(Actualizado a las 22:18)

La prefecta de Pichincha Paola Pabón tiene desde este martes orden de prisión preventiva, emitida por el juez Julio Arrieta, presidente de la Corte de Justicia de esa provincia, como parte de las investigaciones por su supuesta participación en un plan desestabilizador durante las protestas a nivel nacional que duraron cerca de dos semanas.

Para su asesor Christian G. también se emitió orden de prisión preventiva y su otro colaborador Pablo D. tendrá que presentarse periódicamente ante la autoridad. Los tres fueron detenidos el lunes en allanamientos realizados por la Fiscalía, como parte del operativo "Relámpago".

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Ahí se encontraron indicios como antorchas, carteles, laptops, registros de pagos, dinero en efectivo, entre otros.

Se les abrió instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de rebelión, que habla de quien promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.

El fiscal provincial Alberto Santillán sustentó la acusación de que Pabón y sus colaboradores habrían financiado "el cometimiento de los hechos vandálicos sucedidos entre el 2 y 12 de octubre, actos que sobrepasaron el derecho a la resistencia que poseen constitucionalmente todos los ecuatorianos", según indicó la Fiscalía en su página web.

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El juez Arrieta comentó, según la información de Fiscalía, que se examinaron llamadas telefónicas entre los procesados y se "determinó que tratan de subvertir al pueblo ecuatoriano”. En las llamadas supuestamente gestionaban acciones en el paro, hablaban de un “regalo generoso”, y que combatían contra “policías y militares traidores”. 

Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta de Pichincha Paola Pabón habla de la prisión preventiva que se le ordenó por el delito de rebelión, en cuyo numeral 4 habla de quien promueva o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado pic.twitter.com/mr6lZvPkOI

La audiencia de formulación de cargos se realizó en la Corte Provincial de Pichincha desde las 05:00 locales del martes, debido al fuero de Corte que cobija a la actual prefecta. Cerca de seis horas duró la diligencia y fue el fiscal provincial Alberto Santillán quien sustentó la formulación de cargos. 

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Mientras, Fiscalía allanó la noche del lunes la oficina de un partido político y como parte de los indicios para la investigación se encontraron cinco computadoras portátiles, dos CPU y dos celulares, según informó en su cuenta de Twitter.

#AHORA | En cumplimiento de un acto urgente, dentro del caso de Paola P., #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador allanaron la sede de un partido político. Como indicios, se levantaron 5 computadoras portátiles, 2 CPU y 2 celulares. pic.twitter.com/Wp52k0bYVV

Allanamientos y reacciones

Los sospechosos fueron trasladados desde la zona de aseguramiento de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía a la Corte de Pichincha a las 04:20 del martes. Todos fueron detenidos en un operativo simultáneo iniciado 24 horas antes de este traslado y en el que un total de siete viviendas fueron allanadas.

La Fiscalía habría presentado seguimientos autorizados para chats de teléfonos celular, seguimientos en la Prefectura de Pichincha y se habría ubicado material de protesta contra el Gobierno Nacional.

Raniro Aguilar, abogado de Paola Pabón, aseguró que la Fiscalía no presentó evidencias de que haya cometido un delito la prefecta y solo presentó unas conversaciones de chat que no revelarían nada, a su decir.

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QUITO.- Ramiro Aguilar, abogado de Paola Pabón (Carlos Granja, EL UNIVERSO)

En la lista de personas a las que se les requería detener con fines investigativos estaba también el exasambleísta de Alianza PAIS y actual coordinador Jurídico de la denominada Revolución Ciudadana Virgilio Hernández y el esposo de la actual legisladora Gabriela Rivadeneira, Luis Alberto Flores. Tanto Rivadeneira como Flores se mantienen con protección del Gobierno de México en la Embajada en Quito.

Sin embargo, la Fiscalía allanó la casa de Flores, donde incautó una caja fuerte, una libreta de ahorros que detallaría pagos a alguien identificado como “señor presidente”, libretas de notas de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral.

Flores es una de las personas a las que Fiscalía pedía detener con fines investigativos por 24 horas por el delito de rebelión.  Ahora tiene tiene resguardo  en la Embajada de México en Quito, junto a los asambleístas Luis Molina, Soledad Buendía y su esposo; Carlos Viteri y su conyuge,Tania Pauker, exvocal del Consejo de Participación. Y Leonidas Moreno Ordoñez, procurador Síndico de la Prefectura de Pichincha.(I)