Política de seguridad gira hacia la contrainsurgencia tras el paro de octubre pasado

Los hechos de octubre marcaron un antes y un después en las áreas de seguridad y defensa.Tras la detección de fallas en Inteligencia por parte del mismo Gobierno y de la implementación de una estrategia de acción pasiva, en la que tenían prohibido disparar armas de fuego, los replanteamientos de las Fuerzas Armadas se hicieron desde la cúpula hasta el equipamiento.Aunque el presidente Lenín Moreno no aceptó el cambio del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, como lo pedían los grupos sociales que fueron parte de las paralizaciones y protestas, argumentando una “represión brutal”, sí hubo cambios de dos importantes cargos en la cúpula militar.Con el primer cambio, se puso al general de división Luis Lara (lojano, 61 años) como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en lugar de Roque Moreira que duró en esas funciones diez meses, aunque la Ley de Defensa Nacional señala un período de dos años para estos cargos.En servicio activo, durante el 2016, Lara demandó al expresidente Rafael Correa, por lo que ahora los militares en servicio pasivo denominan “Ley Patiño”, formalmente denominada como la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y de Policía.La decisión del reemplazo viene de la mano con el lanzamiento de la nueva “directiva contra la insurgencia”.En esta línea, la institución avanza en la adquisición de equipamiento antimotines y también en la aplicación de la inteligencia operativa para la búsqueda de los insurgentes.Con una reorganización en todos los niveles, quieren evitar por todos los frentes que los hechos violentos de octubre se repitan, una vez que dan por superados los problemas suscitados en la frontera norte, tema que ocupó a esta área, principalmente, en el 2018.Pero junto al conflicto social interno Defensa sigue lidiando con problemas como el combate al narcotráfico y la pesca ilegal; para ello, en este año, se han concretado alianzas estratégicas. Una parte nace de la cooperación de Estados Unidos y otra de la coordinación con países vecinos como Colombia y Perú, para armar el Triángulo de Seguridad frente a las rutas del narcotráfico en el Pacífico.Para el general en servicio pasivo e integrante de la Comisión de Seguridad Integral, René Yandún, no se puede decir que se ha hecho un trabajo como el que se desearía.“Con la desorganización que dejó el señor (expresidente Rafael) Correa, llegó a debilitar la estructura, los mandos y también por la falta de medios, armamento y equipo”, señaló.Yandún considera que no se ha podido “reaccionar como corresponde” tanto en la frontera norte con la narcoguerrilla latente como en lo interno.“Hay una debilidad fuerte en Inteligencia, no se pudo detectar la reacción del levantamiento indígena, donde hubo infiltración”, añadió.En tanto, Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y exdirector de Inteligencia Militar, expresó que se necesita que exista una política para recuperar la capacidad operativa y poder hacer frente a las amenazas externas e internas.Se fracasa también en Inteligencia, a criterio de Pazmiño, porque cada institución quiere tener el control del tema y se necesita una depuración total del sistema porque aún existen muchas personas ahí con afinidad al anterior gobierno.“Las FF. AA. y la Policía no están preparadas para operaciones asimétricas como actos de terrorismo, sedición urbana, sabotaje, secuestros, anarquismo o conflictos de baja intensidad... el equipamiento que están adquiriendo no es para eso”, agregó. Pendientes

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