195 173 familias no tienen tierras agrícolas en Ecuador

El Plan Tierras, que busca reducir la falta de equidad en el acceso a los predios rurales, entregó 50 000 hectáreas (ha) desde hace ocho años en que empezó a ejecutarse. Son terrenos que forman parte del patrimonio estatal o pertenecieron a la banca cerrada.  

El programa anunciado en 2010 por el ministro de Agricultura de ese año, Ramón Espinel, durante el régimen  del presidente Rafael Correa,  pretendía la redistribución de 2,5 millones de hectáreas vía expropiación. Pero más allá de la propaganda estatal el resultado no es  el esperado. La meta es otorgar 6000 ha más hasta el 2021.

Pobreza por bajos ingresos afecta al 24 % de la población

La Constitución vigente desde el 2008 prohíbe el latifundio y la concentración de predios. Y el art. 15 de la  Ley Orgánica de Tierras Rurales   establece que los beneficiarios de la redistribución deben estar asociados. Así cada organización de la agricultura familiar campesina obtiene una propiedad conjunta que luego debe ser redistribuida en parcelas a cada uno de los miembros de la asociación.

Con el plan Equiterra presentado en septiembre último se busca capacitar a los miembros de las organizaciones campesinas e iniciar un debate para mejorar el mecanismo de redistribución de los predios. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería reconoce que  hay 195 173  familias que aún demandan tierras productivas en las zonas rurales, donde un millón se estima manejan unidades productivas agropecuarias. 

Sylvain Bleuze, coordinador para Ecuador y Colombia de Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras, señala  que el índice GINI –que mide la desigualdad  en una escala del 0 al 1– es de 0,81. Si este indicador  está más cerca de 1  significa que hay más concentración de la tierra. “El 15 % de los dueños de los predios concentra el 80 % de las superficies agrícolas”, dice. 

Más allá de la desigualdad está la pobreza que afecta al 40 % de la población rural. “Unas 300 000 familias no venden un gramo de nada. Son personas que sustentan en parte su alimentación, por lo que se ven obligadas a trabajar como obreros agrícolas o en empleos de baja calificación ya sea en el campo o en las ciudades”, dice.

El tema es que en la política de redistribución, afirma Francisco Román, del Centro de Servicios Agrícolas (CESA), primó más el criterio clientelar. “Algunos de los que calificaron no eran agricultores, eran empleados públicos, tenían otras actividades y eso hace que el acompañamiento al desarrollo productivo tenga limitaciones.  Tampoco se respetó la capacidad productiva de los predios. En unos hay digamos demasiada gente por lo tanto no hay un interés económico fuerte para que la gente que accedió pues viva de la actividad productiva".

El Plan Tierras implica la venta a crédito de los predios a las organizaciones, pero hay otras dificultades en el avalúo o discrepancias en la superficie total ya que en ocasiones se topa con las áreas protegidas.  “Hay situaciones diametralmente opuestas con grupos que recibieron una buena tierra con árboles ya en producción, con una camaronera, con un predio para producir  maíz y zonas donde las familias recibían muy poca tierra o degradada sin riego en ecosistemas extremos, un lote casi improductivo”, dice Bleuze. 

Un ejemplo positivo se da en Campamento, en el cantón Bucay en la provincia del Guayas, donde 93 socios son dueños de 547,5 ha que eran parte de la  banca cerrada. En este caso, los beneficiarios trabajaron en esa propiedad hasta la crisis de 1999 y desde el 2002 se posesionaron en el lugar.

Víctor Ballesteros, uno de los  beneficiarios, indica que la convivencia se basa en principios como la propiedad comunitaria, la responsabilidad familiar en la producción que deja cada parcela  y un modelo de comercialización asociativo. 

El 37 % de los 93 socios vende el cacao orgánico a una microempresa que lo comercializa con los mayoristas y los exportadores sin intermediarios. “No obligamos a que comercialicen con nosotros, esto tiene que ser voluntario y debe responder a que se entienda que solo la asociatividad va a permitir mejorar la calidad de vida. En los últimos cinco meses logramos una ganancia de entre $5000 y $6000”, agrega. En la zona también hay plantaciones de  maracuyá, yuca. 

Pero el clima húmedo hace surgir plagas en el cacao  como la monilla. “Tenemos bajos índices de productividad por hectárea”, reconocen. Además, persiste la costumbre de poner químicos, dice Jorge Cruz, otro socio. El 45 %  todavía los usa. 

Tierras fraccionadas y dispersas en el territorio

En la parroquia Licto de Riobamba, en cambio, se evidencia la problemática del microfundio, que es la fragmentación de pequeñas propiedades dispersas en un territorio. Esto incentivado en parte porque los padres ya heredaron sus tierras a varios hijos tras las reformas agrarias del siglo XX, dice Román.  

Bajo estas circunstancias, el agua de riego se distribuye de acuerdo con la superficie de terreno que tiene cada socio del sistema de riego Guarguallá-Licto, que  cuenta con alrededor de 1750 jefes de familia, según  Pedro Morocho, secretario de la Asociación de Productores de San Pedro de Licto. 

En el lugar hay parcelas desde los 100 metros cuadrados. Esto dificultó al inicio la distribución del agua, reconoce Morocho, “pero  ahora ya se han acostumbrado a cumplir con los turnos”, añade.

“Entre el 70 % y 80 % tienen parcelas más grandes, pero no se tienen lotes en una sola parte sino en diferentes sectores. Incluso yo tengo parcelitas de 200 metros, pero también tengo de 5000 o 7000”, agrega.

El agricultor Luis Soria cuestiona que en la época de estiaje la mayor parte del agua se queda en las partes altas y el líquido no llega a los que están más abajo. “En superficies pequeñas no se puede sembrar sino solo para comer nosotros mismos, pero resulta mejor porque cuando están los precios bajos perdemos, no sacamos para el tractor que se paga para el arado, peones, fumigaciones”. 

Soria es parte de las 300 000 familias rurales que produce solo para consumo propio en el país.

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títulos de propiedad se han entregado desde el 2011 a 3595 familias que viven en 475 577 hectáreas en territorios de propiedad ancestral.  (I)