción fiscal en el caso Liga2, proceso penal en el que se investigó inicialmente por asociación ilícita a los exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, quienes eran parte de la conocida como Liga Azul, cercana al correísmo, y a la consejera de Participación Ciudadana en funciones Nicole Bonifaz.
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El pedido se hizo a principios de mayo pasado, pero fue hasta el 4 de junio siguiente que al caso Liga2 se vinculó a Andrés Arauz, a Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y a la exasambleísta de la RC Esther Cuesta. La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho dispuso que González, Arauz y Cuesta cumplan la medida cautelar de presentación periódica.
Desde el 13 de junio de 2025, Arauz, quien vive en México bajo el estatus de refugiado, viene cumpliendo su presentación periódica mensual en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ. El coprocesado González se viene presentando periódicamente en Guayaquil, mientras que la exlegisladora Esther Cuesta ha incumplido la medida, por lo que se la reformó y está vigente hoy en día la orden de prisión preventiva, y se ha notificado a Interpol para que se la ubique en Génova, Italia, lugar al que regresó luego de culminar su periodo como asambleísta.
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A los siete procesados se les acusa de planificar una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC, mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, entre otras instituciones.
#AHORA | #CasoCajaChica: #FiscalíaEc lidera un operativo, en el marco de una investigación por presunta #DelincuenciaOrganizada con fines de #LavadoDeActivos. Se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. pic.twitter.com/SRIFW2QWma
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 28, 2026
Dentro de la acusación contra Andrés Arauz en el caso Liga2, la Fiscalía dijo que a raíz del allanamiento ejecutado el 24 de enero de 2025 a las instalaciones del CPCCS se incautaron los celulares del entonces consejero Augusto Verduga, cuya información habría revelado la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para hacerse del control de la institucionalidad del Estado.
El excandidato presidencial del correísmo habría participado en la coordinación principalmente a través de la aplicación Wire, con los miembros del Consejo de Participación, a quienes les emitía directrices para actuar de determinada forma a fin de cristalizar el control de la mencionada institución y otros objetivos.
Desde su usuario, identificado como AN, supuestamente Andrés Arauz habría formulado lineamientos como la presentación de denuncias, recusaciones e incluso acciones constitucionales sin dejar de mencionar que se mantenía al tanto de las acciones conjuntas que su organización política, la RC, iba a iniciar desde la Asamblea Nacional, entre estas, las que buscaban dar soporte a las acciones que el Consejo de Participación se plantea ejecutar para sus intereses.
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Sobre los allanamientos.
— Andrés Arauz (@ecuarauz) January 28, 2026
En primer lugar, mi solidaridad total con mis compañeros allanados: Luisa, Suad, Patricio y con el resto de “investigados” y sus familias.
En segundo lugar, muchísimas gracias por todas las palabras y mensajes de solidaridad de compañeros, amigos e… pic.twitter.com/qV5NQJ7tFV
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en Liga2, la cual ha tenido ya tres diferimientos, debía darse este miércoles 28 de enero. Motivos académicos de la abogada de uno de los procesados hizo que se difiriera la diligencia para el 16 de marzo próximo. Este jueves 29 de enero se receptará el testimonio anticipado de la testigo protegida de la Fiscalía, Mónica J.
Arauz recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuestas irregularidades de la campaña 2023. A su decir, esta solo establece como observación la supuesta no justificación de $ 6.400.
“Es risible que estemos en una investigación por $ 6.400. Juntando con la narrativa de (Daniel) Noboa en Davos es que esos $ 6.400 supuestamente no justificados vinieron desde Venezuela. Ridículo. Lo que sí ocurrió en 2023 fue una flagrante violación de las reglas de campaña de Daniel Noboa. He denunciado las offshore de Noboa (Festil y Bostel) y el lavado de dinero de Noboa en el pasado. Una vez más. Jamás el silencio. Jamás nos amedrentarán. Demostraremos una vez más la ridiculez de este caso. Y no se olviden. 24 de mayo: revocatoria ya”, sostuvo el excandidato presidencial de la RC. (I)




















