Rafael Correa, acusado de cohecho, anuncia que 'si es necesario' se volverá a presentar a elecciones, ¿lo puede hacer?

No es la primera vez que lo dice desde el exterior. Durante su visita a México, el expresidente Rafael Correa se volvió a referir a ocupar una posible candidatura a la Vicepresidencia o a la Asamblea Nacional.En una entrevista con Diario El País de España , Correa también se refirió a las manifestaciones sociales que se dieron en octubre pasado, así como a una posible participación en política."Sí, yo quería retirarme de la política, pero tendré que estar presente donde sea más necesario para evitar la destrucción total del país y para protegerme... Ecuador es el país que más lejos ha ido en la desinstitucionalización, más que Argentina, más que Brasil, pero como es un país pequeño y es contra Correa no pasa nada. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ganando las elecciones y si para eso es necesaria mi presencia, ahí estaremos", le dijo al diario español.El exmandatario dijo que no viene al país debido a que pese a ganar en cortes internacionales sus casos, no quiere afectar a su familia ya que al llegar lo pueden meter preso por tres meses, "demuestro que soy inocente; regreso, me ponen otro juicio y tengo que volver".Correa señaló que se inscribiría como vicepresidente, tal como hizo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, o a la Asamblea, "pero llegarán las trampas, que tengo que inscribirme personalmente, lo cual es mentira, pero las acepto, yo voy, me inscribo y me meten preso".Este lunes 11 de noviembre, la Fiscalía acusó de cohecho a Rafael Correa y otros 21 procesados por el Caso Sobornos 2012-2016. Aunque inicialmente se acusaba a todos de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, pero debido a que existe un obstáculo legal, Fiscalía solo los procesará por el delito de cohecho, el cual es imprescriptible y se puede juzgar en ausencia.Entre los acusados como autores están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas; los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís, María Duarte, Alexis Mera; la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri. Además de 12 empresarios a los que se les acusa de haber entregado dineros en efectivo y cruce de facturas para hacerse de obras públicas en Ecuador.Los exfuncionarios María Augusta Enríquez y Yamil Massuh fueron acusados por Fiscalía en calidad de cómplices.El abogado constitucionalista André Benavides explicó que el cohecho es un delito en contra de la eficiencia de la administración pública en el que un funcionario público hace uso de su cargo para el beneficio propio o de un tercero, según el artículo 280 del COIP. Contempla una pena de uno a tres años a quien reciba o acepte, por sí o por interpuesta persona, un beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones."El cohecho se configura cuando un servidor público recibe o acepta un beneficio económico indebido o de otra clase para omitir o agilitar cuestiones relativas a sus funciones ", explicó. En caso de ser sentenciado, quedaría inhabilitado de participar en un cargo de elección popular de acuerdo con el artículo 113 numeral 2 de la Constitución de la República. Benavides precisa que para que esta inhabilidad se aplique debe existir sentencia ejecutoriada, es decir, que se deben agotar todos los recursos procesales."Las personas sentenciadas evidentemente impugnarán el fallo; sin embargo, mientras exista un recurso procesal en trámite la sentencia no tiene la calidad de ejecutoriada. Puede haber una sentencia penal condenatoria, es verdad, pero eso no significa que esté ejecutoriada, toda vez que el sentenciado puede presentar los recursos de apelación y casación ", dijo Benavides.El abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explica que el referendo del 2018 eliminó la posibilidad de reelección indefinida. Es por esto que Correa solo puede aspirar a una dignidad diferente a la Presidencia. "Habilitó una sola reelección para todos los cargos de elección popular. En este caso entonces, Correa ya no podría aspirar a la Presidencia de la República, sino a cualquier otro cargo, desde la Vicepresidencia, hasta la Asamblea, pasando por un gobierno autónomo descentralizado", dijo.El mismo referendo también le quitó la posibilidad de ocupar algún cargo en la función pública, en caso de tener sentencia ejecutoriada. Esto se ampara en el artículo 233 de la Constitución que señala que: "Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución".En caso de que alguno de los implicados se presente como candidato y no haya una sentencia ejecutoriada pueden participar del proceso. " Si siendo candidatos se les inscribe porque no tienen inhabilidad y ya después se posesionan, pero ya se ejecutorió la sentencia, ahí se presenta un tema que podría ser resuelto por la Corte Constitucional ", precisa Benavides.Alarcón recuerda el caso de Cléver Jiménez , quien perdió su curul en la Asamblea Nacional tras recibir la sentencia penal por el caso que seguía Rafael Correa en su contra. (I)

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