Por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el plan y el cronograma de trabajo para el tratamiento del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario por el COVID-19 y pidió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que remita a este organismo todos lo proyecto relacionados con la emergencia sanitaria.

Hoy, desde las 09:00, la Comisión tiene prevista las primeras comparecencias por este proyecto de Ley, enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. Comparecerán representantes del Frente Económico del gobierno, del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Producción y se está confirmando un representante del Ministerio de Trabajo, para iniciar de "forma inmediata", señaló el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz.

De acuerdo al cronograma aprobado, se espera aprobar el informe para primer debate hasta el martes, 28 de abril y, tras el primer y segundo debate en el Pleno, la Comisión aspira a que el proyecto se apruebe hasta el lunes, 11 de mayo, cinco días antes de que concluya el plazo para que la Asamblea evacue el proyecto.

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Durante las primeras intervenciones, la mayoría de integrantes de la comisión se refirieron en reiteradas ocasiones a la contribución, el destino de los recursos y el respeto a la institucionalidad de la Asamblea, sin amenazas o presiones. También coincidieron en que el tratamiento debe ser ágil, no puede esperarse a cumplir el plazo de 30 días.

Sobre la contribución, la mayoría señalo que la deben hacer todos los ecuatorianos, Fernando Callejas (CREO), inclusive, señaló que no se debería excluir a militares y policías. César Rohon (PSC) sostuvo que también se deben analizar los sueldos que, en el sector público, de asesores y altos ejecutivos que ascienden a $10.000 o $12.000, porque todos deben contribuir. Ronny Aleaga (RC) dijo que hay que hay que incluir a banqueros y grandes empresas.

Rohon y Aleaga también coincidieron en que las autoridades económicas del gobierno deben dar a conocer las cifras de las cuentas con transparencia a la Asamblea.

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Respecto al destino de los fondos, Elízabeth Cabezas (AP) señaló que esto no se puede dejar a merced de un Reglamento del Ejecutivo, sino que se tiene que establecer de manera clara en la misma ley y agregó que la ley debe ser mandatoria en su contenido, no discresional, como la envió Presidencia de la República.

Sobre la institucionalidad, Mariano Zambrano señaló que no van a trabajar bajo amenazas, Fernando Burbano expresó que hay que tramitar la ley sin contaminación de proselitismo electoral y que no se puede dejar que en el país se siempre la duda de la vigencia del sistema democrático. Aleaga también llamó a respetar el orden democrático.