El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para convocar a una consulta popular en Cuenca (Azuay) sobre las prohibiciones para la explotación minera, que se realizaría el 13 de diciembre de este año.

Esto se da en medio de la organización de las elecciones nacionales del 2021, lo que preocupa al Consejo por la falta de recursos, debido a la crisis económica.

La presidenta del organismo, Diana Atamaint, confirmó ayer que este 14 de octubre convocarían a la consulta popular de cinco preguntas, que fue promovida por el Concejo Cantonal de Cuenca, y que tuvo un dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC).

"Tenemos plazos específicos que están en la ley, y al ser notificados por la Corte Constitucional, nos tocaría convocar el 14 de octubre y las elecciones serían el 13 de diciembre. Son plazos que están en la ley y a nosotros nos preocupa porque hubiese sido mejor para el país, por el ahorro de recursos, poner la papeleta en segunda vuelta (elecciones nacionales del 2021). Son plazos de ley y no lo podemos cambiar", indicó ayer Atamaint.

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El padrón electoral integra a alrededor de 400.000 electores y se requeriría un presupuesto para la organización de $1 millón.

No obstante, no se aclaró si el gobierno local aportará con los recursos, ya que el artículo 185 del Código de la Democracia establece que "los gastos que demande la realización de las consultas que se convoquen por disposición de los gobiernos autónomos descentralizados se imputarán al presupuesto del correspondiente nivel de gobierno".

El costo previsto se redujo, dijo Atamaint, porque el CNE, en el marco de los comicios nacionales, está contratando personal, y está designada la Junta Provincial Electoral, por lo que ellos podrán aportar en este plebiscito.

Esta propuesta la impulsó el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, y en las cinco preguntas se busca que la ciudadanía se pronuncie si está de acuerdo con la "prohibición de la explotación minera metálica a gran escala a en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca- Etapa EP".

También, si están de acuerdo con "la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Yanuncay", según la delimitación de Etapa EP; con la prohibición de la "explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tomebamba"; "con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Machángara".

Y la quinta, si aprueban "la prohibición de la explotación minera metálica a mediana escala en la zona de recarga hídrica del río Norcay".

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La Corte aclaró en su fallo que los "efectos de la consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro".

Es decir, "las medidas a implementar no podrán exceder el ámbito de competencias constitucionales y legales fijadas para cada nivel de gobierno. Ni este dictamen ni el resultado del eventual plebiscito deben entenderse como una atribución o reconocimiento de competencias que no hayan sido conferidas por el ordenamiento jurídico".

Este texto aclaratorio deberá incluirse en el texto.

Mientras, como parte del proceso de organización de las elecciones nacionales de febrero próximo, el Consejo Electoral y el Instituto Geográfico Militar (IGM) suscribieron el contrato para la impresión de papeletas y documentos electorales.

El coronel, Jaime Navarrete, director del IGM explicó que la impresión empezará entre la primera y segunda semana de diciembre.

El total de documentos que se imprimirán es de 65' 600 000 para la elección de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales, del exterior; y, parlamentarios andinos. De este número, 52' 480000 corresponden a la primera vuelta y 13' 120000 para la segunda vuelta, que en el caso de efectuarse, está prevista para el 11 de abril.

El monto total para esta actividad bordea los $ 9'437 951. De estos, $ 5'035 641 es para la impresión de las papeletas, y $ 4'402 310 para los documentos electorales. Para empezar, se asignará un anticipo del 30 % que corresponde a $ 3'051 500.

Navarrete explicó que como medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, el IGM ha previsto una planificación, que significó un incremento del presupuesto, aunque no mencionó de cuánto.

"El costo de estos insumos, de alguna manera incrementaron el presupuesto, a pesar de que se ha hecho todos los esfuerzos, pero estas medidas no se puede dejar de aplicar. Hemos tomado medidas como aforos, distanciamiento social, se adaptó lugares donde van a alimentarse, y la transportación para que no existan problemas". (I)