Poco antes de las 07:00 del miércoles último, al mismo tiempo que se daban allanamientos en Quito y Guayaquil por el delito de delincuencia organizada, la Fiscalía en su cuenta de Twitter afirmaba que en este caso además del exmandatario Abdalá Bucaram estaría involucrado uno de sus hijos, Jacobo, y tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, contra quienes se inició una investigación en mayo del 2020 por la posible relación con Oren Sheinman y Shy Dahan, israelíes detenidos en Santa Elena en junio pasado.

Finalmente, la fiscal del caso solo formuló cargos contra Bucaram padre, a quien se le definió arresto domiciliario, y a los agentes de la AMT Leandro B., Samuel S. y Cléver A., quienes recibieron orden de prisión preventiva.

A todos se los acusaba de conformar un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

La madrugada del jueves la fiscal señaló dentro de su relato que en este caso existía un diagrama de la organización basado en la participación de cada uno de los integrantes investigados.

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A lo que se refería la fiscal era a un organigrama armado en la etapa inicial de investigación que mantenía a Shy Dahan, extranjero conocido como ‘Tom’ que fue asesinado el sábado 8 de agosto pasado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Dahan era investigado como el ‘líder financista’ del grupo; y, en cambio su compañero Oren Sheinman, quien según las versiones en este caso era conocido como Tarzán, era ubicado en el nivel de ejecutor.

Los agentes de la AMT Leandro B., alias Berro; Samuel S., alias Rafa; y Cléver A., alias Sambo, eran vistos por los investigadores como la 'seguridad' de la organización. Varias versiones expuestas por la Fiscalía en la audiencia señalan que los extranjeros “tenían escoltas que eran agentes de tránsito” o que el pago que hacían por insumos médicos los interesados incluía el costo de la “supuesta seguridad, ya que ellos (los extranjeros) aducían que cada vez que iban a la bodega no iban sin escolta y que esta les cobraban entre $1000 y $1500”.

Una de las “actividades delictivas” a la que se dedicó la organización, según la Fiscalía, habría sido la obtención de beneficios económicos de la venta de pruebas para COVID-19 y de mascarillas. La Fiscalía investiga otros delitos que podrían desprenderse como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, hasta delitos contra la vida.

No se descartaría la participación de otras personas, las cuales, dependiendo de los elementos que se obtengan en los 90 días de instrucción fiscal, podrían ser vinculados al caso.

Jacobo Bucaram, por los señalamientos en diversas versiones, fue identificado como el “comprador de las pruebas para COVID-19”; mientras que su padre, Abdalá Bucaram, era visto como la persona que se dedicó al “acopio de las pruebas” para COVID-19.

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Alfredo Arboleda, abogado de Bucaram, aseguró que en ningún momento en los elementos de convicción se mencionaría al exmandatario y el único elemento contra él serían unas notas de voz que no han sido periciadas y de las cuales la fiscal del caso, afirmó, habría reconocido en audiencia que las bajó de la red social Twitter.

Investigan insumos hallados en la casa del expresidente

El 3 de junio pasado, en un allanamiento a la vivienda del expresidente Bucaram, como parte de las acciones de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía ante denuncias de hechos de corrupción relacionados con la venta de insumos médicos a hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil, la Policía encontró cajas con 5000 mascarillas y 2000 pruebas para COVID-19.

La fiscal general Diana Salazar decía, en una rueda de prensa hecha ese mismo día, que los insumos hallados "coinciden" con los productos que fueron entregados con posible sobreprecio en un hospital del IESS de Guayaquil y que por ello el exmandatario estaba vinculado en las investigaciones por delitos para ese entonces como delincuencia organizada y peculado. (I)