El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió suspender el pago del sueldo del legislador de AP, Daniel Mendoza, mientras dure su "privación de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutada".

El CAL se reunió la tarde de este 8 de junio, y de acuerdo a la resolución aprobada se procedió a principalizar provisionalmente a la "asambleísta que corresponda, sin necesidad de excusa del principal y por el tiempo que dure su privación de libertad".

Mendoza se encuentra en la cárcel 4 de Quito desde el sábado pasado, después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez aceptó el pedido de la Fiscalía General de formularle cargos por delincuencia organizada, por formar supuestamente, parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de 30 camas Pedernales en Manabí.

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Según consta en lo aprobado por el CAL, Mendoza remitió un oficio fechado el 5 de junio pasado, en el que se "excusa" de asistir a las sesiones del Pleno de la Asamblea, así como de la Comisión de Régimen Económico desde el 8 al 30 de junio, solicitando además la principalización de su suplente, Pinuccia Colamarca.

La asambleísta Tanlly Vera (CREO) pidió al Consejo el sábado pasado que se suspenda el salario de Mendoza, pues asegura que "no está trabajando y los ecuatorianos no podemos seguir pagándole el sueldo a una persona que está siendo señalada por escandalosos actos de corrupción, por meterle mano a los recursos a la construcción del hospital", indicó.

La Comisión también resolvió calificar el proyecto de ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para sancionar la corrupción en procesos de contratación en emergencia, que remitió el presidente Lenin Moreno, el 24 de mayo pasado cuando cumplió su tercer año de mandato.

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La propuesta normativa fue remitida a la Comisión de Justicia de la Legislatura para su debate.

Además, se resolvió remitir a la Comisión Ocasional de Enmiendas, que preside la legisladora Elizabeth Cabezas, la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que se confirma la legitimidad de las más de 136 mil firmas que requería la iniciativa del Comité por la Institucionalización Democrática que impulsa el proyecto de reforma parcial a la Constitución, que entre otros puntos, plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). (I)