La Corte Constitucional (CC) declaró la constitucionalidad de la renovación del estado de excepción decretado por el Ejecutivo por treinta días más el 15 de mayo por calamidad pública debido a la pandemia del COVID-19 y, entre otras decisiones, dispuso al gobierno y a las autoridades competentes respeten el derecho a la protesta pacífica, promover medidas de bioseguridad, usar progresivamente y cuando fuere necesario la fuerza y garantizar el debido proceso en caso de producirse infracciones penales.